En medio de un panorama en el que las cuentas fiscales del Gobierno Nacional se siguen viendo apretadas, el paquete de medidas que planea presentar el Ejecutivo en esta nueva legislatura del Congreso —que comenzó el pasado 20 de julio— será crucial para definir el rumbo de la economía.
La lista va desde las reformas a los servicios públicos, al Código Minero y una nueva tributaria, hasta un plan de reactivación, la modificación de vigencias futuras y la continuación del trámite de la reforma laboral —que quedó aprobada en primer debate—.
“Esta nueva legislatura es realmente importante para el desarrollo económico del país, en un contexto de desaceleración y fragilidad fiscal. Necesitamos que tenga presente tres palabras: consenso, independencia y respeto (...) Si no hay acciones urgentes de reactivación, el crecimiento podrá ser bastante limitado”, opinó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia).
Las reformas
Entre los proyectos de reforma más importantes en los que el Gobierno se encuentra ultimando detalles está la modificación de la Ley de Servicios Públicos.
Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) afirmaron que se vienen adelantando seis ejes temáticos en los que girará la propuesta: justicia tarifaria; universalización en la prestación del servicio; usuario como centro de la regulación; fortalecimiento institucional y gobernanza; focalización de subsidios y participación comunitaria.
Esta reforma se necesitaría, según Alexander López, director del DNP, porque “desde 1990 la infraestructura estatal de los servicios públicos se dispuso para la gestión privada como aporte para su arranque, pero el Estado colombiano terminó asumiendo los riesgos y billonarias deudas que no fueron cumplidas por los privados para garantizar la prestación del servicio”.
Sin embargo, hay voces que no están del todo de acuerdo. Camilo Sánchez, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Públicos (Andesco) ha recalcado en varias ocasiones que están listos para el mejoramiento de las leyes actuales que rigen al sector, pero “sin destruir lo que existe. Los servicios públicos necesitan tecnología, pero no un cambio desde cero”.
Otro de los sectores que se pretende reformar es el minero, lo cual se hará a través de modificaciones al código minero que tiene el país desde el 2001, buscando cambiar las condiciones bajo las que se hace minería en el territorio.
Esto, puesto que según el presidente Gustavo Petro la actual normativa privilegia “la minería a cielo abierto” y el pequeño minero “ha quedado atado a las mafias armadas”.
De esta manera, desde febrero el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer el borrador del proyecto en el que hay varios artículos que han generado debate, como la prohibición de nuevos contratos de exploración y explotación de carbón térmico en el país, el rol del Estado en los minerales estratégicos y la falta de incentivos para inversión privada.
Por otro lado, en la lista también está la radicación de una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, la cual se espera que aterrice en el Congreso en los próximos meses y cuyo objetivo será difícil: generar más recursos para una Nación ávida de ingresos, pero sin asfixiar al sector productivo.
Entre las medidas que se propondrán se destacan una serie de estímulos tributarios, como reducir de manera gradual la tarifa nominal de renta que pagan hoy en día las empresas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que este proyecto está siendo discutido con todos los actores, especialmente del sector privado.
Esta nueva reforma se presentaría después de radicado el Presupuesto General de la Nación el próximo 29 de julio, pero todavía no hay certeza de qué nuevos impuestos traería. Cabe recordar que esta sería la segunda tributaria del Gobierno, pues a finales del 2022 se aprobó una liderada por el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y que logró recaudar $20 billones, la meta más ambiciosa de la historia. El problema, según Bonilla, es que dichos recursos se los ‘comió’ el déficit del subsidio a los combustibles.
Como última puntada en materia de reformas, la laboral está en espera de ser agendada en la plenaria de la célula legislativa para continuar con su trámite, pues ya fue aprobada en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara.
El plan de reactivación
Desde hace meses, diferentes sectores productivos del país han venido enfatizando en la necesidad de poner en marcha un plan que permita la reactivación de la economía.
Como respuesta, el Gobierno se comprometió a presentar una serie de proyectos en esta nueva legislatura del Congreso. De acuerdo con el ministro Bonilla, se trata de un paquete de estímulos que estarían enfocados en reactivar la dinámica económica sin perder la consolidación del balance fiscal y “honrando la deuda heredada, la cual pasó de 48% a 61% del PIB entre 2019 y 2020, lo que representa más de $200 billones”.
En línea con esto, hace unas semanas se socializó con empresarios el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, bajo el cual se impulsará la reactivación en las regiones y que estaría financiado principalmente por recursos del Sistema General de Regalías que no se han ejecutado, los cuales suman $16,8 billones.
Como parte de este paquete de medidas, el Gobierno también está pensado en hacerle cambios al instrumento de las vigencias futuras para destinar el dinero que ya estaba comprometido, principalmente para obras de infraestructura, en otras iniciativas públicas.
