La Corte Internacional de Justicia (CIJ) leerá el próximo jueves la decisión sobre uno de los dos litigios que tiene abiertos entre Colombia y Nicaragua por la cuestión del mar, una disputa de largo aliento entre las dos naciones por la que en 2012 nuestro país perdió un pedazo del océano, cercano al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Se trata del caso de incumplimiento, por el que el territorio caribeño demandó al país asegurando que la Casa de Nariño no cumplió la decisión de hace una década que obligaba a cambiar los límites marítimos. Es decir, que pedía replantear el mapa.
A partir de la determinación que se conozca el próximo 21 de abril podrían darse varios escenarios. Primero, que Colombia vuelva a pedirle a Nicaragua una negociación como la que fracasó en 2012 tras la decisión de los togados. Segundo, que se hagan ajustes en el ordenamiento interno para que el cambio de los límites no dependa de un tratado internacional, versión en la que se había excusado el país en estos años para no aplicar los cambios.
O, tercero, que se le pida a Colombia obrar internacionalmente como si ese límite sí se hubiese modificado, a pesar de que no cambie internamente su cartografía.
Lo que está en juego en la CIJ son los derechos de Colombia en el área cercana al archipiélago que ha sido uno de los principales destinos turísticos para los connacionales. Y es que el problema de fondo consiste en que una porción del océano sobre el que el país podría ejercer control terminó sobrepuesto a aguas nicaragüenses, una cuestión que incomoda a los Ortega.
El incumplimiento
Hasta antes de la decisión de 2012 la frontera marítima colombiana terminaba en el meridiano 82, pero el tribunal con sede en La Haya determinó correrla hasta el meridiano 80 en su sentencia de noviembre de 2012. Eso sí, mantuvo la soberanía nacional sobre los islotes que pertenecen a esa zona turística.
Entonces, la queja nicaragüense consiste en que Colombia no cedió a cambiar su mapa y siguió realizando actividades en esa zona como si toda la porción de mar fuese suya: la Armada navega por el lugar, las comunidades raizales pescan y el Gobierno autoriza a empresas robustas a captar animales para venderlos para consumo humano.
A ese caso se le conoce como el del “incumplimiento” y es del que se conocerá la decisión este jueves, a las 3 de la mañana. Para el otro, sobre la delimitación de la plataforma continental extendida, habrá que esperar hasta que la CIJ convoque a audiencias orales, algo que podría darse el próximo semestre, para luego analizar el caso y proceder a una nueva determinación.
Para la Corte, Colombia tiene soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el resto de islas y cayos, pero en el mar dice que el límite termina a 200 millas náuticas de la costa nicaragüense. Eso llevó a que dos cayos que pertenecen al país quedaran encallados: Quitasueño y Serranilla.
La Casa de Nariño no ha cambiado sus límites argumentando que la ley interna lo impide, pues se necesitaría un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso de la República; pero Nicaragua alega que el derecho internacional está por encima de las cuestiones locales.
A esto se suma que el país le pidió a su contraparte conversar y el exmandatario Juan Manuel Santos se reunió con Daniel Ortega en diciembre de 2012. El objetivo de esos diálogos era firmar un tratado conjunto, pero se quedaron sin llegar a acuerdos y la Casa de Nariño argumentó que no podía cambiar los límites sin la existencia de un tratado internacional.
El Estado también replanteó el caso argumentando que no se trata de una cuestión de delimitación, sino de libertades, derechos y deberes en el mar Caribe porque defiende la teoría de que la Armada puede seguir navegando en esta zona por cuestiones de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Precisamente, una de las cuestiones que incomoda al régimen de Ortega es que los uniformados de la bandera amarillo, azul y rojo hagan presencia en la zona, y que los raizales y empresas pesquen allí. Las comunidades isleñas, particularmente, tienen una tradición milenaria en la zona.
La frontera intangible del mar
Los debates entre Colombia y Nicaragua acerca de hasta qué punto llegan los derechos de cada uno en el océano se explican en las porciones de agua que la legislación internacional traza en esta parte del Caribe.
Cuando se acaba la tierra firme hay diferentes áreas en el océano. La primera es el mar territorial, que se refiere al tramo del Caribe que está más cercano a la plataforma continental y para este litigio se entiende que está a 12 millas náuticas. En ese espacio el Estado ejerce soberanía.
Luego le sigue la zona contigua en la que el Estado puede efectuar funciones de control y que también corresponde a 12 millas náuticas.
Después se encuentra la zona económica exclusiva, que es la que se delimitó en el fallo de 2012 y en la que el país al que esta le pertenece puede ejercer derechos económicos como la pesca, realizar investigaciones, intervenciones ambientales y explotar el suelo y subsuelo. En otros términos: buscar petróleo, gas y minerales.
Esta llega hasta las 200 millas náuticas y es el espacio que ya delimitó la CIJ en 2012 corriendo el límite desde el meridiano 82 al 80. Justamente, el punto de la discordia por el incumplimiento de la Casa de Nariño.
Colombia sustenta que la zona económica exclusiva no es el territorio de un Estado por lo que considera que sí puede entrar a esas aguas ejerciendo la libertad de navegación y sobrevuelo que está amparada en el derecho internacional. Sin embargo, su contraparte no quiere que se ejerza actividad alguna en esas aguas.
Así que la lectura que se dará el próximo jueves en La Haya dará nuevas luces sobre las dinámicas que puede, y no puede, efectuar el país en el Caribe y podría obligar a cambiar las dinámicas de las comunidades raizales que se dedican a la pesca.
En todo caso, la determinación que tome la CIJ será recibida por el equipo de defensa de la Cancillería que representa la delegación de Iván Duque, pero quedará en manos de su sucesor aplicarla o determinar qué nueva medida toma al respecto.
Futuro en el Caribe
El equipo jurídico de Colombia no se pronunciará sobre el caso hasta que se conozca el fallo y a la Presidencia de Iván Duque le quedan apenas 112 días, mucho menos de cuatro meses, por lo que los candidatos a la Casa de Nariño ya plantean qué harían para gestionar estos litigios.
Gustavo Petro, del Pacto Histórico, dijo que respetaría la decisión de la CIJ y buscaría recuperar la soberanía en una nueva petición que se sustente defensa de la biosfera y de la pesca común entre los dos países. Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, afirmó que no se adelantará al fallo y consideró que este tema es un asunto relativo a la integridad territorial del Estado.
Sergio Fajardo, de la Centro Esperanza, defendió la tesis que ha sostenido el país en los últimos años frente a este litigio, argumentando que la única forma de modificar los límites es a través de un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso y “no con una decisión de una corte internacional”. Por eso, apuntaría a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional y buscar un acuerdo con la contraparte. Este diario también consultó al candidato Rodolfo Hernández, pero no obtuvo respuesta frente al tema.
El fallo de la CIJ radicado en La Haya podría cambiar las reglas de juego para las comunidades raizales y presionar a Colombia para cumplir la determinación de 2012. La presión podría escalar al punto que Nicaragua lleve el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, un paso que subiría aún más el tono de esta disputa internacional
80
es el nombre del meridiano sobre el que debe delimitarse el nuevo mapa.
10
años tenía Colombia para presentar otro alegato con más pruebas, pero no lo hizo.
