La Cámara Baja de los estados Unidos aprobó dos enmiendas que obligan a Colombia a responder por la utilización de los recursos de cooperación. Los textos quedaron en manos del Senado.
La primera enmienda, propuesta por el congresista Jim McGovern, da un plazo de 120 días para que las autoridades de los Estados Unidos recopilen la información para evaluar “las acusaciones de que la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos prestada al Gobierno de Colombia fue utilizada con fines de vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia dictada a la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas y la oposición política”.
Esto, de acuerdo a los recientes escándalos de chuzadas y perfilamiento que miembros del Ejército estarían haciendo aprovechando la tecnología aportada por Estados Unidos por el Plan Colombia.
Dicho informe deberá contener un resumen detallado de los hallazgos con respecto a cualquier participación de unidades militares, de policía, de seguridad o de inteligencia colombianas en actividades ilegales vigilancia o recopilación de inteligencia dirigida a sectores de la población civil y no combatientes desde 2002 hasta 2018; cualquier hallazgo con respecto a cualquier vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia alegada o informada por colombianos unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia en 2019 y 2020 y una evaluación del alcance total de tales actividades, incluida la identificación de las unidades involucradas, las cadenas de mando relevantes y la naturaleza y objetivos de dicha vigilancia o recolección de inteligencia.
Debe incluir una descripción de las medidas tomadas por el Gobierno para garantizar que dicho uso indebido de equipos o suministros militares o de inteligencia no se repita en el futuro; entre otros.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, confió en que el Senado le sancionará las chuzadas ilegales.
