Después de meses de ires y venires, de maniobras de lado y lado, y un perpetuo toma y dame que tiene en ascuas al país ante el riesgo de una Asamblea Nacional Constituyente, llegó la hora de la verdad para las controvertidas reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Esta semana que arranca será definitiva para dos de los proyectos más estratégicos del “gobierno del cambio” –las reformas a la salud y pensional–, y lo que suceda con ambas marcará el derrotero de lo que queda del mandato del primer presidente de izquierda en Colombia.
El día decisivo será el próximo martes. Por un lado, la Comisión Séptima del Senado tiene como primer punto del orden del día la discusión de la ponencia de archivo de la reforma a la salud. El documento goza de mayorías y, pese a los intentos del Gobierno por salvar el proyecto, luce desahuciado y marchito. Por otro lado, la plenaria se apresta a discutir –sin más dilaciones– la reforma pensional que, aunque con más chances y un ambiente menos enrarecido, también adolece de respaldo.
Aun si contara con ese esquivo apoyo unánime, el Ejecutivo debe enfrentar otro reto monumental: tramitar y llevar a buen puerto ambas reformas en poco más de dos meses, hasta el 20 de junio, cuando el Congreso concluye sesiones. No es un asunto menor. A la reforma a la salud le faltan dos debates para ser aprobada, y en Cámara ese trámite (aprobarlo en Comisión y en plenaria) le costó al Gobierno casi un año. Frente a la pensional el tema es más engorroso: apenas fue aprobada en el primero de sus tres debates y las discusiones restantes deben surtirse en menos de 80 días.
El cantado destino de ambas iniciativas precipitaría los deseos del Jefe de Estado, que recién el viernes volvió a insistir en su idea de modificar la Constitución de 1991 ante el fracaso para llegar a consensos que permitan destrabar sus controvertidas reformas. Lo cierto hoy es que en el Congreso prima el hermetismo por un interrogante de primer orden: en caso de que no prosperen los proyectos, ¿Petro respetará la autonomía y los designios del Congreso –un órgano tan democráticamente legítimo como el Ejecutivo– o buscará otros caminos para evadir las determinaciones del Legislativo?
La duda tiene lugar si se considera que justamente para hacer realidad su quimera constituyente el Jefe de Estado debe contar con el sí del Congreso. Tal como lo establece la Carta Magna, Petro necesitaría que tanto el Senado como la Cámara le den el visto bueno a una ley para consultarle a la ciudadanía si quiere o no reformar la Constitución. Ese sería el primer cerrojo.
No obstante, antes de convocar a las urnas y en caso de que logre la aprobación del Parlamento, la ley deberá ser revisada por la Corte Constitucional. En caso de lograr ese sí, finalmente podría darle vía libre a la Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, sus planes reformistas tendrían cabida solo si una tercera parte del censo electoral le da su respaldo: 12’988.505 votos. Es decir, 1,6 millones de sufragios más de los que consiguió el hoy Jefe de Estado en 2022 tras la reñida segunda vuelta con el excandidato Rodolfo Hernández.
Un incierto camino
El impopular presidente Gustavo Petro, al que hoy apoya solo uno de cada tres colombianos –34 % según el Opinómetro de Datexco–, ¿se someterá al largo y arduo proyecto que demanda convocar por vías legales una constituyente?, ¿o buscará caminos non sanctos para llevar a cabo su idea de reformar la Constitución y lograr los cambios que no logró con el auspicio del Congreso? Ese interrogante, con visos de desasosiego y angustia, prima en buena parte de los congresistas.
“Claro que él podría llegar a hacerlo a la brava, pero ahí es donde nosotros nos pararíamos firmes y necesitaríamos que la Corte también se pare firme, como lo ha hecho y le ha puesto freno a muchas de sus locuras. Necesitaríamos también incluso de las Fuerzas Militares para que contengan a alguien que esté pretendiendo saltarse la democracia y la institucionalidad”, dice en diálogo con EL COLOMBIANO el senador Jota Pe Hernández.
Aunque su partido, la Alianza Verde, hace parte hoy de la coalición de Gobierno, el congresista se ha destacado como un férreo opositor del primer mandatario y hoy alerta por lo que considera sería un salto al vacío: “Si Gustavo Petro quiere saltarse ese paso y llevar al país a una Constituyente, el Congreso tiene que mirar la forma de actuar. Una de las salidas sería destituirlo”.
A su turno, desde la oposición, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) alerta que al desconocer al Congreso, el primer mandatario estaría “metiéndose en una campo facto” que violentaría y vulneraría los principios constitucionales y democráticos.
“El Congreso no puede legislar a punta de amenazas, ni de extorsión, que es lo que viene haciendo el Gobierno Nacional. Aquí se discute, se debate y se propone. La imposición no ha lugar. En lo que hay que llamar la atención es que tanto la pensional como salud lo que buscan es retroceder en los avances en el Gobierno, estatizar el sistema de pensiones y el sistema de salud. Destruir lo que se ha construido”, explica el senador.
Otra, por supuesto, es la lectura que hacen desde el propio Pacto Histórico. Advirtiendo que no dejan de ser escenarios hipotéticos y que el primer mandatario se ha caracterizado por su respeto a la Carta Magna, el senador Iván Cepeda insiste en que “no se ha cerrado la vida de un acuerdo nacional” y que la clave es concertar “muchas de estas reformas por vía de un diálogo político entre la ciudadanía, el pueblo y obviamente las fuerzas políticas y sociales”.
