De acuerdo con un informe, desde marzo de 2022 y hasta septiembre de este año, al menos 188 personas han muerto bajo custodia del Estado en cárceles salvadoreñas. Aunque escandalosa, el número sería un subregistro porque la cifra es aún más alta.
Bien dijo el presidente Nayib Bukele la semana pasada en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas que “muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre” en El Salvador en el marco de su lucha contra las pandillas, por cuenta de un régimen de excepción que le ha permitido encarcelar a miles de presuntos integrantes de estos grupos que sembraron el terror por varias décadas en el país más pequeño del continente americano.
Su política contra la pandillas le ha valido la aprobación de su pueblo, pues las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban su lucha contra los pandilleros que controlaban los territorios; también los aplausos y elogios de la comunidad internacional, que justamente en la ONU alabaron su discurso; pero también, hay una porción de esa comunidad y del mismo organismo donde expuso el éxito de su gobierno que rechaza con vehemencia la implementación de una política tan radical y que viola los derechos humanos.
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Y es que muchas han sido las denuncias que han recaído en Bukele y su gobierno por detenciones de inocentes, sin orden judicial y por los malos tratos que reciben los más de 72.600 presuntos pandilleros que están en prisión, la más reciente de ellas tiene que ver con el aumento de las tasas de mortalidad de reclusos en prisión, algo que poco se había analizado hasta el momento.
Un informe reciente del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) señala que desde que el gobierno de Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, hasta la primera semana de septiembre de 2023, al menos 188 personas han fallecido mientras estaban bajo custodia del Estado en cárceles salvadoreñas, eso quiere decir que al menos una persona muere cada cuatro días en prisión.
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El SJH sostiene que de esas 188 muertes registradas, el 40% fueron homicidios y el 31% por negligencias médicas por la falta de atención ante enfermedades, infecciones, sangrados, condiciones médicas preexistentes, etc; contrario a lo que han señalado desde el gobierno donde indican que los reos reciben, incluso, un mejor tratamiento médico en la cárcel que en libertad.
Pero el informe revela una cifra aún más alarmante, pues indica que según fuentes en la Fiscalía General de El Salvador, el número de muertes podría ascender a 500, una cifra que difiere significativamente de la reportada por autoridades como Medicina Legal, que solo reporta 73 muertes en el sistema penitenciario durante el mismo período del informe y de acuerdo con Osiris Luna, el jefe de las cárceles salvadoreñas, “todas” esas personas murieron por enfermedades que ya tenían al ser arrestados.
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Una funcionaria de Socorro Jurídico Humanitario le aclaró a Infobae, que los datos del informe corresponden solo a personas que están en fase de investigación desde que inició el régimen de excepción. Es una lista diferente, señala, a la de 400 muertes de personas ya condenadas, un número que sí reconoce el gobierno.
Pese a que las denuncias y las cifras sobre vejámenes en las cárceles salvadoreñas no dejan de aumentar, Bukele sigue recibiendo el reconocimiento de varios sectores por su cuestionada política que le ha servido para cambiar la imagen de El Salvador, que ha pasado de ser la “capital mundial del crimen” a ser “referente de algo positivo”.
