Se cerró el cerco judicial sobra la poderosa vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, la Fiscalía de ese país pidió este lunes una condena de 12 años de cárcel y la inhabilidad política perpetua por presunta responsabilidad en un escándalo de corrupción en 51 licitaciones de multimillonarias obras cuando fue mandataria (2007-2015); eso sí, sus seguidores consideran la decisión como una persecución.
Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada –que se calcula en el posible robo de unos 1.000 millones de dólares–, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Pero, en todo caso, el fiscal Diego Luciani espera tener resuelto este expediente antes de que finalice el año.
No obstante, minutos después de conocido el pedido de condena hecho por Luciani, la Casa Rosada emitió un comunicado de repudio y rechazo a la decisión.
“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quedó expresada este lunes, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, señaló el texto.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, enfatizó el Gobierno liderado por Alberto Fernández.
Kirchner es acusada –junto a otras 12 personas– por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien los fiscales también pidieron 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
En la audiencia en la que se solicitaron estas condenas, instalada por el fiscal Sergio Mola –subordinado de Luciani–, se advirtió que los acusados “trazaron un plan” que buscaba defraudar al Estado mediante “la discrecionalidad en la utilización de los fondos”.
“Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró el fiscal.
La causa abarca también el periodo de gobierno anterior (2003-2007) –cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010–.
En ese contexto, Kirchner pidió una ampliación de su declaración de indagatoria para este martes. Argumentó que hubo una “abierta violación del principio de defensa en juicio, porque (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
A su turno, Gregorio Dalbón –uno de sus abogados– dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su “derecho a una defensa legítima en juicio”, pese a que la etapa indagatoria ya terminó.
“Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del Estado de Derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública”, dijo el abogado.
Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero su pedido fue desestimado.
Alegan que es persecución
Para que la sentencia sea ejecutada tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aun si es condenada, Kirchner seguiría libre y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
Entre tanto, los alegatos de la defensa deben comenzar el próximo 5 de septiembre.
En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la Vicepresidenta, denuncian una persecución.
El domingo más de medio millar de alcaldes firmaron una carta respaldando a Kirchner, a quien consideraron “víctima de una persecución judicial”. También diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales lanzaron comunicados de respaldo.
Hebe de Bonafini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, llamó a movilizaciones.
“No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo”, dijo De Bonafini.
