El alto tribunal busca recolectar información en las secretarías de las presidencias de Senado y Cámara. Lo anterior, en el marco de las investigaciones contra varios congresistas, entre ellos, Iván Name y Andrés Calle.
En medio de la investigación por las presuntas coimas para el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro con dineros arañados de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este martes se conoció que la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial al Congreso de la República.
Según confirmaron fuentes del alto tribunal a este diario, la diligencia tiene como objetivo recoger información de cómo se tramitaron varias reformas del Ejecutivo, puntualmente la de la salud, la laboral y la pensional, así como la adición presupuestal que permitió inyectarle más recursos a la UNGRD.
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Sin embargo, la Corte Suprema aún está definiendo la fecha para realizar el procedimiento. La inspección fue promovida por orden del magistrado Francisco Farfán, de la Sala de Instrucción de la Corte.
Se prevé que durante la diligencia se recojan las actas de sesiones en las que se discutieron las reformas, así como la adición presupuestal. Por ello, habría inspecciones tanto en las secretarías como en las presidencias de Senado y Cámara, así como en las secretarías de las comisiones económicas y las comisiones séptimas (donde se discutieron las reformas salud, pensional y laboral).
Lo anterior, en el marco de las investigaciones que adelanta la Corte contra los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal), señalados de recibir coimas de hasta $4.000 millones para darle vía libre a los proyectos del Ejecutivo.
Además, a mediados de julio la Corte confirmó la apertura de investigación a los congresistas Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
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El alto tribunal detalló que recibió de la Fiscalía General la compulsa de copias para investigar las actuaciones de nueve legisladores, entre los que están los expresidentes del Congreso Andrés Calle e Iván Name, así como el representante a la Cámara, Wadith Manzur, contra quienes había una apertura previa.
En la compulsa de copias, la Fiscalía pidió al alto tribunal “que se indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos relacionados con la estructura ilícita que habría funcionado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez”.
Los hechos investigados tienen relación con la presunta alteración de contratos suscritos por la UNGRD a través de los cuales se sacó una tajada de $4.000 millones. Ese dinero, dicen los testigos, fue entregado como soborno a los congresistas Calle y Name para que movieran la agenda y las reformas del Gobierno en el Congreso.
Los testigos son justamente Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad. Han sido ellos los encargados de contar a las autoridades como se planeó y lideró la tramoya corrupta a través de la compra de carrotanques con los cuales se pretendía repartir agua en La Guajira. Sin embargo, no fue agua, sino el dinero el que se terminó repartiendo entre varios funcionarios y políticos corruptos.
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