El reciente informe de Transparencia Internacional indica que, en materia de corrupción, el país se encuentra en el puesto 70 entre 180 naciones, y en América Latina ocupa el 13, siendo las gobernaciones y alcaldías las menos transparentes.
Para ser servidor público se debe contar con una vocación de servicio a toda prueba en favor de la comunidad, entregar todos sus conocimientos y capacidades con esmero y dedicación en el desempeño de las funciones que le competen y actuar de manera eficiente y bajo estrictos principios éticos. Pero ser empleado público en un país como Colombia, exige además una fortaleza moral y un temple del carácter excepcionales, que le permitan resistir las presiones de una sociedad infestada por la doble moral, la componenda y la violencia.
Tristemente es común que estos servidores pierdan su objetividad cuando se ven asediados por el ofrecimiento de prebendas y gabelas o la amenaza para su integridad o su empleo, por parte de superiores o de particulares igualmente corruptos e interesados en ejecuciones inapropiadas del presupuesto o en la adjudicación dolosa de contratos estatales.
Además es bien sabido que a las altas investiduras del poder llegan muy a menudo funcionarios con afanes muy distintos a los de servir a sus comunidades, ya que aprovechan su cuartico de hora para enriquecerse y favorecer con cargos o contratos a amigos o patrocinadores de su campaña a costa del erario público.
Nuestra sociedad históricamente ha tenido un mal concepto de los empleados públicos y de las entidades del Estado y ha denotado un desinterés por los asuntos públicos, lo que a su vez ha contribuido a la ineficiencia, falta de eficacia y de transparencia de los órganos del Estado. Pero es que no se explica el ciudadano cómo es que todos los presidentes, gobernadores, alcaldes y demás gobernantes llegan a sus cargos prometiendo atacar y acabar la corrupción y no obstante utilizan las mismas prácticas y artimañas para designar colaboradores y para disponer del presupuesto.
En aras de superar la penosa calificación de 3,8 sobre diez en transparencia, obtenida por nuestro país, sería conducente que en las entidades públicas se decidieran a ejercer todas sus funciones con sujeción a un Código de Buen Gobierno y de ética, elaborado colectiva y concertadamente entre todos los actores de la organización, contratistas, proveedores, veedurías, etc., con el objetivo común de trabajar de manera íntegra, coordinada, abierta, con responsabilidad social y en pro de una cultura del servicio en la que el ciudadano sea el centro de toda la actividad.
La nueva concepción del Estado Social de Derecho crea el Control Social como parte de la modernización estatal, lo que exige tener la voluntad política para incentivar y propiciar Códigos de Buen Gobierno a través de los cuales se garantice la efectiva participación de la sociedad en todos los asuntos públicos y administrativos y se asegure el cumplimiento de sus preceptos y directrices mediante mecanismos de supervisión, seguimiento, evaluación y control que permitan evitar desviaciones de poder.
Los ciudadanos retoman la credibilidad y confianza en la institucionalidad, cuando observan que la función pública es ejercida con probidad, pero, cuando la administración pública actúa a espaldas de la comunidad, de los principios, valores y normatividad vigentes, pide que se apliquen las sanciones fiscales, disciplinarias o penales a sus funcionarios, quienes además deberán soportar con sus allegados el triste espectáculo del escarnio público.
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