Las grabaciones y denuncias sobre el presunto cobro de comisiones, que produjeron la salida del director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y de otros cuatro funcionarios del Ministerio de Transporte, ponen sobre el tapete un delicado problema de transparencia institucional que deberá resolverse con presteza y sancionarse con severidad, para preservar las bondades de un mecanismo muy útil para desarrollar los ambiciosos proyectos de infraestructura que necesita el país con urgencia.
Las irregularidades reveladas por el Gobierno, con petición a la Fiscalía y a la Procuraduría para que sean investigadas, no pueden dar al traste con el proyecto de construcción del Corredor Central Ferroviario para comunicar la región Caribe, con una inversión de 600 millones de dólares. De momento, fue suspendida y será revisada la licitación que iba a ser adjudicada antes de terminar el año.
El presunto cobro de comisiones pone un manto de duda sobre este proyecto de concesión, y podría significar un duro revés a las obras de infraestructura que el país requiere para ganar en competitividad y para generar empleo, las cuales deberán ejecutarse, no solo con total transparencia, sino con prontitud.
Ambas condiciones parecen ser incompatibles con lo que viene sucediendo en el Instituto Nacional de Concesiones y en el Ministerio de Transporte. Por circunstancias diversas, desde la creación del Inco hace seis años, en la dirección han estado ocho funcionarios. El Instituto Nacional de Vías (Invías) ha contado con siete directores, durante el tiempo en que Andrés Uriel Gallego ha estado al frente del Ministerio de Transporte. ¿Al margen de los escándalos y retrasos, le cabrá alguna responsabilidad política al titular de esta cartera ante esta inestabilidad que registran sus dependencias y que constituye un palo en la rueda del desarrollo del país?
Entre las licitaciones para concesiones están pendientes la Ruta del Sol, la Autopista de las Américas, la doble Calzada Bogotá-Villavicencio y las Autopistas de la Montaña. Un documento Conpes asegura 9 billones de pesos para estas megaobras, que necesitan ante todo una buena gerencia pública, con la inclusión de la meritocracia y la introducción de mecanismos de blindaje contra la corrupción.
Según el Índice de Transparencia Nacional, que identifica las buenas prácticas institucionales y señala los riesgos de corrupción de los entes gubernamentales, en 2008 el Inco fue una de las instituciones que se rajó en las calificaciones del sector transporte, con 57 puntos (riesgo alto de corrupción). O sea, ya había alarmas encendidas.
Concesiones, contratos y comisiones no deben hacer parte de una misma sumatoria, pues el único resultado posible es corrupción, un mal endémico que el Presidente Uribe ha combatido por cuenta propia y con ahínco, teniendo como norma informar a las autoridades competentes y a la opinión pública sobre cualquier caso que se presente en el propio Gobierno.
Hay que preservar la transparencia en la contratación pública, pues no puede quedar entre los colombianos la sensación, que ojalá con las investigaciones y sanciones ejemplarizantes en el caso de estas denuncias sea erradicada, de que algunos contratos solo arrancan cuando se arreglan las comisiones, como en determinadas ocasiones suele expresarse con maledicencia, en forma soterrada.
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