El presidente Daniel Noboa decretó un conflicto armado interno para asumir la lucha contra la criminalidad, que escaló hasta un ataque contra un canal.
La fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de Los Choneros, una de las principales bandas criminales de Ecuador, desató una serie de ataques con explosivos y amenazas contra la fuerza pública y los medios de comunicación, que alcanzó ayer su punto más álgido. Un grupo de hombres se tomó con armas el canal TC Televisión Guayaquil y durante 30 minutos de pánico obligó a su personal a transmitir en vivo el ataque a sus instalaciones.
“No disparen, por favor, no disparen”, gritaba una mujer en medio de detonaciones producidas en el set de televisión. Antes de que se apagaran las luces se observó a los encapuchados empuñar una granada, apuntar con armas a trabajadores y colocar lo que parecía un taco de dinamita en la chaqueta de una persona. Un periodista de TC envió mensajes por WhatsApp a un reportero de la agencia de noticias AFP indicando: “Por favor. Entraron a matarnos. Dios permita que esto no ocurra. Están al aire los delincuentes”.
En una acción de respuesta, la policía de Ecuador contuvo la toma y detuvo a 13 de los presuntos atacantes, sin que se registraran heridos.
Mientras estos hechos sacudían las instalaciones de TC Televisión, en el norte de Guayaquil una estudiante resultó herida en medio de una balacera cuando transitaba en la avenida El Bombero.
Además, en el sur de la ciudad, otros encapuchados arribaron a las inmediaciones del hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde asaltaron y robaron a transeúntes y personal médico. “Les robaron a todos los que estaban al ingreso, gracias a Dios no se llevaron a nadie, estaba la Policía cerca y se fueron”, declaró un galeno.
Hechos de violencia de este calibre obligaron al presidente Daniel Noboa a decretar “un conflicto interno armado” a nivel nacional, que apunta a favorecer medidas para enfrentar el accionar de 22 grupos del crimen organizado transnacional, a los que calificó de “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.
En el Decreto Ejecutivo 111 se dispone “reconocer la existencia de un conflicto interno armado” y lo suma como una causal para el decreto 110 en el que declaró el Estado de Excepción y toque de queda, que ordenó el pasado lunes, tras la fuga el domingo de Fito, quien cumplía una pena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Esta es la segunda ocasión que el jefe criminal escapa de prisión. En 2013, junto con otros presos, logró evadir los controles de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil. Fue recapturado tres meses después.
Las revueltas que sacudieron algunos centros carcelarios también llevó a la fuga, este martes, de Fabricio Colón Pico, alias “Capitán Pico”, de la banda Los Lobos, capturado apenas el pasado viernes y señalado de ser el responsable de las amenazas de muerte contra la fiscal de Ecuador Diana Salazar.
En medio del estado de excepción decretado por 60 días y de un toque de queda de seis horas –entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana–, al menos siete policías fueron secuestrados, tres de ellos en la ciudad de Machala, en El Empalme y en Quito.
Al plagio de policías se sumaron explosiones en Esmeraldas (cerca de la frontera con Colombia), una de las provincias ecuatorianas controladas por mafias. También se registraron explosiones contra una estación policial, frente a la vivienda del presidente de la Corte Nacional de Justicia y dos vehículos incendiados. En ninguno de los hechos hubo muertos o heridos. En Quito también se reportó la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal.
Entre tanto, en cárceles de cinco ciudades hubo 125 guardias penitenciarios y 14 funcionarios administrativos retenidos, señaló el organismo que administra las prisiones (SNAI).
Al tomar las medidas, Noboa dijo que la emergencia permitirá a las Fuerzas Armadas intervenir en el control de las cárceles, donde se reportó la retención de guías penitenciarios.
“No vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverles la paz a los ecuatorianos”, expresó Noboa.
El presidente, que no mencionó la fuga del jefe de la banda de Los Choneros, atribuyó la situación de las cárceles a las acciones de su gobierno para “recuperar el control”.
Con la determinación de combatir el crimen organizado y decretar la existencia de un conflicto armado interno, el presidente ordenó a los militares “neutralizar” a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques.
Noboa, que enfrenta su primera gran crisis desde que asumió el mandato en noviembre pasado, ordenó además a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares (...) para neutralizar” a una veintena de grupos del crimen organizado. En la lista de objetivos figuran Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones.
Noboa, quien encabezó una reunión del Consejo de Seguridad en Quito, alertó que “son días sumamente difíciles”. A su turno, el secretario de Comunicación del gobierno, Roberto Izurieta, aseguró que la decisión es enfrentar “estas amenazas con características terroristas de manera frontal”, según dijo en entrevista con el canal digital Visionarias.
La semana pasada, el gobernante Noboa dijo que construirá dos cárceles de máxima seguridad en las provincias de Pastaza (al este de Ecuador) y Santa Elena (suroeste), al estilo de las instauradas por su homólogo salvadoreño Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas. Sectores de indígenas de la Amazonía llamaron a protestas pacíficas este martes en rechazo a ese proyecto en Pastaza, su territorio biodiverso y petrolero.
