Desde el lunes en la tarde el presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias. La respuesta del legislativo fue rechazar la medida de Vizcarra –que está amparada en la Constitución– calificarlo como golpista y declararlo con “incapacidad moral” para estar en el Ejecutivo, suspendiéndolo por un año.
Además, la oposición fujimorista terminó juramentando como presidenta en funciones a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Anoche renunció a la vicepresidencia de Perú y a la presidencia interina del país que le encargó el Congreso. Esto, en resumen, es una serie de interpretaciones de la Constitución y de diferencias entre las fuerzas políticas que aún hoy tienen al país a la expectativa.
A simple vista, dos personas decían ser los presidentes de Perú, pero los hechos ocurrieron en un orden: primero el mandatario dejó sin poder al Congreso y luego este, como represalia, votó una medida en su contra y juramentó a una presidenta “en funciones”. Utilizando, además, una figura que está contemplada en la Carta Magna para cuando el Ejecutivo enferma y no puede ejercer.
Ayer martes el resto de instituciones acomodaron sus fichas hacia el bando de Vizcarra. Al amanecer, en una junta con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional, estas instituciones reafirmaron su apoyo a Vizcarra.
Con el poder de facto del lado de Vizcarra, los legisladores rebeldes pasaron a ser “excongresistas”. Unos intentaron ingresar al Parlamento, siendo frenados por la Policía. Otro, como Roberto Vieira, investigado por tráfico de influencias, intentó salir del país, pero fue detenido por Migraciones, ya que al perder su curul también se quedó sin pasaporte diplomático.
Su caso refleja el espectro detrás de este impasse: la crisis que dejó Odebrecht.
Coincidencia en tribunales
Bastan unos nombres para dimensionar el problema. En abril de 2018 el entonces mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo salpicado en las investigaciones de Odebrecht. Entonces, Vizcarra, quien era vicepresidente, ascendió al poder. Con el tiempo comenzaron las disputas de Vizcarra con el legislativo, de mayoría opositora, especialmente del partido Fuerza Popular de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien ahora está presa.
No solo fue Fujimori. Todos los exmandatarios de este siglo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, están salpicados en casos de corrupción. Nada más el fallecido García atentó contra su vida cuando la policía llegó a capturarlo en abril de este año, por presuntamente recibir coimas de Odebrecht.
El Phd en Ciencia Política y profesor de la Universidad Católica de Perú, Arturo Maldonado, afirma que “el gran telón de fondo de este enfrentamiento es Odebrecht” y el “tono de la crisis no bajará aún”. Se trata de un país en el que el Congreso está hablando de un “golpe de Estado”, mientras el Ejecutivo intenta reacomodar el poder.
Los caminos conducen a constructora brasileña. Hoy el fiscal especial para ese caso, José Domingo Pérez, comenzará un interrogatorio de tres días al exejecutivo de la constructora, Jorge Barata, quien prometió revelar 71 nombres de políticos que recibieron coimas de la empresa para la campaña de 2016 y que superan los 461 mil dólares.
Y, justamente, Vizcarra disolvió el legislativo luego de que el Congreso se negara a cambiar la terna para elegir los magistrados del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia que tendrá que decidir sobre la libertad de Keiko y Alberto Fujimori, el futuro de los salpicados por el caso Odebrecht, y hasta determinaría la viabilidad del acuerdo de colaboración entre la justicia y la empresa para resolver casos de corrupción.
El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, José del Toro, agrega que las causas últimas de esta crisis van más allá de la polarización: “pasan por la institucionalidad, la cultura política y la fragmentación del sistema de partidos”.
Hay una serie de hechos al momento del cierre de esta edición: Vizcarra sigue ejerciendo el poder desde la Casa de Gobierno y está convencido de que el Congreso está disuelto; este último comunicó que “sigue en funciones dado el ilegal proceder del jefe de Estado”, la Fuerza Pública está del lado del Ejecutivo y el país espera la resolución de las audiencias por corrupción de la constructora Odebrecht.
