El Tribunal de Cundinamarca dio por hecha la adjudicación del millonario contrato para la impresión de pasaportes y, por ende, inadmitió una tutela de la multinacional Thomas Greg and Sons que buscaba suspender la nueva licitación por decisión judicial.
En dicha acción de tutela presentada por TGS, la compañía, que también tiene una demanda activa contra la Nación por 117.000 millones de pesos, solicitó una medida cautelar de urgencia para prevenir la afectación económica del erario público.
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Según sus peticiones, el Tribunal debía decretar la suspensión de la Licitación Pública N° LP-003-2003, cuyo objeto es “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Como es bien sabido, dicha licitación fue lanzada por el Gobierno hace un par de semanas luego de que declarara desierta la pasada licitación en la que Thomas llegó hasta el final pero con serios señalamientos de favorecimientos y presuntos hechos de corrupción.
Así las cosas, TGS pedía tumbar la nueva licitación porque consideraban que ellos debían ser adjudicados y que había un riesgo de detrimento patrimonial si el Gobierno seguía con ese otro proceso que podía hacerlos perder la millonaria demanda de más de $100.000 millones.
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Pese a eso, el Tribunal consideró que, dado que la Cancillería ya les entregó el contrato, la tutela queda sin efectos prácticos y “por lo tanto, como no se configura un perjuicio irremediable al erario público, no se decretará la medida cautelar de urgencia solicitada por la parte demandante”, dijo la autoridad judicial.
En efecto, el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, le adjudicó el contrato a TGS sin preguntarle al presidente Gustavo Petro o a su superior, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, y canceló la nueva licitación que buscaba encontrar un nuevo contratista “en condiciones de competencia justas”.
Una vez se enteró de esos movimientos que se hicieron a sus espaldas, el presidente Gustavo Petro llamó a Salazar “traidor” y empezó a buscar las soluciones jurídicas para tumbar sus decisiones administrativas.
Justo un día después, el canciller (e) Murillo salió a decir que Salazar no tenía el poder para tomar esas decisiones y que el Gobierno no las dejará en firme, con lo que se entendió que la licitación seguía en pie.
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Pese a eso, esta decisión del Tribunal de Cundinamarca da por hecho que la adjudicación del contrato ya se dio y que no hay espacio a nuevas decisiones, un movimiento que siembra aún más dudas sobre si el Gobierno Petro sí puede reversar las decisiones del exsecretario general de la Cancillería.
