La sorpresiva decisión del alto tribunal se produce en medio de la campaña presidencial entre el presidente y candidato demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump.
Considerada como una “bofetada” para la Casa Blanca, la Corte Suprema de EE. UU. dio vía libre a Texas para detener y expulsar migrantes. El gobierno norteamericano advirtió que la decisión causará “caos” en la frontera con México.
El fallo llega menos de 24 horas después de que un magistrado de ese tribunal extendiera el bloqueo a la llamada ley SB4, que faculta a las fuerzas de seguridad de Texas a arrestar a migrantes en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente.
Pero la autorización podría ser provisional, ya que la batalla judicial proseguirá en tribunales inferiores. La normativa, que convierte en un delito estatal la entrada ilegal en el territorio, prevé penas de hasta 20 años de prisión y autoriza a los jueces la expulsión de migrantes a México.
El estado de Texas está gobernado por el republicano Greg Abbott, un gran admirador de Donald Trump, probable rival del presidente demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre.
El gobierno de Biden se opone firmemente a la ley de Texas, entre otras razones, porque considera que se extralimita en sus prerrogativas.
La política migratoria es competencia del gobierno federal y no de los estados de forma individual, repiten los demócratas desde hace meses.
“Caos y confusión”
“Estamos fundamentalmente en desacuerdo” con la Corte Suprema porque la ley “no sólo hará que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también sobrecargará a las fuerzas del orden y sembrará caos y confusión en nuestra frontera sur”, protestó la Casa Blanca en un comunicado. “Es un ejemplo más de funcionarios republicanos que politizan” la crisis migratoria, añadió.
Por su parte, México fue tajante al criticar la medida: La ley “atenta contra los derechos de los migrantes”, a quienes “criminaliza y discrimina”, se quejó la canciller Alicia Bárcena en la red social X.
Sin embargo, para el fiscal general de Texas, Ken Paxton, la normativa legal permite al estado defender la “soberanía sin entrar en conflicto con la ley federal”.
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