El Gobierno del Perú expidió este fin de semana un decreto que extiende el estado de emergencia desde el 15 de enero y por 30 días, en las regiones de Lima, Cuzco, Puno, el Callao y otras tres provincias y un distrito para intentar controlar las protestas sociales que –desde diciembre– ya dejan 49 personas muertas.
Y es precisamente en esas zonas donde se han reportado las protestas antigubernamentales más duras, por lo que el Ejecutivo de Dina Boluarte, a quien –precisamente– la Fiscalía de Perú procesa por posible genocidio.
“Durante los Estados de Emergencia (...) quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, se lee textualmente en el decreto.
Esta es la medida jurídica más fuerte desde que arrancaron las protestas, en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, quien está preso por intentar golpear la democracia peruana.
Algunas voces piden que haya elecciones este año para frenar la crisis.
