Las últimas resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que revocaron las candidaturas de varios aspirantes a cargos de elección popular, desataron una tormenta política y judicial nunca antes vista.
Tanto así, que el propio Jefe de Estado, Gustavo Petro, quien no puede participar en asuntos políticos, le echó más gasolina al fuego afirmando que esa institución está golpeando “las alternativas políticas en las elecciones locales”, aludiendo a que las decisiones del CNE, más que tomarse en derecho, obedecen a intereses particulares, según él.
En las últimas dos semanas el tribunal revocó las candidaturas de varios barones electorales, como Rodolfo Hernández, quien está en carrera por la Gobernación de Santander; y de otros que tienen chance de pelear la aspiración, como Tulio Gómez, quien estaba de segundo en las encuestas para la Gobernación de Valle.
Este último caso desató una discusión en redes sociales entre Petro y Dilian Francisca Toro, la candidata que puntea en el Valle.
“Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana, pasándose por la faja la voluntad libre del pueblo. Hay que citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales”, trinó ayer el Presidente.
Luego publicó en su cuenta una imagen con la tabulación de una encuesta de Atlas Intel y La Silla Vacía, la cual indicaba la intención de voto para la Gobernación del Valle, otorgándole a Toro el 32,4% y a Gómez el 27,7%. “Se entiende lo que está pasando”, concluyó el Primer Mandatario, sin ocultar su doble sentido.
Dilian Francisca Toro, quien al principio del mandato de Petro hizo parte de la coalición de Gobierno en el Congreso, dirigiendo el partido de la U, le replicó en la red X a su exaliado.
“Gustavo, el país desmoronándose, los violentos acabando con la seguridad, la economía en caída, y vos descuadernando la institucionalidad desde la comodidad de las redes sociales. Te invito a gobernar y a no desequilibrar más la democracia, que gracias a ella hoy te permite estar en el poder, el país no merece este trato de parte tuya. Empecemos por dar garantías a todos en este proceso electoral siendo respetuosos de los fallos y la institucionalidad; la paz política empieza por ahí”.
Y frente al tema de Tulio Gómez y la encuesta, remató: “Gustavo, llevo 30 años trabajando por la democracia, nunca me han regalado nada. ¿O acaso, a vos las elecciones te las regaló el contrincante que ahora defiendes?”.
Cuestionamientos a la entidad
Enfrentamientos como este se están repitiendo en diferentes escenarios políticos y podrían incrementarse de cuenta del gran cúmulo de solicitudes para revocar candidaturas que analiza el CNE: 3.500 en total.
Con corte al 21 de septiembre, los magistrados ya habían conceptuado que 724 aspirantes estaban inhabilitados por sanciones disciplinarias vigentes en su contra. La mayoría, 596, estaban en carrera por Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales (JAL), pero las controversias nacionales comenzaron en la última semana, cuando la guadaña del CNE pasó por las candidaturas de los pesos pesados en las regiones.
A los ya citados casos de Rodolfo Hernández y Tulio Gómez, se suman los del exnarcotraficante Santander Lopesierra, quien pretende la Alcaldía de Maicao y, además de tener una extradición en sus antecedentes, también es investigado por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro en la Costa Atlántica.
En la lista de revocados aparece la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, quien aspira a ser electa por tercera vez en la Alcaldía de Albania.
En su contra jugó una inhabilidad por el expediente penal que la llevó a la cárcel en 2017, por el presunto detrimento patrimonial de $5.982 millones en su primer mandato en Albania. Aunque salió libre por vencimiento de términos, el caso sigue activo y pendiente del fallo definitivo.
A Liliana Ramírez Quintero, la prima del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el CNE le revocó la inscripción a su candidatura por la Alcaldía de La Estrella, al considerar que su renuncia al cargo de personera, antes de inscribir su aspiración, fue extemporánea.
La autoridad electoral revocó la inscripción de Patricia Caicedo, la candidata de la izquierda a la Alcaldía de Santa Marta, por considerar que había un conflicto de intereses, dado que su hermano Carlos Caicedo es el actual gobernador de Magdalena.
Hay que decir que no todas las decisiones del CNE han sido desfavorables. También han ratificado las inscripciones de Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá; y de Julián Bedoya y Jorge Rey a las gobernaciones de Antioquia y Cundinamarca, respectivamente.
Aunque en algunos casos hay antecedentes penales e inhabilidades disciplinarias que motivaron las revocatorias, la naturaleza política del CNE, sumada a la polarización que reina en el periodo electoral, están poniendo en tela de juicio las intenciones de esa autoridad.
Según el CNE, Gómez tendría inhabilidades porque supuestamente firmó convenios con la Alcaldía de Cali para el alquiler del estadio Pascual Guerrero y dos locales comerciales faltando menos de un año para su candidatura.
Este motivo, que fue rechazado por el propio afectado, provocó los cuestionamientos de varios partidos y personajes de la vida pública.
“De acuerdo con informaciones de prensa, las decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre las candidaturas de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Bogotá versan sobre hechos prácticamente iguales; pero sus conclusiones son totalmente opuestas. Quise leerlas, pero aún no están publicadas. ¿Dónde queda el derecho fundamental a la defensa, a elegir y ser elegido?”, se preguntó el senador David Luna, de Cambio Radical.
Y la bancada de congresistas del Partido Verde expuso que acompañará “los recursos jurídicos que el candidato interponga para recuperar sus derechos políticos”.
