El homicidio de Guillermo Cano Isaza, director del periódico El Espectador , fue declarado de lesa humanidad por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, lo que impide que prescriba la acción judicial contra los responsables del asesinato.
La decisión del fiscal Nelson Casas radica en que el asesinato de Cano, perpetrado el 17 de diciembre de 1986, "hizo parte de un plan urdido por el desarticulado cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, abatido por las autoridades colombianas en 1993".
En octubre de 1995, nueve años después del asesinato, se profirió un fallo en donde María Ofelia Saldarriaga, Pablo Enrique Zamora, Carlos Martínez Hernández y Luis Carlos Molina Yepes, fueron hallados responsables de conspiración y recibieron una condena de 16 años y 8 meses de cárcel.
Sin embargo, en otra sentencia del 30 de julio de 1996, el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo absolviéndolos de todos los cargos, a excepción de Molina Yepes, quien fue el único condenado por el delito de homicidio agravado.
No obstante, Molina siempre alegó su inocencia. Recuperó su libertad en 2003. Por beneficios jurídicos, Molina Yepes obtuvo una importante rebaja de su pena por buen comportamiento y trabajo dentro del penal de Máxima Seguridad de Itagüí. Pagó seis años de prisión.
Un crimen que no prescribe
Marisol Cano, sobrina del periodista y directora de la Fundación Guillermo Cano, consideró que la decisión del fiscal es un "alivio" y una nueva oportunidad para abrir un debate nacional en la búsqueda de intereses ocultos tras el homicidio.
La señora Cano aseguró que esto es un "llamado de atención" para que la investigación se haga a profundidad.
"Esta es una importante oportunidad para volver a una investigación que quedó truncada y que nunca fue al fondo de todas esas redes que estuvieron involucradas. Es importante porque es un crimen que no va a prescribir", señaló.
"Hay que volver sobre el tema, es una oportunidad de conocer qué se movió en ese momento, cómo se movió, quién lo movió y lo que eso implicó para la sociedad colombiana", agregó Cano.
Por su parte, el presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Ignacio Gómez, consideró la declaratoria como positiva.
Las denuncias en contra de los narcotraficantes no sólo cobró la vida de Cano. El 16 de julio de 1986 fue asesinado Roberto Camacho Prada, corresponsal de El Espectador en Leticia, Amazonas.
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