Luego de que el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, desautorizara y señalara que no tenía competencias para revocar el acto administrativo, el declarado insubsistente secretario Salazar se pronunció y aseguró que se ratifica en sus acciones.
José Antonio Salazar, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, le encontró una salida al lío de los pasaportes y en un giro sorpresivo para el país tomó la decisión de adjudicar el millonario contrato a la multinacional Thomas Greg & Sons.
Esa determinación le costó su cargo cuando minutos después el presidente Gustavo Petro señaló una “traición” y lo declaró insubsistente.
El gobierno no habría quedado contento con su actuación, tanto así que al día siguiente, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, lanzó un duro pronunciamiento con el que pretendía revertir la decisión señalando que Salazar no tenía el poder ni las competencias para entregar el contrato y suspender la licitación que había dejado en curso el suspendido canciller Álvaro Leyva.
Sin embargo, ante la falta de respaldo, Salazar se ha mantenido firme en su posición. Tras la declaración de insubsistencia, el exsecretario señaló que lo que hizo fue cumplir con su deber, aduciendo que nada estaría por encima de eso.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Salazar reconoció que no le consultó a nadie para adjudicar el contrato porque “la Constitución y la Ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo”.
Y ante las declaraciones de Murillo, el funcionario no se retractó de sus actuaciones. “Me ratifico en todo lo que he hecho, me ratifico en mi posición, en el sentido en que he actuado solo con las competencias que tengo, con el cumplimiento del deber”. Así mismo, señaló que atraviesa “dificultades de índole personal” y que “siente temor”.
En ese contexto, Salazar aseguró que su decisión salvó a la Nación de una demanda de 117.000 millones de pesos que estaba peleando Thomas Greg y que, con esta decisión, “debería quedar eliminada”.
En efecto, en la mañana de este lunes, el Tribunal de Cundinamarca dio por sentada la adjudicación del millonario contrato, a pesar de que desde el gobierno no lo reconozcan, e inadmitió el recurso que interpuso la multinacional TGS para suspender el nuevo proceso licitatorio.
