Hace casi 10 años, cuando el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, les dio un espaldarazo a los afectados por el conflicto armado y promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Yolanda Perea ya había pasado por todas la fatalidad que, a la fuerza, le impuso el fusil de los hombres que lo cargaban.
Fue violentada sexualmente por las Farc cuando tenía 11 años, la misma guerrilla asesinó a su madre por reclamar el agravio cometido a su hija en una noche en la que la matrona no estaba en su casa y, después, tuvo que dejar su pequeña patria, Riosucio, Chocó, para no terminar con balas de los ilegales.
Ese 10 de junio de 2011, cuando empezó a regir la Ley de Víctimas, Yolanda sintió que se le abría una puerta a la esperanza para que este país, a veces tan olvidadizo con los que lo han perdido todo, pero también tan benévolo con los que han hecho daño, por fin le reconociera parte de lo que perdió en esos años en los que la guerra arreció en su tierra.
“No es que nos dieran una reparación, porque nada repara el daño que nos hicieron; es que nos entregaran una indemnización para empezar de nuevo”, dice Yolanda con su sonrisa ancha, y su pelo trenzado de amarillo, azul y rojo.
"Es inaudito que la reparación haya llegado a tan pocas personas. Es necesario que se prorrogue la Ley para que se puedan indemnizar a quienes hoy están siendo afectados por el conflicto armado" Yolanda Perea
Yolanda gesticula. Se ríe. Sus manos negras y regordetas tejen en el aire hilos invisibles que la trasladan a su tierra. Recuerda sus juegos en el río, las competencias entre los árboles con sus primos, la mirada tierna de su abuelo, hasta que el dolor aparece. Con su acento chocoano trata de juntar a pedazos los recuerdos trágicos de su historia y no puede contener las lágrimas.
“Esa ley debería servir para ayudar a las víctimas”, enfatiza una y otra vez, por eso pide que se prorrogue, porque aún hay muchos colombianos que, como ella, llevan en el alma, en la memoria y en la piel, las marcas de una guerra que jamás quisieron vivir.
Próxima a vencerse
Al momento de construirse la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se consideró que 10 años de vigencia sería suficientes para “indemnizar” a los afectados por el conflicto armado. Sin embargo, en los territorios alejados de Colombia (y en los cercanos), esos donde los campesinos dicen que son tan fértiles que si una persona se queda quieta de los pies salen raíces, el conflicto “sembró” el terror y “cosechó” más víctimas. Hoy, en los documentos de la Unidad de Víctimas hay registradas más de 8.801.664, de estas, 7.016.000 son sujeto de reparación y asistencia.
No obstante, a la fecha “la medida de indemnización ha sido recibida aproximadamente por el 12 % de los afectados por el conflicto armado que tendrían derecho, lo que representa una brecha significativa a pocos años de finalizar la vigencia de la Ley”, reconoce el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque.
Lo que más preocupa es que con la herida del conflicto aún abierta, siguen llegando más víctimas y otras no han recibido su indemnización, pese a que a diciembre de 2018, el Gobierno había entregado 962.815 compensaciones económicas, según la Unidad.
Por ejemplo, a finales de noviembre pasado, había más de 56.000 afectados nuevos registrados. Entre el 1 de enero de 2018 y noviembre de ese mismo año, hubo 67 desplazamientos masivos según la Unidad de Víctimas.
Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, explicó hace unos días a EL COLOMBIANO que está revisando “cada uno de los componentes que nos hace falta para atender a las víctimas y también haciendo un presupuesto para lo que se viene”. Entre sus cuentas está que la reparación podría costar 40 billones de pesos, para 2019 hay garantizados $600 mil millones y a este ritmo se tardaría 66 años en producirse la reparación.
Con estos retos, y con una ley vigente para solo dos años más, las víctimas y las organizaciones que las representan han comenzado a palidecer. Sienten que no habrá tiempo, y muchas de ellas, como Mari Elena Luna, han empezado a desfallecer por la espera de una ayuda. Por eso piden, una y otra vez, que la ley se prorrogue para tener, al menos, una resignificación digna de lo que son: víctimas del conflicto armado.