Los nueve magistrados del CNE son elegidos por el Congreso de la República para un periodo de cuatro años, de acuerdo con el artículo 264 de la Constitución.
Esto implica que las designaciones dependen de cómo estén alineadas las fuerzas en el Legislativo durante esa elección, y aunque ese organismo sostiene que sus decisiones son en derecho, esa conformación de origen partidista suele poner en tela de juicio algunos de sus pronunciamientos.
La lupa actualmente está sobre Alfonso Campo Martínez, el nuevo presidente de ese organismo, quien fue director de la Unidad Nacional del Protección (UNP) en el gobierno de Iván Duque (2020-22). Su designación, el pasado 27 de septiembre, coincidió con la época previa a las elecciones regionales.
Avalancha de recursos
Los aspirantes afectados por las revocatorias del CNE anunciaron recursos de reposición (ante la propia entidad), tutelas para garantizar sus derechos políticos, y hasta demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que interponga medidas cautelares.
Rodolfo Hernández, por su parte, informó que usará “los medios legales que tengo como ciudadano para seguir firme contra la politiquería y los corruptos que se tomaron el sistema, porque esta decisión de revocatoria fue eso, politiquera: magistrados que están a la orden de partidos contra los que he luchado desde que empecé, instituciones como la Procuraduría maniatadas por clanes sirviendo a merced para asesinar políticamente a sus contenedores”.
El excandidato presidencial destacó que interpondrá una acción de tutela, y su partido, la Liga Anticorrupción, precisó que no frenará la campaña.
Como tampoco la detendrá Tulio Gómez, quien tiene avales del Partido Verde, En Marcha y Ecologista de Colombia.
Sus simpatizantes hicieron ayer un plantón en Cali, en rechazo a la decisión del CNE. Y el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, recusó al magistrado César Lorduy, ponente de la revocatoria contra Gómez, por considerar que “su imparcialidad está viciada y ha vulnerado el debido proceso”.
El candidato más cuestionado de todos, Santander Lopesierra, conocido en el bajo mundo como “el Hombre Marlboro”, también dijo que se defendería en los estrados; sin embargo, anunció que jugará otra carta: inscribirá la candidatura de su hijo Samuel Santander Lopesierra Rosado en su reemplazo.
El problema de todos estos recursos jurídicos es que, además de ser numerosos, están en una carrera contra el tiempo, pues apenas falta un mes para los sufragios (octubre 29).
De hecho, los candidatos tuvieron hasta anoche para presentar sus impugnaciones a las decisiones del CNE. La Registraduría tuvo que ampliar sus horarios para atender la alta demanda.
La directora de Gestión Electoral de esa entidad, Ludis Campo, envió un memorando a los delegados departamentales indicando que la situación se debía a la coyuntura provocada porque “el Consejo Nacional Electoral ha tenido dificultades para emitir las certificaciones de ejecutoria de las decisiones sobre revocatorias de inscripción”.
Al cierre de esta edición, el CNE publicó una constancia de la subsecretaria Daimi Lindo Lozano, que dio respuesta a las quejas de varios candidatos, los cuales dijeron que se enteraron de sus revocatorias por la prensa, sin ser notificados oficialmente. Según la funcionaria, ya todas “fueron notificadas en estrados”, por lo que quedaron ejecutoriadas.
Y lanzó una advertencia: “el CNE, de acuerdo a sus competencias, continuará adelantando trámites de revocatorias de inscripción de candidaturas”.
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ANEXO: EL ANÁLISIS
Los caminos jurídicos para los candidatos y partidos
Frente a la avalancha de revocatorias y anulación de inscripciones, el abogado Alfonso Portela –consultor en temas electorales–, advirtió que hasta este viernes los candidatos y los partidos tenían plazo de impugnar las decisiones, justamente a un mes de las elecciones regionales.
“El artículo 31 de la Ley 1475 (sobre procesos electorales) establece que los partidos pueden modificar las listas solo cuando el CNE haya revocado esa inscripción y esta se encuentre debidamente ejecutoriada, pero esa modificación solo se podía hacer hasta el día de ayer, es decir, hasta un mes antes de las elecciones”, explicó.
Ante ese escenario, Portela aseguró que uno de los caminos jurídicos que les quedan a los aspirantes y movimientos políticos es acudir a la acción de tutela para que les respeten los derechos políticos, teniendo en cuenta que muchas decisiones –y algunas de las más controversiales–, fueron adoptadas en la última semana, lo que aprieta los tiempos para impugnaciones.
Justamente, ese es el camino que adoptó el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien busca anular la decisión que lo sacó de la contienda a través de una tutela en la que alegó que el CNE violó sus derechos políticos. “Se entutela el derecho fundamental a elegir y ser elegido, y el derecho de los partidos a postular candidatos”, indicó el consultor.
Otro camino, agregó Portela, es que el afectado solicite la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, “que protege los derechos políticos frente a una decisión de una autoridad administrativa que le quita la posibilidad de participar en un proceso político”.
Sin embargo, a diferencia de una tutela, ese camino es más demorado, por lo que los candidatos que esperan que su nombre y foto aparezcan en el tarjetón el 29 de octubre deberán acudir a la tutela como mecanismo más rápido y expedito para echar al traste las decisiones contrarias de la autoridad electoral. El tiempo corre y ya la Registraduría se dispone a imprimir los millones de tarjetones.
