Una terrible confusión histórica, un desafío a la investigación judicial y un fuerte agravio a las víctimas produjeron las palabras del guerrillero “Martín Sombra” en una audiencia de la Justicia Especial de Paz (JEP), en la cual aseveró que la masacre de Mapiripán no fue cometida por los paramilitares, como consta en múltiples sentencias, sino por las Farc.
El también llamado “Carcelero de las Farc”, Elí Mejía Mendoza, participó este jueves en una audiencia reservada sobre el reclutamiento ilegal perpetrado por su organización, pero algunas de las declaraciones se filtraron a la prensa.
“Lo están acusando de que él fue el de la masacre en Mapiripán y Rito del Río no fue. Fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendía, entonces nosotros nos acostumbramos a hacer las embarradas y achacárselas a los otros”, afirmó, en mención al general (r) Rito Alejo del Río, condenado en otros procesados por actos de lesa humanidad en asocio con los paramilitares.
La masacre de Mapiripán, en Meta, ocurrió entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Los autores pertenecían al bloque Centauros de las Autodefensas, en asocio con el Ejército, tal cual confesaron varios comandantes paramilitares en versiones libres, atestiguaron múltiples víctimas y se comprobó en los estrados.
Lo que dice la historia, que hoy contradice “Martín Sombra”, es que al municipio fueron enviados más de 100 asesinos desde Urabá y otros sectores de los Llanos Orientales. La logística, el arsenal y transporte aéreo y terrestre fue coordinado entre la Casa Castaño y oficiales corruptos de las Fuerzas Militares.
Cuando los combatientes arribaron al pueblo, el Ejército se había ido antes, dejando a los habitantes sin protección.
Durante seis días masacraron a la comunidad, acusándola de ser auxiliadora de la guerrilla. Aunque hay una cifra relativamente “oficial” de 49 muertos, tanto verdugos como sobrevivientes saben que fueron más, pues a muchos cadáveres los arrojaron al río Guaviare y nunca los recuperaron. A algunos de ellos, en un acto de barbarie, les abrieron el torso para rellenarlos de piedras y que no salieran a flote.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por este crimen. La justicia local sentenció a 40 años al general (r) Jaime Uscátegui y varios jefes paramilitares, entre ellos Dairo Úsuga David (“Otoniel”), quien comandó a un escuadrón de matones en la operación y también pagará cuatro décadas de prisión; Salvatore Mancuso y Raúl Hazbún, condenados a 26 años por su respaldo logístico al ataque.
“Nos tienen indignados”
Sobre la versión de “Martín Sombra”, EL COLOMBIANO conversó con habitantes de Mapiripán que sobrevivieron a la matanza.
“Me sorprendió mucho esa declaración. Hasta donde nosotros sabemos, los autores eran paramilitares”, contó Nelcy Luque, concejala municipal, y añadió que “en esta zona había presencia de guerrilla, y eso fue lo que produjo el ataque de los paramilitares”.
Cecilia Lozada, representante de la Asociación de Mujeres Campesinas Desplazadas del Meta (Asomudem), afirmó que lo dicho por el exjefe insurgente “es una falta de respeto, nos tienen indignados”.
Ella fue una de las miles de desplazadas por la masacre, que dejó a Mapiripán como un pueblo fantasma en ese entonces. “Este fin de semana se cumplen 26 años desde lo ocurrido. Nosotros los vimos, sabemos quiénes fueron, cómo mataron a la gente, ¿y ahora nos vienen a decir que fueron otros? Es una gran mentira, nos sentimos revictimizados”.
Los mapiripenses desconocen las razones por las que “Martín Sombra” se endilgó la culpa, y los magistrados de la JEP tampoco ahondaron en ese tema durante la diligencia, dado que el tema principal era el reclutamiento forzado en las Farc.
“¿Será que busca beneficios en la JEP? No lo sabemos, pero él tiene que responderles a las víctimas con pruebas de lo que dice, porque nosotros también conocíamos a los guerrilleros del pueblo y no fueron ellos”, recalcó Lozada.
Otros sobrevivientes del execrable hecho, que pidieron la reserva de su identidad, argumentaron que el Estado tampoco ha cumplido con las garantías de no repetición, pues hoy Mapiripán está asediado por las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y grupos locales como “los Puntilleros”.
“Otra vez, como antes, estamos en la mitad de los unos y los otros, en peligro”, dijeron.
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ANEXO: ESPERANDO LA TIERRA PROMETIDA
Cecilia Lozada, representante de la Asociación de Mujeres Campesinas Desplazadas del Meta (Asomudem), comentó que luego de la masacre de Mapiripán “no se ha presentado una verdadera reparación a las víctimas”, y señaló que el Estado aún no les ha devuelto las tierras arrebatadas por los delincuentes.
“La gente no pudo retornar a sus territorios, porque el Gobierno Nacional ha incumplido con la entrega de las tierras que ha prometido hace años. Lo peor es que usted va a ver en manos de quién están esas tierras, y casi todos son personajes políticos”, exclamó, pidiendo de nuevo más apoyo para los sobrevivientes.