No pierden la esperanza
Mari Elena Luna es una indígena del cabildo Quillacingas-Pasto. Una tarde, con la angustia apretujándole el corazón, decidió dejar Nariño y venir a Medellín a buscar una oportunidad negada por los grupos ilegales en su tierra.
Este grupo venía sacando de sus parcelas a todos los que le “olieran a guerrilla”, con la sentencia de que si no se iban se morían. Esa tarde llegaron hasta donde su vecina, y Mari, de piel blanca y clara como su apellido, decidió que no podía esperar más y tuvo que irse.
Les habló a sus hijos, les dijo que pronto volverían y con su esposo salieron en un bus “a la tierra prometida”. Sin embargo, al llegar a Medellín descubrieron que no había tal promesa de abundancia y que la ciudad amable les daba la espalda a su sufrimiento.
"Pido una ayuda para salir adelante, para sacar mi proyecto. Puedo generar trabajo para otros, que mi historia sirva de ejemplo para mostrar que sí se puede. Estoy en un proceso en el que yo quiero surgir" Marielena Luna
“Fueron días duros. Vivíamos en un sótano y yo vendía empanadas casa por casa con mis hijos. Después de mucho esfuerzo logré conseguir una maquinita y aprendí a coser y a vender bolsitos y billeteras. Con eso me iba sosteniendo”, recuerda Mari sentada en su taller encumbrado en uno de los barrios de esta ciudad en la que se abrió paso poco a poco.
Hoy Mari y su esposo fabrican bolsos, morrales y billeteras en cuero, y con eso tratan de sobrevivir. Con lo poco que le queda intenta pagar la universidad de su hija estudiante de Bioingeniería, quien, a falta de un año para graduarse, está a punto de desistir porque “necesita ayudar económicamente en la casa”.
“Yo le digo que no lo haga, que ese es nuestro proyecto. Que si hay días en los que para darle los 12 mil pesos que necesita para ir a la universidad no cenamos, pues no lo hacemos”, cuenta Mari.
Ella sigue a la espera de la indemnización. Ha recibido algunas ayudas desde el Gobierno pero, asegura, necesita un impulso para “sacar su emprendimiento adelante”, y con él a su familia. Mari está inscrita en el Registro Único de Víctimas, pero desde hace dos años no recibe un auxilio y tampoco llega la reparación.
El dolor de Mari Luna es semejante o igual al que padece Luz Elena Galeano:_el de víctimas. Esta habitante de la comuna 13 de Medellín tocó una vez las puertas del Gobierno para reclamar por su esposo Luis Javier Laverde, desaparecido en 2008 cuando se dirigía en un bus a su casa. “Me dijo que lo esperara en la esquina de siempre para que subiéramos juntos a nuestra casa”, recuerda, pero Luis, su amado Luis, el que carga en una foto en su pecho no apareció ese día ni el siguiente ni los que vinieron después.
Luz Elena empezó a caminar con los interrogantes vivos, los mismos que ahogan en las noches a las víctimas de la desaparición forzada: por qué, cuándo, dónde están. Ninguno ha obtenido respuesta. Después llamó a la puerta del Gobierno para que la reconocieran como víctima en un país que intenta buscar a más de 86.000 desaparecidos registrados por Medicina Legal, pero este le cerró de un portazo.
“A los que no nos reconocen como víctimas es como si nos dejaran en el olvido. A mí me dicen que fue una desaparición de las bacrim y no me incluyen en la reparación. Eso duele, porque las víctimas dizque estaríamos en el centro del Gobierno y no estamos ni en la esquina. Eso es revictimizar”, dice Luz Elena.
A Mari, a Luz Elena y a Yolanda las unen historias distintas pero tragedias iguales. Sus manos parecen irse a atrapar los recuerdos, lo que tenían cuando ni las botas ni el fusil tocaron a sus puertas y les derrumbó la esperanza, la que hoy, pese a la dureza y el olvido, intentan reconstruir .
