En la oficina jurídica de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, están analizando la suspensión de la licencia ambiental de hidrocarburos otorgada a la empresa Hupecol Operating en los municipios de San Vicente del Caguán y La Macarena (Meta), a 64 kilómetros de Caño Cristales. Desde 2008, la compañía ha venido adelantando un proceso ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para lograr la exploración en 30.800 hectáreas.
Basado en un concepto expedido en julio de 2015 por la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena (Cormacarena), el Ministerio de Ambiente decidió suspender la licencia. Dicho concepto señalaba la “no viabilidad del proyecto denominado Área de Interés de Perforación Exploratoria (Aipe) Serranía de la empresa Hupecol”.
La firma petrolera ha señalado que la exploración no está situada dentro del Parque Natural Tinigua. “El área que se puede intervenir se encuentra a 4 kilómetros de distancia de los límites del Parque Natural”, dice. Hupecol ha argumentado que el proyecto está a 68 kilómetros de Caño Cristales, a 23 kilómetros del río Guayabero y a 48 kilómetros del río Duda. La zona que se vería afectada, dice la empresa, “ya se encuentra intervenida por actividades como la agricultura, la ganadería, la explotación maderera y asentamientos humanos”.
Con la Resolución 286 del 18 de marzo de 2016, la Anla le otorgó la licencia a Hupecol y, por ende, el permiso para explorar 50 pozos en 16.300 hectáreas (47 % del territorio que solicitaba la compañía). Sin embargo, el Ministerio de Ambiente suspendió la licencia argumentando que “aún no existiendo riesgos técnicos de afectación del ecosistema se restrinja la viabilidad de este tipo de actividades para asegurar la protección integral de la región”.
Expertos analizan el caso
La suspensión de la licencia ambiental en La Macarena podría conllevar una demanda millonaria contra el Estado por parte Hupecol. Así lo considera Hernando Escobar, experto en Derecho Minero. “La empresa hizo un estudio de impacto ambiental y el Ministerio no se ha referido a las supuestas fallas de ese estudio. No ha dicho científicamente si se ha comprobado que va a haber afectación en los ríos. El Gobierno dice que no hay derechos adquiridos porque el ambiente está por encima de todo. Así desconocen el derecho a la propiedad y podrían ser demandados en tribunales internacionales, como ya lo hizo la empresa Cosigo Resources”. Con esta demanda, Cosigo espera que el Estado le pague 16.000 millones de dólares por una concesión de oro que se le negó en el departamento de Vichada.
Otra es la opinión de Álvaro Pardo, director del centro de estudios Colombia Punto Medio: “En materia ambiental, la legislación no reconoce derechos adquiridos. Si el Gobierno colombiano determinó que se está causando un daño al ecosistema puede retirar la licencia. En lo que hizo la Anla preocupa que no hayan tenido en cuenta el estudio que hizo Parques Nacionales Naturales y el geólogo Julio Fierro, donde demuestra había afectación”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el geólogo Julio Fierro Morales explicó que “el estudio de Hupecol solo contempla 25 puntos de observación en un área de 30.800 hectáreas, es decir, cerca de un punto de observación por cada 400 hectáreas. Esto no constituye una base científica sólida. Usualmente se debe detener un punto por cada 10 hectáreas”.
El procurador General, Alejandro Ordóñez, también llamó la atención este caso: “Hay unos riesgos que han movido a la comunidad. Hay un tema para pensar, evaluar y reaccionar. La Anla duró cuatro años en un proceso donde han debido prever lo que previeron ayer. También debieron prever las razones por las cuales se determinaron la suspensión..
