El Congreso en pleno de Perú aprobó este viernes declarar como persona “non grata” al presidente colombiano Gustavo Petro tras votar un moción en la que principalmente se juzgó la “intromisión” del mandatario en los asuntos interno de ese país. Petro se había referido recientemente a las autoridades peruanas “como nazis que marchan contra su propio pueblo”.
El Legislativo del Perú recordó que desde el 12 de diciembre de 2022 la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso llamó la atención sobre la “inaceptable intromisión” de Petro en asuntos que son de jurisdicción interna, en una clara violación, consideraron, al Derecho Internacional. Sin embargo, a la fecha continúan las declaraciones públicas del mandatario colombiano, quien el pasado viernes aseguró que la Policía Nacional de Perú (PNP) “marcha como nazis” ante el despliegue de las autoridades en el Centro Histórico de Lima por las marchas y manifestaciones en oposición al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Las declaraciones del Jefe de Estado colombiano fueron calificadas como “inaceptables” por el Congreso del Perú, lo que derivó en que la moción fuera aprobada con 11 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones. Para el Congreso, las declaraciones del mandatario constituyen una grave ofensa a la Policía del Perú, “además de constituir una banalización del holocausto en grave perjurio a todo el pueblo judío”. Más allá de ese pronunciamiento, para los congresistas constituyó un agravante que el día de las declaraciones siete policías fueron asesinados en un atentado terrorista.
El Poder Legislativo de Perú consideró pertinente y necesario su pronunciamiento al considerar que vulneran el principio de no intervención que consagra el Derecho Internacional y menoscaba su soberanía como nación.
En ese sentido, instó al Ministerio del Interior y al Ministerio de relaciones Exteriores a realizar las acciones necesarias para que el presidente colombiano no ingrese al Perú.
Tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso para tener poder absoluto en el país, Petro ha sido uno de sus más férreos defensores. De hecho, a finales de enero el Ministerio de Exteriores de Perú remitió una nota diplomática de protesta a Colombia por las declaraciones en las que el Jefe de Estado colombiano criticó una operación de las fuerzas de seguridad peruanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima.
“Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú”, había escrito Petro en su cuenta de Twitter. Por esas declaraciones, la diplomacia peruana consideró que el presidente colombiano habría llevado a cabo un “nuevo acto de injerencia” en temas de política interna.
“Sus actos de injerencia son inconsistentes con la conducta que todo jefe de Estado debe observar en cumplimiento del Derecho Internacional”, ha aseverado el Ministerio de Exteriores peruano, criticando que el mandatario colombiano haya emitido una opinión sobre lo ocurrido en el campus de la Universidad de San Marcos.
Desde Keiko Fujimori hasta la prensa peruano han cuestionado la “intromisión” de Petro en la crisis política y social que vive el país desde diciembre. “La dimensión del embuste es tal que deviene casi ocioso desbaratarlo. ¿Es que acaso es ‘nazi’ ejercer la autoridad que la Constitución le confiere al Gobierno ante partidas vandálicas que bloquean, destruyen e incendian propiedad pública y privada? ¿Qué habría sido lo democrático? ¿Dejarlos arrasar comisarías, aeropuertos, comercios y locales del Ministerio Público o el Poder Judicial? Como es obvio, no”, cuestionó el periódico El Comercio, uno de los principales medios de comunicación de ese país en un contundente editorial.
Las protestas en Perú, que estallaron un día después de que la presidenta asumiera el cargo el pasado 7 de diciembre, han dejado 70 muertos, 48 de ellos fallecieron durante enfrentamientos con la Policía y el Ejército, mientras que un policía fue quemado cuando todavía estaba vivo.
