El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha pedido este lunes la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y la posterior ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha afirmado en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los “motivos razonables” para creer que “tienen responsabilidad penal” en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad “cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre”.
Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente al jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar; el jefe del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri, conocido como ‘Abú Deif’; y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniye, por “responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y el Estado de Palestina” desde el 7 de octubre.
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Israel acusada de genocidio
Israel había asegurado ante la Corte Internacional de Justicia que las acusaciones de Sudáfrica, que afirma que la operación militar israelí en Rafah ha intensificado una supuesta campaña de “genocidio” en la Franja de Gaza, están “desconectadas” de la realidad.
“Por cuarta vez, Sudáfrica presenta al tribunal una imagen que está totalmente desconectada de los hechos y las circunstancias”, declaró este viernes ante la CIJ en La Haya el abogado Gilad Noam, que representa al Estado de Israel.
“Está en marcha una guerra trágica, pero no hay genocidio”, aseguró.
Sudáfrica recurrió al máximo tribunal de la ONU para que ordene detener el asalto contra la localidad gazatí de Rafah, considerada por Israel como el bastión de los últimos batallones del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna ese territorio desde 2007.
Israel ha subrayado previamente su “inquebrantable” compromiso con el derecho internacional y ha asegurado que las acusaciones sudafricanas son “completamente infundadas” y “moralmente repugnantes”.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó la ofensiva de Rafah a pesar de la oposición de Estados Unidos, su principal aliado, que teme las consecuencias para más de un millón de desplazados palestinos refugiados en esa ciudad fronteriza del sur de la Franja.
Netanyahu defendió el miércoles la necesidad de acometer esta operación y afirmó que medio millón de civiles ya huyeron de Rafah, lo que evitaría una “catástrofe humanitaria”.
Su ministro de Defensa, Yoav Gallant, aseguró el jueves que “entrarán más tropas” a Rafah y que “la actividad [militar] se va a intensificar”.
“Israel es perfectamente consciente del gran número de civiles concentrados en Rafah. Y es también perfectamente consciente de los esfuerzos de Hamás por utilizar a civiles como escudos”, expuso Noam.
Según él, no ha habido hasta el momento ningún ataque “a gran escala” en Rafah, sino “operaciones específicas y localizadas precedidas de esfuerzos de evacuación y de apoyo a las actividades humanitarias”.
En el tribunal con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, los jueces escucharon el jueves la larga lista de acusaciones de Sudáfrica contra Israel, desde fosas comunes y torturas a la retención debilerada de ayuda humanitaria.
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“Sudáfrica esperaba, la última vez que compareció ante este tribunal, que se frenara este proceso genocida para preservar a Palestina y a su pueblo”, declaró Vusimuzi Madonsela, embajador sudafricano en Países Bajos.
“En lugar de ello, el genocidio de Israel ha continuado y alcanzó una nueva y horrenda fase”, añadió Madonsela.
Sudáfrica reclama al tribunal que emita tres órdenes de emergencia mientras sus jueces analizan en profundidad la acusación de que Israel estaría vulnerando la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948.
Las medidas que pide a Israel son detener “inmediatamente” todas las operaciones militares en Gaza, permitir el acceso de ayuda humanitaria e informar al tribunal de sus progresos en el cumplimiento de estas órdenes.
*Con información de AFP
