El pasado viernes 2 de agosto, Ecopetrol anunció su decisión de no avanzar en la adquisición de una participación en los activos de CrownRock, una empresa propiedad de Occidental Petroleum (Oxy). Este movimiento, conocido como el “Proyecto Oslo”, habría sido una apuesta estratégica para impulsar la producción de petróleo y gas a través de fracking en la cuenca del Permian, Estados Unidos. Sin embargo, la intromisión del presidente Gustavo Petro marcó un abrupto final para esta ambiciosa iniciativa.
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Según fuentes cercanas a la discusión, Ecopetrol tenía la posibilidad de participar con un 49% en la ampliación de su actual operación en el Permian, donde tiene actividad actualmente con fracking, una iniciativa que prometía utilidades significativas. “Este proyecto representaba alrededor del 14% de las ganancias de Ecopetrol, una cifra superior a la que generan muchas operaciones locales”, explicó un conocedor del tema.
La cuenca del Permian es una de las regiones productoras de petróleo y gas natural más grandes del mundo, está ubicada entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México en los Estados Unidos. Abarca un área de aproximadamente 250.000 millas cuadradas y contiene vastos depósitos de recursos no convencionales, como petróleo y gas.
Ecopetrol tiene presencia en la cuenca del Permian a través de su asociación estratégica con Occidental Petroleum Corporation (Oxy). Esta alianza, iniciada en 2019, se enfoca en el desarrollo de yacimientos no convencionales (fracking) en el Midland Basin, una subcuenca dentro del Permian.
Los planes iniciales
Ecopetrol había puesto sus ojos en adquirir entre el 20% y el 30% de CrownRock, un proyecto que Oxy compró por la impresionante suma de 12.000 millones de dólares. La petrolera colombiana buscaba aumentar su producción en 65.000 barriles diarios para 2025, llevando su producción total a cerca de 800.000 barriles.
Además, el proyecto prometía un incremento del 9% en sus reservas probadas y un crecimiento del 14% en utilidades netas. Todo esto, con un menor índice de emisiones de carbono en comparación con los campos operados por Ecopetrol en Colombia.
A pesar de estos beneficios financieros y ambientales, la decisión final fue un “no rotundo” por parte del presidente Petro, quien ha sido un firme opositor del fracking. La junta directiva de Ecopetrol se vio forzada a retractarse del acuerdo a última hora, pese a que ya había pasado todas las aprobaciones internas necesarias.
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El día en que Petro dijo “no”
La negociación, que llevaba más de un año en desarrollo, involucró múltiples consultores en temas legales, financieros y de riesgos. A pesar de los reparos iniciales, las preocupaciones sobre la deuda y la sostenibilidad financiera fueron atendidas y superadas, aseguraron fuentes cercanas a la compañía. Para el día de la decisión final, “todo estaba en luz verde”.
Sin embargo, la posición del gobierno se volvió central. “Había un sentimiento de incertidumbre sobre la postura del presidente. Algunos esperábamos que, si no decía nada, el proyecto seguiría adelante”, dijo una persona cercana a la Junta Directiva de Ecopetrol.
El punto de quiebre llegó durante una reunión extraordinaria en Piedecuesta, Santander, donde Petro asistió para abordar temas relacionados con la transición energética. Según relatos, el presidente desestimó el proyecto Oslo, una decisión que tomó por sorpresa incluso a quienes esperaban resistencia.
“Nos contaron que Petro rechazó enfáticamente la propuesta, incluso descalificando a quienes intentaron defenderla. Fue un golpe para el equipo”, añadió una fuente.
La incertidumbre se respiraba en el ambiente desde días antes. La Junta Directiva de Ecopetrol sabía que el presidente Gustavo Petro era el único que podía dar luz verde al proyecto Oslo, pero nadie lograba obtener una respuesta clara de él. “Va a estar en Bucaramanga, en un evento relacionado con el Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición. Tal vez ahí se pueda hablar con él”, decían algunos. Pero mientras más se acercaba el momento, más incierto parecía todo.
Ese 31 de julio, en Piedecuesta, llegó con su dosis de tensión. Ese día era crucial: el plazo para responderle a Oxy sobre el proyecto terminaba, y la negativa implicaría no solo la pérdida del acuerdo, sino también multas significativas. “Hasta el último momento, la expectativa era que el presidente aprobara. Pero todo cambió cuando llegó y dijo que no”, cuenta una fuente presente en las discusiones.
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Una junta dividida
Tras el anuncio de Petro, la junta tuvo que reunirse de emergencia. Lo que hasta entonces parecía un proyecto con respaldo mayoritario se derrumbó en cuestión de horas. En una primera votación, el apoyo al proyecto, que había sido de 7 a 2, se redujo a un ajustado 5 a 4 en contra.
