Si bien han pasado casi cuatro meses desde las elecciones regionales de octubre pasado, se siguen denunciando presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de campañas. Este lunes, un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) evidencia que, frente a los comicios de 2019, en las elecciones territoriales de 2023 se dispararon un 326 % las denuncias por tres delitos: violación de los límites de gastos, financiación con fuentes prohibidas y omisión de información del aportante.
Según las cifras, divulgadas por la oficina del magistrado César Lorduy, solo por el delito de violación de los topes o límites de gastos las denuncias pasaron de apenas dos en 2019 a 26 en el año pasado, es decir, un escandaloso incremento del 1.300 %.
Por otro lado, durante 2019 hubo apenas 30 denuncias por delitos relacionados con la financiación de campañas electorales; sin embargo, en 2023 ese número ascendió hasta 98, es decir, se triplicó. Al analizar en detalle se evidencia que solo frente a ese delito los casos pasaron de 27 en 2019 a 69 en 2023, lo que corresponde a un incremento del 255,5 %. “En 2020 y 2021 se evidencia un descenso en las denuncias, lo cual coincide con que no fueron años electorales”, dice el informe.
Se trata de fuentes de financiación como de extranjeros; las que se deriven de actividades ilícitas; las donaciones de personas titulares respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio; las contribuciones anónimas; de funcionarios públicos, o de acusados por financiación, pertenencia o promoción de grupos armados, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.
Por otro lado, el documento indica que, en el caso de la omisión de información del aportante, se presenta una particularidad: “Se han registrado pocas denuncias por esta conducta. El mayor número de casos allegados a la Fiscalía se dio en 2018, cuando hubo cuatro denuncias, mientras que en 2020 y 2023 se presentaron tres denuncias en cada uno estos años”.
Por cuenta de este tipo de delitos, al margen de las sanciones penales, la ley establece multas de entre $18’497.0000 y $184’976.000. En el caso de las elecciones presidenciales, la norma indica además que de comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones como multas entre el 1 % y el 10 % de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña. Adicionalmente, congelación de los giros respectivos para el desarrollo de la campaña.
En materia penal, en caso de que el CNE compruebe que se acudió a alguna fuente prohibida, el candidato y su gerente de campaña deberán responder con una pena de prisión de entre cuatro y ocho años, sumado a una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por otro lado, la ley también establece sanciones a la organización política, entre ellas, una multa que también puede ir de entre $18’497.0000 y $184’976.000. A ello se suma la suspensión de su personería jurídica, hasta por cuatro años, así como la suspensión o privación de la financiación estatal o de los espacios otorgados en los medios que hacen uso del espectro electromagnético.