Ecuador pasó de ser una isla de paz a un fortín de guerra del narcotráfico. En 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, sin duda récord en una nación con 17 millones de habitantes.
Desde 2021 los choques entre presos han dejado más de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800%, al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.
Izurieta advirtió que “el nivel de infiltraciones” de los grupos delictivos en el Estado “es muy grande” y tildó de “fallido” al violento sistema penitenciario de Ecuador, donde este lunes también se produjeron “incidentes” en cárceles de seis provincias.
Policías y militares ingresaron fuertemente armados a centros penitenciarios de El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Azuay y Pichincha (cuya capital es Quito) para controlar “incidentes” con la “retención” de guardias penitenciarios, sin que haya víctimas según un balance preliminar.
En videos difundidos por las Fuerzas Armadas, se observan reclusos semidesnudos recostados en los patios y con las manos en la cabeza.
En un patio de la Regional, los reclusos habían escrito con piedras pintadas de blanco “PAPA FITO” y “FATALES GTR”, esto último en referencia a otra banda criminal. En una cancha deportiva apareció la leyenda “CON FITO SEMBRAMOS PAZ”.
La crisis de orden público y de seguridad urbana que vive Ecuador tiene origen en un flagelo contra el que aún sigue luchando Colombia: el narcotráfico. Según el profesor Juan Federico Pino, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Ecuador, el país se convirtió en un sitio de tránsito de droga proveniente tanto de Colombia como de Perú con destino al pacífico, lo que dio paso a bandas transnacionales que a su vez subcontrataron a bandas locales para garantizar y cuidar el tránsito en los puertos. Sin embargo, sumado al papel cada vez más preponderante del crimen transnacional, hay que tener en cuenta que en el vecino país hubo un debilitamiento del Estado en materia de seguridad e inteligencia.
“En 2019 se comenzó a desmantelar el aparato de seguridad del Estado y a debilitar el rol de distintos ministerios que se ocupaban de la seguridad, lo cual afectó la capacidad de reacción”, explica Pino en diálogo con este diario.
A ello se suma que los delincuentes le dieron la espalda a procesos de gobernanza y estabilidad a nivel local y regional, por lo que “simplemente se dedicaron a cuidar partes muy específicas para su negocio”.
En ello coincide el profesor Rafael Piñeros Ayala, investigador de relaciones internacionales y agenda internacional contemporánea de la Universidad Externado, quien alertó por un “nuevo auge de violencia” ocasionado por el fortalecimiento de carteles mexicanos, la lucha por el territorio o nuevas formas de actividad criminal como la tala de madera y metales preciosos como el oro.
“La violencia en Ecuador no es nueva, de hecho, se considera uno de los factores por los cuales el expresidente Guillermo Lasso tuvo que llamar a elecciones. La situación en las cárceles es de disputas o retaliaciones que trascienden del ámbito fronterizo y territorial al penitenciario”, señala Piñeros a EL COLOMBIANO.
En medio de la ecuación aparece de forma transversal el tema político. De acuerdo con Manuel Alejandro Rayran, especialista en diplomacia y resolución de conflictos de la Universidad Católica de Lovaina Bélgica, la inestabilidad política obligó a la salida del expresidente Lasso en 2023 al disolver al Parlamento alegando una “grave crisis política y conmoción interna”.
De allí que el hoy presidente Noboa no haya tenido de otra que admitir vía decreto que existe un conflicto armado interno. Con ello, explica a este diario Rayran, el mandatario “le da una priorización económica al tema, lo que le permite un traslado económico de carteras para solventar esta situación”. Por otro lado, ante las inminentes amenazas de seguridad y la necesidad de respuestas a corto plazo, hace “que los espacios políticos de discusión se reduzcan a un corto equipo de trabajo del gobierno para tomar decisiones. Es decir, se recorta el espacio del debate en la opinión pública”.
Además, la declaratoria supone un recorte a las libertades de la ciudadanía, como por ejemplo que “las personas no pueden salir a partir de ciertas horas o no pueden estar en ciertos sitios”.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que al declarar un conflicto interno –dice a su turno el profesor Pinto–, el Estado ecuatoriano “puede utilizar la fuerza militar dentro del país, por lo cual el Ejército puede intervenir en situaciones como los motines de las cárceles. Además, en el marco de derechos humanos comienza a regir el derecho internacional humanitario”.
Por esto, para el investigador Piñeros la declaratoria evidencia “debilidad e incapacidad de encontrar una solución dentro de los cauces de la ley”. No obstante, reconoce que también el presidente se anota un golpe de opinión al “tratar de generar un consenso en la población civil”.
El nivel de zozobra y crisis en materia de orden público aumenta justo cuando el presidente Daniel Noboa completa poco más de mes y medio al frente del Ecuador. Por ello, para el profesor Rayran se trata de su primera prueba de fuego: “El gobierno ganó la Presidencia a través de un discurso de contener estos grupos armados. Noboa trajo unas ideas muy parecidas a (Nayib) Bukele de crear cárceles para contener todos estos grupos. Hay que esperar cuál va a ser la reacción y si puede reducir o mermar la situación”.
