A un día de que terminen las sesiones extraordinarias en el Congreso, la reforma a la salud fue aprobada en un 38 %, luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes votó “sí” a 24 de los 62 artículos que la componen. El resto del proyecto deberá ser debatido y discutido en febrero de 2025, cuando se reanude el periodo legislativo. El Gobierno de Gustavo Petro celebra este avance.
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Sin embargo, esto no ha estado excento de controversia. En las primeras horas del miércoles, se conoció un concepto de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso que pone aún más bemoles en su legitimidad. Le contamos qué se ha aprobado, qué cambios propone para el sistema de salud y quiénes la han votado.
¿Qué cambiará con la reforma a la salud?
Enumerar los cambios que propone la reforma al sistema de salud requeriría de un decálogo de varias páginas. Pero le presentamos los tres puntos principales que debe tener en cuenta sobre cómo podría cambiar la atención que recibe cuando vaya al médico.
En primer lugar, la base de la atención en salud se harán con referencia en el territorio donde estén ubicados los ciudadanos. Es decir, que el barrio, la comuna o localidad, la ciudad y el departamento donde residan determinarán cómo y cuáles serán los servicios a los que puede acceder.
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En ese sentido, cada persona tendrá que inscribirse en el Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) más cercano a su lugar de residencia. Estos CAPS serán como centros de salud adonde los usuarios vayan cuando necesiten ir al médico, bien sea por voluntad propia (a hacerse un chequeo) o por demanda inducida (luego de una visita de un Equipo Básico de Salud Territorial). Estos últimos son brigadas de salud compuestas por médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales que van a las casas (sobre todo en zonas rurales, apartadas o en condición de pobreza) para evaluar su estado de salud y sugerirles acudir a los CAPS para revisar las dolencias que identifiquen. Por otro lado, todo lo anterior mudará la forma en la que se piden las citas médicas, pues estas tendrían que ser solicitadas en los CAPS; entre tanto, las entidades promotoras de salud (EPS) como las conocemos actualmente desaparecerían para convertirse en entidades gestoras de salud y vida (EGSV), que serán la encargadas de coordinar la red de prestadores de salud (hospitales y clínicas) de mediana y alta complejidad y las remisiones de pacientes que hagan los CAPS, así como de hacer auditorías médicas, es decir, revisar que las cuentas que le cobren al Estado correspondan a los servicios prestados. En consecuencia con lo anterior, la reforma establece que los hospitales y las clínicas que reciban atenciones de mediana complejidad (cirugías simples, exámenes y consultas con especialistas) y alta complejidad (que requieren mayor tecnología y especialización médica y supraespecialistas como cardiología o reumatología) se harán mediante las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud (RIITS), que serán ordenadas por las secretarías de Salud municipales, departamentales o distritales.
Esto se traduce en que después de que el paciente sea visto por un médico general en el CAPS, puede ser remitido a un prestador de las RIITS para que lo atiendan en un sitio de mayor nivel, según la orden médica. En esa remisión del CAPS a las RIITS mediará la EGSV, quien tendrá a su cargo el proceso de mandar al ciudadano a un especialista de más nivel o menor nivel. En tercer lugar, se acabará la afiliación a las EPS a nivel nacional y se pasaría a la afiliación por departamentos. El numeral cuatro del artículo 30 de la ponencia de segundo debate de la reforma expresa que las EPS se transformarán en EGSV y se organizarán “por territorios para la gestión en salud, reconociendo su experiencia en los sitios en donde históricamente han gestionado el riesgo en salud”. Por ejemplo, Sura prestaría sus oficios solo para Antioquia, de manera que alguien que viva en otro departamento no podría vincularse a esa gestora.
Bancada paisa, en su mayoría en contra
En medio de las accidentadas sesiones extraordinarias para discutir la reforma la bancada antioqueña ha sido determinante, bien sea para oponerse a la iniciativa o para darle un respaldo irrestricto.
EL COLOMBIANO indagó por la postura de los 18 representantes paisas de los diferentes partidos que conforman la bancada antioqueña para conocer su postura y las observaciones frente al proyecto. Los bandos están decantados y la mayoría –11 de 18– está en contra de la iniciativa.
Por un lado, aparece un gran bloque de oposición que sigue tomando distancia del proyecto y que de forma vehemente y frontal alerta por sus eventuales riesgos. Allí aparecen los representantes Hernán Cadavid, Yulieth Sánchez, Juan Fernando Espinal, Jhon Jairo Berrío y Óscar Darío Pérez –todos del Centro Democrático–, a quienes se suma Mauricio Parodi, de Cambio Radical. “Lo que está esperando la sociedad es cómo se financia el sistema de salud y lo que estamos encontrando es que están diseñando una amplísima gobernanza cuando no hay fuentes de financiación estables del sistema”, reclamó Cadavid. “Cambiar el sistema actual por este proyecto es definitivamente un absurdo. Este proyecto acaba con el derecho individual a elegir”, alegó a su turno Óscar Darío Pérez.