Tres miembros, entre ellos Guillermo García y Edwin Palma, cambiaron su postura tras la decisión presidencial. “Los votos en contra vinieron de Ángela María Robledo (la fórmula vicepresidencial de Petro en 2018); y Tatiana Roa, exviceministra de Ambiente, y otros representantes gubernamentales, quienes señalaron preocupaciones por el fracking y la deuda”, señalaron fuentes.
Luego, vino una segunda votación que selló el destino del proyecto: si el gobierno no lo apoyaba, sería inviable continuar. Esta vez, el consenso fue unánime. “Sin el visto bueno del Ejecutivo, era imposible seguir adelante, aunque el gobierno no ponía un solo peso en el proyecto. Todo se iba a financiar con bonos y bancos”, explicó uno de los asistentes.
Mientras tanto, el eco de la negativa presidencial seguía retumbando. Según algunos asistentes, durante la reunión en Piedecuesta hubo intentos de último minuto para convencer a Petro de las ventajas del proyecto. Incluso el viceministro Gonzalo Hernández intentó persuadirlo, pero el presidente fue categórico. “Le dijo que él no iba a traicionar sus principios, que esto no iba con su política”, relató una fuente.
La noticia llegó a la Junta en un comunicado oficial firmado por Ricardo Roa. Con Oslo descartado, la fractura entre las decisiones técnicas de la empresa y las posiciones políticas quedó más evidente que nunca.
Cuando se comunicó la decisión a Oxy, la reacción fue explosiva. La ejecutiva de la compañía, según fuentes, no ocultó su frustración. “Estaba furiosa. Era un proyecto rentable y sostenible, con bajos índices de emisiones y consumo de agua. Se perdió una oportunidad valiosa, tanto en términos económicos como ambientales”, expresó una persona cercana a la negociación.
El veto presidencial y sus implicaciones
El mandatario argumentó que invertir en CrownRock significaría apoyar el fracking, una práctica a la que se ha opuesto consistentemente desde antes de su llegada al poder. Además, el presidente expresó preocupaciones sobre el endeudamiento de Ecopetrol y la transferencia de recursos al exterior.
La decisión generó un fuerte rechazo en el sector empresarial y petrolero del país. Tomás González, exministro de Minas y director del CREE, calificó el veto como un error que sacrifica ingresos fiscales sin beneficios ambientales significativos. “Mientras exista demanda de petróleo y gas, alguien más producirá esos recursos. A Colombia le conviene que sea Ecopetrol, ya que los ingresos generados se traducen en mayores transferencias e impuestos para el país”, explicó.
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Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo fue más crítico, acusando a Petro de tomar una decisión “ilegal y caprichosa” que pone en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol y del país. Y Francisco Lloreda, expresidente de la ACP, también expresó su preocupación, afirmando que el veto presidencial debilita el gobierno corporativo de la petrolera estatal.
El impacto del veto no solo se limita al ámbito financiero. La decisión también provocó una crisis en el gobierno corporativo de Ecopetrol, que culminó con la renuncia de dos miembros clave de su junta directiva: Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta. Ambos exdirectivos argumentaron que la intervención del presidente Petro en decisiones previamente aprobadas por la junta representa una violación de la autonomía corporativa de la empresa.
En su carta de renuncia, Echavarría y Zuleta expresaron que el proyecto CrownRock era fundamental para asegurar el futuro de Ecopetrol y sus más de 250.000 accionistas. También señalaron que la no aprobación del negocio tendrá un impacto negativo en las finanzas de la empresa y en las transferencias al Gobierno Nacional.
Las proyecciones financieras internas de Ecopetrol estimaban que el Proyecto Oslo podría aumentar sus utilidades netas en un 14%, equivalente a 1,6 billones de pesos. Además, se esperaba un crecimiento significativo en el Ebitda (utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones), así como un incremento en las reservas probadas de la empresa.
El costo de oportunidad de no realizar esta transacción también es alto para el Gobierno Nacional, principal accionista de Ecopetrol. Con menos ingresos provenientes de la petrolera, se podrían ver afectadas las transferencias de recursos al presupuesto público, lo que a su vez podría limitar la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura.
La decisión no solo significó la cancelación de un proyecto rentable, sino también un revés estratégico. Según documentos internos, Oslo tenía una huella ambiental reducida, con un 8% menos de emisiones de CO2 y un 3% menos de consumo de agua por barril en comparación con estándares locales.
“La negativa fue un golpe tanto financiero como ambiental. Era un proyecto de gran tamaño, comparable al negocio de ISA en términos de impacto y rentabilidad”, concluyó una fuente.
El episodio deja en evidencia las tensiones entre la dirección de Ecopetrol y el gobierno, reflejando una Junta Directiva que opera bajo fuertes influencias políticas. Para algunos, este caso expone los retos de gobernabilidad en una empresa que busca adaptarse a un nuevo modelo energético, pero que aún depende en gran medida de las decisiones del Ejecutivo.
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