Para la historia quedó el registro de que el martes 28 de junio de 1983 un grupo de 29 gays, dos lesbianas y una mujer trans protagonizaron la primera marcha del Orgullo en Colombia. Fue en Bogotá: inició en la Plaza de Toros La Santamaría y culminó en la Plazoleta de las Nieves con un acto político en una tarima. El recorrido estuvo custodiado por al menos 100 policías.
La mayoría de marchantes hacían parte del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia (MLHC), una serie de grupos de estudio que desde finales de los años 70 y principios de los 80 comenzaron a agitar la discusión sobre el tema de libertades sexuales y la conquista de los derechos en las regiones del país.
Viajaron desde diferentes ciudades. De Medellín fueron los integrantes del Grupo Greco, también estuvo el Grupo de Encuentro por la Liberación de los Gëis (GELG) de Bogotá y varias personas llegaron desde Cali. Marcharon por varios motivos, entre los que se destaca haber logrado el cambio del Código de Policía de la capital, ajustándolo al nuevo Código Penal (1980) que despenalizó la homosexualidad en Colombia.
La movilización fue liderada por León Zuleta, asesinado el 23 de agosto de 1993, y Manuel Velandia, quien sufrió un atentado y tuvo que salir exiliado del país en 2007. Una dupla con una fuerza política importante dentro del surgimiento del movimiento LGBT de Colombia. Por Medellín estuvieron Gildardo Ramírez Ríos y el profesor Fernando Alviar, uno de los fundadores del Greco.
Guillermo Correa es profesor de la Universidad de Antioquia y asistió a la primera marcha en Medellín: fue en 1998, salió desde el sector El Obelisco y la organizó la Corporación El Otro. Dice que las primeras marchas en el país eran “un poco muy endogámicas y con mucho coraje”, porque en ese entonces quienes asistían se debían enfrentar a una suerte de mirada compleja: era común que a estas personas las etiquetaran como guerrilleros o delincuentes.
“Había un juego interesante entre disidentes sexuales muy asustados por marchar, que eso incluso lo consideraban como un asunto de mucho riesgo, pero también estábamos los que marchábamos más libres enfrentándonos a las miradas de todo tipo”, dice Correa.
Con el tiempo la marcha en Colombia se ha ido transformando, más allá de la cantidad de personas: hace 40 años a la de Bogotá fueron 32 personas y el año pasado asistieron 40.000. En 2022, en la de Medellín se registraron 85.000 marchantes.
“Ya no solo es una marcha de diversidades sexuales, sino que también confluye una suerte de ideas libertarias del cuerpo, de la sexualidad, del consumo de cannabis. Es un espacio cada vez más plural, hay unos contenidos políticos importantes, una parte muy festiva, pero al mismo tiempo hay nuevos grupos como sindicatos, ONGs, profesores”, dice Correa.
Algo que se destaca además es el lugar que han ganado las mujeres en estos espacios, porque las marchas históricamente tenían una mayor concentración masculina y de mujeres trans, sin embargo, en los últimos años se ha observado progresivamente que, por ejemplo, las mujeres lesbianas y hombres trans empezaron a tener una participación importante. A esto se suma las nuevas identidades.
El profesor de la UdeA y activista Hernando Muñoz dice que la marcha ha permitido poner en el escenario público que las personas que hacen parte de la población Lgtbi existen y que aunque algunas se ven diferentes, son iguales en derechos y dignidad.
“La gente ahora ve la marcha con más tranquilidad y hay más jóvenes que sienten tranquilidad con que existen y pueden salir. Piensa que el primer propósito de las marchas es la reivindicación política de los derechos, sin embargo, estamos entre dos aguas, que tenga esta parte o se vuelve solo rumba, las dos pueden estar muy bien, pero en su debido lugar”, manifiesta Muñoz.
Salir a marchar en Colombia y el mundo ha servido, sobre todo, para construir ciudadanía, abrir espacios de libertad, respaldar y reconocer los cuerpos, y darle existencia a las diferentes disidencia que estaban negadas. Estas son luchas ganadas, sí, pero todavía en el país siguen existiendo algunas deudas históricas como el enfoque diferencial con las personas trans ante el Estado en el sentido de las oportunidades, salud y empleo.
