La imputación de cargos por parte de la Fiscalía contra los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, y la Difútbol, Álvaro González, además de Luis Bedoya, expresidente de la FCF, por presuntamente haber recibido sobornos para adjudicar irregularmente boletería de la Selección Colombia en la pasada eliminatoria, no será, ni mucho menos, el último capítulo de una trama que ha afectado la institucionalidad del balompié nacional.
Para comprender el contexto de este pleito hay que remontarse 19 meses atrás, cuando se resquebrajó la relación entre el entonces presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, cuyo testimonio es la base de las imputaciones de la Fiscalía, con Álvaro González y por extensión, con Jesurún.
Ocurrió en mayo de 2018, cuando Perdomo solicitó a González los soportes de unos pagos de entre 50.000 y 150.000 dólares que le hizo Conmebol y que, según el expresidente de Dimayor, González no había justificado debidamente.
Días después Conmebol aclaró que tras un rastreo jurídico a los pagos no halló irregularidad alguna y que se trataron de honorarios por asesorías brindadas por el caldense que dirige el fútbol aficionado del país desde hace tres décadas y tiene asiento en la Federación.
Una vez quedó sin peso el señalamiento de Perdomo se produjo una confrontación entre él y un grupo de directivos que concluyó con la destitución de Perdomo del cargo, en junio de 2018.
Luego de esto, Perdomo comenzó a realizar denuncias de temas de lo que presuntamente se habría enterado durante su gestión, uno de estos, un supuesto amaño para la adjudicación de la distribución de boletería para los partidos de la Selección y que produjo la reventa de más de 42.000 entradas para los juegos de eliminatorias, muchas de las cuales fueron vendidas al público con un incremento de hasta el 229 por ciento.
Según la Fiscalía, solo de la venta de un lote de 3.000 entradas, un grupo de particulares, entre ellos varias personas relacionadas con la Federación, recibieron utilidades cercanas a los 600 millones de pesos. Para lograr este mecanismo, las personas involucradas habrían ofrecido sobornos a los directivos mencionados.
Con esta información la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– multó inicialmente a las empresas Ticket Shop y Tichet Ya (empresas asociadas en la distribución de boletería) y luego la Fiscalía imputó cargos contra César Carreño, representante legal de Ticket Shop, e Iván Darío Arce Gutiérrez, gerente financiero de dicha empresa.
Sin embargo, el pasado 6 de diciembre la SIC presentó un documento en el que estima que los testimonios de Perdomo en relación a los presuntos sobornos tienen vacíos y “dejan entrever su debilidad en el punto relevante para este asunto, principalmente debido a las contradicciones y omisiones que existen entre la declaración rendida por el mismo investigado en la etapa de averiguación preliminar y la que es objeto de análisis”.
El 31 de octubre, Perdomo había testificado ante el organismo y en dicha comparecencia mencionó cómo se enteró de los sobornos a Jesurún, Bedoya y González, pues el fallecido Rodrigo Rendón, máximo accionista del Real Cartagena y representante legal de Ticket Ya, le habría ofrecido directamente un pago para facilitar, junto a los otros directivos, la renovación del contrato para que Ticket Shop siguiera manejando la boletería.
