La suspensión de Colombia del Grupo Egmont, la red internacional de unidades de inteligencia financiera, tendría graves implicaciones para la lucha contra el crimen organizado y la financiación del terrorismo en el país.
Esta medida se produce luego de que el presidente Gustavo Petro revelara en una alocución en televisión nacional una denuncia sobre la compra del software de espionaje Pegasus, presuntamente adquirido durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
El jefe de Estado reveló información confidencial sobre el caso, leyendo códigos letra por letra del contenido del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel (IMPA) enviado al director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, a pesar de que el texto advertía era “altamente sensible y no puede ser difundido fuera de la UIAF”.
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“Como soy el presidente de la República y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición”, siguió Petro violando así los protocolos de confidencialidad.
El Grupo Egmont, compuesto por unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, trabaja para facilitar el intercambio de información crucial entre países sobre operaciones financieras sospechosas para detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La suspensión significa que el país perderá temporalmente acceso a estos datos y podría obstaculizar la capacidad de las autoridades, según detalló el docente Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana, en una entrevista con la W Radio.
El experto señala que esta situación dificulta la detección de flujos de dinero ilícitos y puede proporcionar un mayor margen de maniobra a los criminales que utilizan el sistema financiero colombiano para sus actividades ilícitas.
“Esto en esencia lo que supone es que es más difícil para las autoridades detectar los flujos de dinero que utilizan las transacciones financieras internacionales el sistema financiero tanto de Colombia como del exterior de cada uno de los países de fuera, para hacer o lavado de activos o financiación del terrorismo. Colombia, siendo un país que tiene problemas muy serios de crimen organizado y de conflicto interno, pierde una herramienta de lucha”, explicó Restrepo a esa emisora.
Sin el Grupo Egmont, el país entraría en condiciones extremadamente favorables para la evasión fiscal y el secreto financiero. Simultáneamente, podría afectar la visión positiva del país a nivel internacional para inversiones y operaciones financieras. En resumidas cuentas, un paraíso fiscal.
“Cualquier criminal que vaya a utilizar el sistema financiero colombiano puede hacerlo con algo más de tranquilidad, digamos esto es un mecanismo que termina obstaculizando el lavado de activos y los flujos de financiación del terrorismo”, señaló el economista.
“Las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, el CTI y la Policía Nacional, pues no podrán tener acceso en el marco de esas investigaciones a los reportes de operaciones sospechosas de hacer parte de un esquema de lavado de activos o financiación del terrorismo”, advirtió.
Sin embargo, el jefe de Estado defendió su decisión de transmitir esta información a millones de colombianos. “Dice la leyenda que los vampiros pierden cuando se les muestra a la luz”, comentó Petro con relación a los problemas que puede ocasionar su revelación al arriesgar el intercambio de información sobre lavado de activos con la red internacional.
Entre tanto, la próxima semana, el Grupo Egmont se reunirá con la UIAF Colombia para decidir el siguiente paso tras la revelación de información y determinarán si efectivamente se violó alguna de las normas de confidencialidad o si el país puede reingresar o no a los datos de la red internacional.
