En un fallo sin precedentes, la Corte de La Haya, determinó que la ocupación continua de Israel en los Territorios Palestinos es contraria al derecho internacional.
El magistrado Nawaf Salam, presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), afirmó que Israel tiene la obligación de poner fin a esta presencia ilegal de manera inmediata, subrayando la urgencia de restaurar la legalidad y la estabilidad en la región.
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El caso llegó a la CIJ después de que la Asamblea General de la ONU solicitara una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este. El dictamen no es vinculante, pero puede aumentar la presión internacional sobre Israel en medio del prolongado conflicto con el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza.
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, rechazó contundentemente el fallo de la CIJ, calificándolo de “mentira”. En un comunicado, Netanyahu defendió la soberanía de Israel sobre Jerusalén y Cisjordania, argumentando que el pueblo judío no es un ocupante en su propia tierra ni en su capital histórica.
La Autoridad Palestina, por su parte, celebró la decisión del tribunal como “histórica” y urgió a Israel a cumplir con la orden de la CIJ. Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, describió el fallo como un paso crucial hacia la justicia para el pueblo palestino.
El grupo islamista Hamás, que ha estado en el centro del conflicto armado en Gaza, utilizó el fallo de la CIJ para instar a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para poner fin a la ocupación israelí.
Desde la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel ha mantenido el control de Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza y los Altos del Golán, en un contexto de tensiones continuas y disputas territoriales.
Durante las audiencias ante la CIJ, numerosos países y representantes internacionales expresaron su apoyo a la posición palestina, instando al tribunal a abordar de manera integral las violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Sudáfrica, en particular, comparó las políticas israelíes con el apartheid y solicitó medidas contundentes para poner fin a lo que considera una forma extrema de segregación racial.
Por otro lado, Estados Unidos salió en defensa de Israel, argumentando que las preocupaciones de seguridad del país deben ser tenidas en cuenta y que cualquier solución al conflicto debe surgir de negociaciones directas entre las partes involucradas.
Israel, aunque no participó activamente en las audiencias, presentó una declaración escrita criticando las preguntas planteadas por el tribunal como sesgadas y perjudiciales para su posición.
