Desde México ya le coquetean a Panam Sports para quedarse con la sede de los Juegos Panamericanos que perdió Colombia. Dirigentes de los estados de Nuevo León y Jalisco le aseguraron a la institución deportiva que en sus territorios está lista toda la infraestructura para acoger a los deportistas durante las justas de 2027.
“¿Cómo ven?, ¿nos traemos al Nuevo León los Panamericanos 2027? Los leo”, dijo el gobernador del estado mexicano de Nuevo León, Samuel García, en sus redes sociales.
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Para coquetear con Panam Sports, el gobernador mexicano aseguró que en su Estado hay atractivos como nuevas carreteras, parques, museos, un aeropuerto remodelado, líneas del metro, estadios y el corredor Fifa que preparan como sede del Mundial de fútbol del 2026. De acuerdo con él, su estado estaría listo para acoger los Panamericanos.
Es que justo este 3 de enero Panam Sports –organizadora de los Juegos Panamericanos– notificó la decisión “indeclinable” de retirar a Colombia como la sede de las justas que se realizarán en 2027. De acuerdo con la entidad, el Estado incumplió en reiteradas ocasiones el contrato que habían firmado.
Además de Nuevo León, el estado méxicano de Jalisco también se ofreció para ser sede de los próximos Panamericanos. Lo hizo a través de Fernando Ortega, director del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo del gobierno de Jalisco.
“Etiqueten a Panam Sports para que vean que Jalisco está listo para recibir los Juegos Panamericanos del 2027. Este año se renovarán casi todas las instalaciones de (los Panamericanos) Guadalajara 2011. Guadalajara es ciudad sede de la Copa del Mundo de la FIFA del 2026. ¡Tenemos todo!”, dijo el funcionario en redes sociales.
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México ya será sede de la Copa Mundo del 2026 –junto a Canadá y Estados Unidos–, también pidió ser anfitrión del Mundial de Fútbol Femenino en 2027 y de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040.
Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro, con la mediación del gobierno chileno, intenta reconquistar a Panam Sports para que el certamen se quede en Barranquilla. De no lograrse, advirtió la Contraloría, el detrimento sería de 2,2 millones de dólares.
