En Toledo, en donde le arrebataron la vida al candidato a la Alcaldía Orley García, convergen al tiempo todo tipo de peligros electorales. En ese pequeño territorio, de 139 kilómetros cuadrados, la Misión de Observación Electoral (MOE) identificó: niveles atípicos de votos nulos a la Alcaldía, tarjetones no marcados, dominio electoral de aspirantes, presencia de disidencias de las Farc, desplazamiento, entre otros, en total son 14 variables que lo califican en un nivel de riesgo extremo.
De esta forma, como en Toledo, de los 125 municipios antioqueños, 32 se encuentran en peligro para las elecciones del 27 de octubre, es decir, el 26 % del departamento tiene amenazas, conforme al mapa de riesgo electoral que presentó la MOE.
Sumado a lo anterior, 152 municipios son afectados por fraude y violencia en el país. Esta cifra disminuyó un 25 % respecto a las elecciones locales del 2015, en las que se presentaron 204 territorios en riesgo, es decir, 52 municipios menos.
Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, las cifras evidencian una disminución en el histórico del riesgo. Pero explicó que “no están aumentando los municipios, sino que se están concentrando los hechos en zonas muy específicas y con un impacto más localizado”.
Por ello, en el mapa nacional se evidencia que los departamentos que concentran estas amenazas se ubican en la costa pacífica del país, ellos son: Antioquia, Chocó (con 22 casos), Nariño (16), Cauca (13) y Valle del Cauca (13).
Para el politólogo de la Universidad Nacional y analista político, Guillermo Henao, este riesgo tiene que ver con la incapacidad del Estado para hacer presencia, ya que en “estas zonas no han tenido atención de la administración –ni para el ejercicio de control, ni para la inversión social–, esto ha facilitado la creación de clientelas electorales que se activan con facilidad y también los territorios tienen la presencia de estructuras armadas que coaccionan al votante”.
Antioquia en riesgo
Es el departamento que lidera la cantidad de municipios con las amenazas. El peligro es evidente. Por ello, a juicio de la MOE, se requiere intervención de las distintas autoridades con el fin de garantizar unas adecuadas elecciones.
Siete municipios antioqueños están en riesgo extremo por la confluencia de factores indicativos de fraude y de violencia: Betania, Cáceres, Ituango, Segovia, Tarazá, Toledo y Valdivia. Ellos, han tenido denuncias por trashumancia electoral, presencia de disidencias de las Farc, Clan del Golfo y dominio de los grupos políticos tradicionales.
La directora de la MOE explicó que la violencia “se han mantenido en una misma cantidad de municipios que en 2018. Sin embargo, la violencia política selectiva ha ido en aumento”. Como en el caso de Toledo.
Además, en Antioquia se presentan 14 municipios con riesgo alto y 11 medio. Entre los que se ubican territorios del Área Metropolitana como: Medellín, Bello y Copacabana, zonas que concentran altos números de votación.
Para la directora de la MOE en Antioquia, Verónica Viva, la mayoría de estas zonas comparten que fueron priorizadas para la implementación del Acuerdo de paz, han tenido afectaciones por el conflicto armado, son municipios con necesidades básicas insatisfechas.
También, añadió que estos territorios tienen disputas por economías o actores, legales e ilegales, que quieren cooptar el Estado para ejecutar y tener influencia en la decisión de proyectos de infraestructura o mineros (frecuentes en estos municipios).
En este sentido, la secretaria de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, explicó que junto a los otros entes electorales y políticos mantienen cooperación con el fin de mitigar la amenaza, proteger la vida de los ciudadanos y tener unas elecciones adecuadas. “Tenemos contactos 24 horas para brindar apoyo y proyección a quien lo necesite”, puntualizó.
