Desde los primeros días de mayo se conocieron los chats entre Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones y Olmedo López, director de la Ungrd que ya daban cuenta del escándalo. Sin embargo, solo hasta ayer la Fiscalía General inició una investigación contra la mencionada Ortiz, el hoy director de Inteligencia, Carlos Ramón González, y los ministros Luis Fernando Velasco, ex de Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda.
Todos esos nombres ya se conocían públicamente en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. De hecho, el Gobierno decidió pedirle la renuncia a Ortiz, quien era la alta consejera para las regiones por su mención en esos chats y las declaraciones de los dos testigos.
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Por eso no fueron pocos los que ayer se preguntaban por qué apenas hasta ahora la Fiscalía General decidió abrirles investigación por este explosivo escándalo a los altos funcionarios del escándalo. Como se recordará, la fiscal Luz Adriana Camargo llegó a ese cargo luego de ser tornada por el presidente Gustavo Petro, y por eso hay quienes le atribuyen la lentitud en abrir la investigación a una supuesta cercanía con el gobierno.
De otro lado, la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia informó este jueves que los discos duros y las memorias de dos computadores portátiles de la Presidencia habrían sido robados. Estos elementos pertenecían a dos contratistas que fungían como asesores de la ex alta consejera Ortiz, según confirmó el Gobierno en un comunicado de prensa. A pesar de esto, Ortiz también dijo tener en su poder los recibidos que le dieron cuando entregó los equipos de su trabajo.
Los contratistas que tenían asignados esos equipos eran Ricardo Castiblanco Ramírez y Diana Carolina Durán Ortiz, quienes salieron de la entidad tras la renuncia de Ortiz en medio de las revelaciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, que salpicaron a la exconsejera con presuntos sobornos a congresistas.
¿Quiénes eran estos asesores?
Castiblanco era el encargado de organizar los datos y documentos de la exfuncionaria antes de entrar a los consejos de ministros con el presidente Gustavo Petro en los que se le hacía seguimiento a los proyectos en las regiones y en los que se les daba línea de otros compromisos para ejecutar.
Así mismo, fue presidente de la Fiduprevisora. Cargo al que llegó tras ser postulado por el Ministerio de Hacienda en julio de 2021, cuya cabeza en ese entonces era el economista José Manuel Acevedo.
Es economista y especialista en finanzas de la Universidad el Rosario y ha estado vinculado laboralmente con el Congreso, Credicorp Capital, el Ministerio de Comercio y la Organización Internacional para las Migraciones.
Entre tanto, Durán se encargaba de seguir el cumplimiento de las sentencias judiciales que se fallaran en contra de los intereses de la Presidencia de la República.
Además, es abogada especialista en derecho contractual y relaciones jurídico negociales de la Universidad Externado. Según su perfil de LinkedIn, ejerce su carrera desde 2003 y ha estado vinculada al sector privado y público mediante asesorías jurídicas.
Ha laborado en la Alcaldía de Tunja, en la Gobernación de Boyacá, en el Hospital Regional de Duitama y en el Instituto de Recreación y Deporte de Paipa, en el mismo departamento. Antes de ser asesora en la Presidencia, se desempeñó como directora jurídica de la empresa Inversiones Dama Salud SAS y como abogada de defensa legal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Este diario intentó acceder a su hoja de vida pública en la página del Departamento de la Función Pública, pero el documento fue borrado.
La pérdida de estos artículos no pasaría de ser una anécdota que terminaría con un cobro por pérdida si no fuera por el elefante de corrupción en UNGRD en el que estaría montado Sandra Ortiz. La ex alta consejera para las Regiones fue señalada por el exdirector de esa entidad, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, de participar en el ofrecimiento de sobornos en el Congreso para apoyar iniciativas del Gobierno.
Incluso, López la referenció como la que cuadraba el pago de coimas entre legisladores y alcaldes.
Y, como hoy en día, todo deja una huella digital o virtual, los computadores son una pista para seguir alguna evidencia de los presuntos hechos de corrupción.
Basta con ver los chats de WhatsApp (revelados por Noticias Caracol) que Pinilla le entregó a la justicia en donde habla con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su asesora de despacho, un asesor de Presidencia y enlaces de las alcaldías municipales para dimensionar el nivel de información comprometedora que puede haber en un aparato electrónico.
¿Qué dijo la Casa de Nariño?
En un comunicado compartido por la Presidencia, señalaron que, durante la entrega a la nueva administración de la Consejería de Regiones, se recibieron dos computadores incompletos. “Uno sin disco duro y otro sin memoria asignados a contratistas del equipo de esta dependencia”, consignaron.
Al respecto, indicaron que activaron todos los procedimientos de control interno administrativo pertinentes para verificar qué ocurrió con estos elementos.
“El área de sistemas del despacho de Presidencia está revisando la información recopilada y está a la espera de avances para, en caso de que sea necesario, proceder con acciones conforme a la ley y dar curso a las entidades pertinentes”, se lee en el comunicado de prensa.
Finalmente, aseguraron que cualquier hallazgo de interés público que se confirme va a ser informado a las autoridades competentes.
Ortiz aseguró en una entrevista con Blu Radio que ella y su equipo entregaron los equipos en buen estado y que les dieron un paz y salvo.
Por los señalamientos en su contra, la ex alta consejera estuvo en la Corte Suprema de Justicia hace un mes en una diligencia en la que fue llamada en calidad de testigo. Allí se abstuvo de contestar algunos interrogantes y, al salir, aseguró que “hablé con la verdad” y que “le cumplí a la Corte”.
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$3.000
millones fue el precio de la presunta coima que Ortiz le habría dado al presidente del Senado.
