Con una votación de 16 contra seis, la Sala Plena del Consejo de Estado optó por mantener las medidas cautelares que había ordenado a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lo que quiere decir que, hasta el momento, el burgomaestre se mantendrá en su cargo.
La decisión del alto tribunal se produjo en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el mandatario en contra de la sanción de destitución e inhabilidad que por 15 años le impuso la Procuraduría General de la Nación.
Con anterioridad el Ministerio Público había interpuesto un recurso de súplica en el que cuestionaba la actuación del magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Gerardo Arenas, quien desestimó el dolo alegado por la Procuraduría en el caso del cambio de modelo de aseo en la capital de la República.
Según la Procuraduría, el magistrado Arenas ya tenía una posición definitiva sobre el caso, lo que en lo sucesivo atentaría contra los derechos al debido proceso y la igualdad de esa entidad.
Sin embargo, en la sesión del pasado martes, la Sala Plena del máximo tribunal de lo contencioso administrativo acogió mayoritariamente la ponencia presentada por la magistrada Sandra Lisseth Ibarra, quien sostuvo que ante el inminente riesgo de causarle un daño irreversible a Petro, las medidas cautelares debían mantenerse.
Opiniones divididas
Aunque el Consejo de Estado advirtió que las medidas que se mantienen a favor del alcalde Petro son de carácter provisional y que el asunto se decidirá de fondo en un fallo de esa corporación, la decisión ha generado opiniones divididas en Bogotá.
El concejal por la Alianza Verde, Antonio Sanguino, ve con buenos ojos la decisión tomada por el Consejo de Estado pues evita otra crisis de institucionalidad en la ciudad por cuenta de una nueva destitución del alcalde.
“A mi me parece que es una decisión afortunada pues corresponde con la tradición colombiana de respeto a la normatividad internacional, porque recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado medidas cautelares para el alcalde mientras el Consejo de Estado decidía de fondo sobre las causales que produjeron su destitución”, agregó Sanguino.
Por el contrario, el también concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, indicó que las medidas cautelares son un triunfo jurídico para Petro, pero “una derrota para ocho millones de bogotanos”.
“Esta decisión demuestra que Petro sí tenía garantías judiciales, cuando él mismo había dicho que no era así. El alcalde no ha tenido cabeza para gobernar, unos días se ha la pasado defendiéndose y la otra gran mayoría del tiempo ha estado en campaña preparando su candidatura presidencial de 2018 y mientras tanto la ciudad manga por hombro. En medio de todo este rifirrafe, la ciudadanía perdió un derecho constitucional que tenía y era el de la revocatoria del mandato”.
