El precandidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, acaba de ganar una batalla jurídica en el proceso que se adelanta en su contra por la supuesta irregularidad en un contrato que sostuvo cuando fue gobernador de Antioquia.
La investigación –por la que ya fue acusado– puede tomar un giro inesperado, pues el Tribunal Superior de Bogotá acaba de conceder un pedido de la defensa de Fajardo, la cual solicitó conocer los correos cruzados entre la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía y la Auditoría General para revisar si hubo transparencia en el proceso.
El magistrado José Joaquín Burbano ordenó revelarles cinco millones de correos que se enviaron dichas entidades, al considerar que es de interés establecer si el caso del antioqueño se ha ajustado a la ley.
En diálogo con este medio, Mauricio Pava, abogado del precandidato por la Coalición Centro Esperanza, explicó que “nos dieron la razón en la petición de establecer si se ha actuado o no con transparencia y objetividad por la Fiscalía, más cuando los propios expertos de la Fiscalía –en 30 páginas– le dijeron al fiscal que Sergio Fajardo había actuado correctamente, lo que igual ratifica la decisión que en el 2017 lo exoneró en la Procuraduría”.
Lo que vendrá ahora es revisar todas las comunicaciones que mantuvieron por ese tiempo el exgobernador Luis Pérez, Carlos Felipe Córdoba (entonces auditor general y hoy contralor) y el exfiscal Luis Gustavo Moreno. De lo que salga de allí se recaudará un material que eventualmente podría presentarse a la Corte Suprema de Justicia, la cual adelanta un proceso por este motivo.
En sus redes, este viernes el antioqueño se refirió a la reciente decisión y a dichas personas. “Vamos a demostrar los intereses oscuros detrás de la investigación de la Fiscalía Barbosa. Tenemos claridad de los lazos entre Luis Pérez, Pipe Córdoba y el encarcelado exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, para sacarme de la política”, resaltó.
El polémico préstamo
El origen de esta historia que podría empañar las aspiraciones políticas del antioqueño se remonta al año 2013, cuando avaló un préstamo que, según la Fiscalía, generó pérdidas por $320.000 millones para el departamento.
Eso llevó a que el ente lo acusara el año pasado de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación en favor de terceros. Sin embargo, en esta investigación la defensa ha cuestionado el actuar de las autoridades.
Primero, porque alegan que el hoy contralor Córdoba no debió haberlo investigado como auditor. Además, que el caso estuvo en manos del cuestionado exfiscal Moreno, vinculado al Cartel de La Toga. Y por último, que para ese tiempo fueron 148 los créditos en dólares, y que solo fue investigado uno: el de Fajardo.
La revelación de los millones de correos también podría llevar a conocer si, en efecto, hubo contratos irregulares de otras personas que merezcan ser investigados.
