La Fiscalía no se explica por qué los acuerdos de colaboración judicial entre Colombia y Estados Unidos no se están aplicando para el caso contra la multinacional bananera Chiquita Brands.
Desde hace seis meses el Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, le está rogando a la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de ese país para que le consiga los nombres completos, las fechas de nacimiento y los números de seguridad social de 22 funcionarios de alto nivel que trabajaron en Chiquita entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2004.
Ni una sola respuesta.
"A través de la oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía se ha reiterado en dos oportunidades a la Secretaría de Estado pidiéndole que nos respondan esa asistencia judicial. No sé qué pueda estar sucediendo con las directivas americanas pero uno aspiraría a que esto tuviera una respuesta inmediata", explica Darío Garzón Garzón, el fiscal que está investigando el caso.
Algunos más suspicaces consideran que algo tendría que ver el hecho de que el actual Fiscal General de E.U., Eric Holder, es el mismo abogado que representó a Chiquita en el proceso penal ante el Tribunal del Distrito de Columbia y que se resolvió con una negociación en la que la empresa debió desembolsar 25 millones de dólares como multa a cambio de un acuerdo de confidencialidad.
Este pacto ha sido la principal talanquera para que el único proceso penal que se adelanta contra Chiquita no haya avanzado mucho.
Que expliquen los pagos
De la información que E.U. no ha entregado depende si la Fiscalía cita a estos funcionarios a indagatoria, les libra orden de captura o los solicita en extradición para escuchar sus explicaciones.
Luego se les resolvería su situación jurídica (si se les dicta o no medida de aseguramiento) junto con los 12 funcionarios colombianos que ya están vinculados a la causa.
"Ya las directivas de Colombia están indagadas pero ellos lo que dicen es que cumplían directrices de Cincinnati, es decir, que presupuestalmente ellos no podían hacer nada diferente de lo que les dijeran desde Cincinnati", explica Garzón.
Por eso "necesitamos oír a las directivas de allá para ver por qué tomaron la decisión de darle la orden a las de Colombia para que pagaran, si es que llegaron a algún acuerdo previo con las Auc", aclara el fiscal.
Los vinculados
Hasta el momento los únicos vinculados al proceso contra Chiquita Brands son 12 directivos de las filiales locales Banadex y Banacol, entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, Álvaro Acevedo, Víctor Buitrago, Jorge Cadavid Marín, Víctor Manuel Henríquez, Javier Ochoa Velásquez, Juan Diego Trujillo Botero.
En la mira de la Fiscalía están los directivos estadounidenses y en la mira de las víctimas algunos militares, empresarios y el mismo Presidente de la República.
Esta semana el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que representa a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como parte civil en este proceso, solicitará que sean vinculados Álvaro Uribe Vélez y el general (r) Rito Alejo del Rio, pues eran las máximas autoridades en Urabá para la época en que Chiquita realizó los pagos a las Auc.
"Este era un plan integral que buscaba supuestamente la pacificación de Urabá y de allí tienen que desprenderse responsabilidades civiles y penales de las principales autoridades en esa época", comenta el Colectivo.
Entre tanto, la Corporación Jurídica Libertad, que representa a un particular que se constituyó también como parte civil, solicitará que sean vinculados empresarios antioqueños como Juan Felipe Gaviria, Guillermo Gaviria Echeverry, Nicolás Echavarría Mesa, Sergio Restrepo Londoño y Luis Fernando Arango; todos miembros en algún momento de junta directiva de Uniban.
NOTA ACTUALIZADA - Enero/2024: La investigación que estaba en cabeza de Juan Diego Trujillo Botero, por concierto para delinquir agravado, favorecimiento y enriquecimiento ilícito a favor de terceros, precluyó. Se hace la presente actualización por solicitud del señor JUAN DIEGO TRUJILLO BOTERO.
