Que un niño de diez años haya hecho las veces de “campanero” mientras que el estadounidense Timothy Alan Livingston abusaba sexualmente de dos niñas de 12 y 13 años en un hotel de El Poblado fue tal vez uno de los detalles más escabrosos del suceso que sacudió a la ciudad en marzo. Aún así, esta escena –inverosímil para muchos– se habría vuelto factor común en los casos de explotación sexual comercial de menores de edad, según el más reciente informe de la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Escnna) de Medellín.
Una de las principales revelaciones que hace el documento es que en algunas ocasiones los victimarios de este delito han utilizado a niños, niñas y adolescentes víctimas para que a su vez induzcan a otros menores en sus redes de explotación infantil a cambio de una “comisión”.
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Según las mismas adolescentes utilizadas para enganchar a otros menores de edad, esto se facilita porque sus víctimas también hacen parte de poblaciones vulnerables o están en situaciones de farmacodependencia, por lo que se aprovechan de ellas y les dan algo de dinero que terminan gastando en comida, ropa y drogas.
El informe también detalla que en este “reclutamiento” los mismos menores de edad reconocen que están siendo instrumentalizados y que lo que hacen vulnera los derechos de sus víctimas y que además les trae afectaciones físicas, mentales y sociales por lo que prefieren coaccionar a otros niños de su edad que anteriormente hayan estado enganchados a estas redes de explotación, pues pueden caer mucho más fácil que menores que no hayan sido vulnerados en el pasado.
El problema no es solo el turista
Según los datos de la Fiscalía, entre 2010 y 2022 se presentaron 3.014 procesos relacionados con explotación sexual y comercial de niños en 13 de las 21 comunas de Medellín (16 urbanas y 5 corregimientos), sobre todo de niñas entre los 12 y los 17 años, lo que representa una tendencia al alza. Sin embargo, cerca del 90% de estas investigaciones apenas se encuentra en etapa de indagación, y tan solo el 5% está en ejecución de penas o en juicio.
En lo que va de 2024 en Medellín se han reportado 64 denuncias por estos casos, siendo la explotación sexual comercial junto a la utilización de medios de difusión para ofrecer actividades de delitos sexuales con menores de edad, proxenetismo con menores de edad y trata de personas los delitos más denunciados. Por estas denuncias hay 20 personas capturadas, y en seis de ellas hay turistas extranjeros involucrados.
Un asunto que llama la atención de los especialistas es la disparidad de datos entre entes judiciales. Por ejemplo, en la base de datos de la Policía Nacional durante el periodo mencionado se reportaron 10.361 casos relacionados con explotación sexual comercial de niños y niñas en Medellín, es decir, más de 7.000 casos de diferencia con los registros de Fiscalía.
Otro de los puntos que tocan los expertos en el informe es si los casos están directamente asociados al boom turístico que vive la ciudad. Según ellos, la explotación sexual infantil no tiene una conexión directa con el turismo porque es una problemática que ha estado a lo largo del tiempo ejercida por victimarios desconocidos, familiares, o miembros de grupos delincuenciales. Así lo señala Jazmín Santa, docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana e integrante del Secretariado Técnico de la Mesa Intersectorial.
“El boom ha señalado al turista, pero realmente la explotación se da con los locales. Si bien, la situación del Lleras ha captado la atención de los medios haciéndonos pensar que ese es el principal problema en Medellín, siempre ha habido alertas sobre la situación en los inquilinatos, donde no llega la fuerza pública, y nada se está haciendo. Además, hay familias que también son explotadoras, hay muchos casos en los que la explotación está relacionada con la venta de material de abuso sexual producido por papá, mamá o cuidadores por medios virtuales”, apuntó Santa.
Sobre el bochornoso aumento de la oferta y demanda de la pornografía con menores de edad, la investigadora Santa explicó que la llegada de las redes sociales ha aumentado el riesgo para los niños y niñas de terminar involucrados en estas redes criminales.
“En Medellín hay mucho desempleo y precariedad, y siento que se ha dejado de proteger a los menores. Esa idea de que ‘plata es plata’ se ha convertido en una opción de vida. La venta del cuerpo y de servicios sexuales está creciendo, y nos estamos posicionando como la capital de las webcams. Nos guste o no, esto facilita ciertas condiciones. Por eso, el desafío es que la calle también sea un entorno protector, ya que parece que la casa no lo es”, añadió.
Caminos a seguir
Frente al accionar de las autoridades, el informe añadió que es crucial que las personas encargadas de atender a la niñez y la adolescencia tengan experiencia y educación en ese contexto.
Así mismo se sugirió un mayor control y acción preventiva en lugares que presentan un mayor riesgo para la inducción o captación de las víctimas como son instituciones educativas, redes sociales, discotecas, gimnasios, terminales de transporte y aeropuertos; o para la perpetración del abuso sexual como son hoteles, apartamentos alquilados a través de plataformas o fincas.
En este último aspecto se hizo énfasis en aplicar las leyes de turismo que obligan hacer registro de los sitios de estancia corta ya que uno de los problemas que tienen estas viviendas es que al no haber una persona en la recepción las 24 horas es más fácil que alguien ingrese con un acompañante sin registrarlo.
Dicha sugerencia también fue considerada por la directora de Cotelco, Sandra Restrepo, quien les recordó a los miembros del gremio hotelero que evitar el ingreso de menores de edad sin autorización de sus padres a un alojamiento es una norma que se debe cumplir. “Permitir esto, incluso sin que ocurra un acto sexual, puede llevar a la expropiación del inmueble”, recordó.
La pandemia visibilizó más
Si bien la oferta y demanda de servicios sexuales existe en Medellín desde hace décadas, en los últimos años tras la pandemia se ha notado un incremento de esta actividad, sobre todo en zonas turísticas como El Poblado.
Según Valeri P. Ramírez, presidenta del Sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales de Antioquia, antes de la pandemia la mayoría de estas personas trabajaba en locales nocturnos. Sin embargo, con el cierre de estos establecimientos tras la aparición del covid, muchas mujeres se vieron obligadas a salir a las calles.
“En algunos locales permiten que trabajemos como anfitrionas o meseras, aunque recibimos muchos nombres diferentes. Nos contratan para que nos vistamos de manera sexy con el objetivo de atraer a los turistas para que consuman. Y así también podemos ofrecer servicios sexuales. Con el cierre de estos establecimientos muchas de nosotras quedamos desempleadas y tuvimos que irnos para la calle”, explicó Ramírez.
También se sumó la migración masiva desde Venezuela, hecho que hizo que muchas personas del vecino país terminaran explotadas en redes criminales de la ciudad.
Esto ha hecho que la oferta de servicios sexuales en espacios como el parque Lleras y en zonas aledañas de El Poblado se haya desbordado y concentrado los focos de las autoridades, aunque, como dijo la docente Jazmín Santa, hay otras zonas de Medellín donde no llega la fuerza pública y todo sigue como si nada.