“El presidente Petro siempre ha actuado de acuerdo con la Constitución y las leyes. Allí se ofrecen numerosas vías para hacer que un programa de gobierno se lleve a la práctica, así que siempre y cuando esas decisiones se enmarquen en la Constitución no pueden ser objeto de ningún reproche puesto que se inscriben dentro de la legalidad”, dice a este diario el congresista.
No obstante, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, reclama que, aunque la vía es justo el diálogo político por el que aboga Cepeda, lo cierto es que el propio presidente Petro no ha dado muestras de querer concertar, lo que le cierra el paso a cualquier acuerdo que le permita al país salir del atolladero.
“El problema es que al Gobierno no le gusta concertar nada. Le gusta hablar de acuerdos nacionales que son un contrato de adhesión donde uno tiene que decir que todo lo que ellos dicen está bien y así no es”, manifiesta la congresista a EL COLOMBIANO.
Con todo, para Cepeda una de las tareas inmediatas para que se destrabe el asunto y se dé la discusión es que desde la oposición “no empleen maniobras dilatorias ni ausentistas para evitar esta discusión de cara al país y tramitar, como se hace en democracia, las diferencias. Intentar buscar consensos y ojalá pactar las reformas”.
Que contadas voces en el Congreso, aunque sea en voz baja, no descarten hoy destituir al primer mandatario y hasta rasguñar el respaldo de las Fuerzas Militares, pese a los esfuerzos por darle vida al diezmado acuerdo nacional que pregonaba Petro, da cuenta del difícil momento que atraviesa la democracia colombiana.
El temor hoy es que el revés que sufra Petro con las reformas termine exacerbando los ánimos y acallando de forma definitiva a quienes insisten en el diálogo, lo que abriría la puerta a una crisis política que cierre rotundamente las vías democráticas y lleve al país a un escenario de incertidumbre y polarización.
“Reconocimiento de un fracaso”
A través de su tribuna favorita, en uno de sus acostumbrados y extensos mensajes en la red social X (antes Twitter), Petro volvió a hablar del “por qué del poder constituyente en Colombia”. De acuerdo con el primer mandatario, su idea tiene lugar dado que se desconoció la Constitución del 91 al no permitir “que los recursos de la educación pública crecieran más que los ingresos corrientes de la Nación”.
A ello se suma que no se viabilizó la reforma agraria: “Cuando Andrés Pastrana quitó el artículo de la expropiación por vía administrativa de tierras, la dejó para vías y obras de infraestructura; acabó con la posibilidad de una reforma agraria seria”. A ello se suma, dijo el Jefe de Estado, que el Congreso no quiso tramitar una ley ‘fast track’ que terminó por hundir el proceso de paz del 2016.
“Varias de la órdenes impartidas por el constituyente al legislador no se han cumplido, las principales, la de hacer un nuevo ordenamiento territorial y la del estatuto del trabajo”, agregó Petro, que alegó que tampoco se han atendido otras reformas como “la descarbonización de la economía; la reforma a la justicia y a la política, o, la importancia fundamental de la verdad judicial, la restauración de las víctimas, la reconciliación y el perdón social”.
En respuesta, el exministro Alejandro Gaviria, otrora funcionario de Petro, describió las flaquezas del “gobierno del cambio” que hoy apuntan a meterle mano a la Constitución. Según Gaviria, mientras el Plan de Desarrollo del Jefe de Estado sigue “sin ejecutar” y su proyecto bandera –la reforma a la salud– se hunde en el Congreso “por cuenta del peso de sus propias contradicciones”, Petro aboga por una Constituyente a punta de “difamaciones y divagaciones”, así como “sobreimplificaciones de nuestra realidad económica e institucional e ideas vagas”.
Que Petro se aventure en semejante camino, de acuerdo con el exministro, es solo un reconocimiento involuntario de un fracaso. “El ‘proyecto constituyente’ (o como lo quieran llamar) no es otra cosa que el abandono de las realidades difíciles del gobierno por los glorias fáciles de la campaña. Una especie de renuncia: el presidente decidió simplemente abandonar su obligación de gobernar y de sacar adelante sus ideas. En eso estamos”.
Al margen de las diferencias, lo cierto hoy es que Petro no completa ni la mitad de su mandato y ya está enfrascado en sendas disputas que amenazan con empantanar el camino para lograr sus reformas: el Congreso.
La posibilidad, latente y real –según los propios congresistas–, de que el Jefe de Estado abandone la ruta de la concertación y trate de desconocer al Congreso en su idea constituyente podría terminar por cerrar cualquier ventana de conciliación política, lo que podría ser el germen de otro ciclo de confrontación y violencia en Colombia entre sectores extremistas. Sin duda, la pelota está en manos del presidente Petro.
¿Y la reforma laboral?
Si bien ha pasado a un segundo plano en medio de las diferencias por las reformas pensional y a la salud, la laboral es otra de las iniciativas de toda la entraña del petrismo. El proyecto enfrenta su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, donde en un primer momento ya se aprobó un primer paquete de 16 artículos, entre ellos, el que consagra los recargos por trabajo en días festivos. Sin embargo, la gran mayoría del articulado sigue sin discutirse y aún no hay chances de que se destrabe su discusión. “Cada día trae su afán. Estamos esperando que se reactive el debate, que le demos continuidad. Ya tenemos 16 artículos aprobados. Estamos esperando que siga la discusión y que la Comisión la retome”, manifestó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. A diferencia de las otras reformas, para que continúe su trámite en el Congreso el proyecto debe lograr su aprobación en primer debate antes del 20 de junio.