Al grupo opositor se suman dos congresistas de la bancada del Partido Liberal: Julián Peinado Ramírez y Luis Carlos Ochoa Tobón. El primero de ellos le aseguró a EL COLOMBIANO que la reforma, lejos de ofrecer soluciones reales, “podría desencadenar un problema sanitario enorme en el país. Ya vemos hospitales que no van a dar atención precisamente porque no reciben los pagos directos. Sin un régimen de transición adecuado es altamente inconveniente continuar con esta discusión”.
En el mismo sentido, el representante Ochoa advirtió que la reforma requiere más consenso e involucrar a más actores para poder acordar un texto que acoja diferentes observaciones y sugerencias. “No se pueden discutir en sesiones extras una reforma tan importante y trascendental”, manifestó a este diario. A los detractores del proyecto se suman además congresistas del Partido Conservador, en cabeza de Luis Miguel López Aristizábal y Andrés Felipe Jiménez. El primero de ellos prendió las alertas por la crisis hospitalaria en Antioquia, advirtiendo que hay “hospitales sin pagos, personal sin salarios y pacientes sin atención adecuada. Hay que atender la crisis antes de pensar en reformar drásticamente el sistema”, señaló.
Por su parte, Jiménez alegó que la iniciativa no responde de manera efectiva a las necesidades de los colombianos y plantea serios riesgos para la sostenibilidad del sistema. Por ello, celebró que la discusión se posponga hasta 2025 y se establezcan mesas de concertación que permitan alcanzar acuerdos.
“La centralización del sistema de salud, con la ADRES actuando como pagador único, podría poner en peligro el acceso a los servicios para millones de ciudadanos. Además, la reforma no define los roles y responsabilidades de las nuevas gestoras de salud, lo que genera incertidumbre sobre la representación de los pacientes y la gestión del riesgo financiero”, manifestó el congresista a EL COLOMBIANO.
Inclusive, al ramillete de opositores adhiere el representante Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno, quien insistió en que, aunque el Gobierno había prometido que en este nuevo texto se iban a recoger las preocupaciones de pacientes, sociedades médicas y expertos, continúan “con los pésimos errores” del pasado y los profundizan aún más. “Se destruye el sistema existente, no resuelve los problemas estructurales, carece de una transición clara, no cuenta con análisis de impacto fiscal y fomenta la burocracia fragmentando las responsabilidades sobre el paciente”, explicó Carvalho a este diario.
Por otro lado, aparece un bloque de siete congresistas que respaldan el proyecto de forma irrestricta. Si bien en ese grupo aparecen congresistas del Pacto Histórico como David Alejandro Toro, Susana Gómez y Pedro Baracutao García (Comunes), también figura la representante María Eugenia Lopera, del Partido Liberal. La congresista –quien es cercana al grupo político del exsenador y excandidato a la Gobernación Julián Bedoya–, fue nada menos que la coordinadora de la ponencia positiva que finalmente fue avalada y que contó con el respaldo del Gobierno. La representante, oriunda del municipio de Entrerríos, se hizo célebre en abril de 2023 cuando salvó con su voto la ponencia de la controvertida reforma a la salud que a la postre se hundió. Ello puso de presente su afinidad con el Gobierno.
A Lopera se suma el representante Daniel Restrepo Carmona que, si bien hace parte del Partido Conservador –hoy declarado en independencia–, estaría respaldando el proyecto. Lo anterior, dada la afinidad de su jefe político al Gobierno Petro: se trata del controvertido senador Carlos Andrés Trujillo, quien fue clave para que en un primer momento los conservadores adhirieran al Ejecutivo.
Finalmente, a favor de la reforma se cuentan también los representantes Elkin Rodolfo Ospina y Juan Camilo Londoño, ambos de la Alianza Verde, colectividad que sigue declarada como partido de la coalición de Gobierno de Gustavo Petro.
¿Puede caerse en la corte constitucional?
Este miércoles se conoció un concepto de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República que sugiere que la reforma a la salud debía tramitarse como una reforma de ley estatutaria y no como una reforma de ley ordinaria (así se está debatiendo actualmente).
Sobre esto, vale la pena aclarar que una ley estatutaria requiere para su aprobación mayoría absoluta (mayor cantidad de votos de los integrantes) en el Congreso, mientras que una ordinaria necesita mayoría simple (mayor cantidad de votos de los asistentes); así mismo, que una estatutaria se usa para reformar derechos fundamentales, como la vida, la libertad o la salud. “Obliga el carácter de ley estatutaria, en la medida que regula de forma integral, estructural y completa la prestación del derecho fundamental a la salud en todas las personas”, señala el concepto de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a esto y dijo desde su cuenta de X (Twitter) que “la Ley 100 ha sido desde 1993 una ley ordinaria y nosotros estamos” reformándola y que “la Ley Estatutaria de Salud seguirá vigente, pues no es nuestro interés reformarla”. No obstante, el mandatario olvida que cuando se aprobó la Ley 100 la salud no era considerada un derecho fundamental, pues la Corte Constitucional lo declaró como tal en 2008.
Si bien el concepto de la Unidad del Congreso no es vinculante, según explicó el investigador del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, será usado como elemento de estudio de la Corte Constitucional en caso de que la reforma sea aprobada. “Así se sienta un antecedente que puede ser evaluado”, añadió.
62
artículos son los que componen la ponencia para segundo debate de la reforma a la salud.
