El Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá inició la audiencia de imputación de cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero en el caso relacionado con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá comenzó la audiencia preliminar de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, en el marco de un escándalo por presuntas irregularidades contractuales en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta diligencia judicial se centra en las múltiples acusaciones relacionadas con diversos procesos contractuales, entre ellos la adquisición de 40 carrotanques con sobrecostos que superan los 7.700 millones de pesos destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.
Le puede interesar: Petro y el origen del escándalo de la Ungrd
La Fiscalía General de la Nación ha formulado cargos por cinco delitos graves que incluyen concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Estos delitos estarían vinculados a un presunto desfalco millonario en la UNGRD, que habría involucrado a altos funcionarios y contratistas.
Durante la audiencia, se espera que se presenten pruebas contundentes recopiladas por la Fiscalía, que incluyen archivos, conversaciones y documentos que podrían implicar a otros funcionarios públicos y congresistas. Entre las evidencias destacan datos de georreferenciación de teléfonos y documentación detallada sobre los supuestos sobrecostos detectados en el contrato de suministro de carrotanques para La Guajira.
Siga leyendo: Así fue la ruta de los $4.000 millones de los sobornos que les habrían pagado, desde la UNGRD, a Iván Name y Andrés Calle
Uno de los aspectos clave que se discutirá será la posible aceptación del principio de oportunidad solicitado por los exfuncionarios, lo cual podría tener un impacto significativo en el curso del proceso judicial y en las posibles colaboraciones para obtener beneficios judiciales, teniendo presente que se espera que estos no acepten los cargos.
Duranre la audiencia, la fiscal Andrea Muñoz detalló los cargos que enfrentarán los tres investigados en el caso UNGRD durante la audiencia pública. Según Muñoz, se imputarán a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero por su presunta participación en la trama de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La fiscal destacó que se investigan 21 órdenes de proveeduría utilizadas para el alquiler de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira. Además, se mencionó un contrato de suministros a empresas vinculadas al contratista conocido como el Pastuso.
En cuanto a Olmedo López, Muñoz señaló que se le imputarán cargos por la supuesta disposición de $100 mil millones de la UNGRD mediante órdenes de proveeduría. Estos recursos, según la fiscalía, fueron direccionados hacia el empresario Luis Eduardo López Rosero para cumplir compromisos financieros con Iván Name y Andrés Calle.
La audiencia la Fiscalía también reveló que, por instrucción del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, Sneyder Pinilla, exsubdirector de UNGRD, habría coordinado con la asesora María Alejandra Benavides del Ministerio de Hacienda el direccionamiento de contratos en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. Estos contratos, según la Fiscalía, fueron diseñados para beneficiar a congresistas de la Comisión Tercera y de la Comisión de Crédito Público.
Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López enfrentan graves cargos por varios delitos en el caso UNGRD.
Por concierto para delinquir, podrían recibir una pena de 8 a 18 años de prisión y multas entre 2.700 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLM). Además, por peculado por apropiación, se contempla una pena de 8 a 21 años de cárcel (más de 21 años), multas de hasta 50.000 SMLM y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
Por falsedad ideológica en documento público agravado, los imputados podrían enfrentar penas entre 5 y 12 años y una inhabilidad de 80 a 180 meses.
La Fiscalía los investiga por 21 órdenes de proveeduría y contratos que superan los $228.844 millones, revelando una presunta trama de corrupción significativa en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
El proceso judicial continúa develando detalles sobre las presuntas irregularidades que involucran a altos funcionarios y empresarios, marcando un hito en las investigaciones contra la corrupción en Colombia.
