La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional por tres meses ordenada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, que se profirió el pasado 24 de enero por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.
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Pero ahora, además de confirmar esta suspensión, le abrió una nueva investigación por desacatar esa orden y compulsó copias a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el comportamiento del ministro constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada por esa entidad.
Según el ente de control disciplinario, llegaron a la conclusión de que la decisión inicial contra el funcionario del Gobierno fue adoptada legalmente, después de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala, así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa.
En ese sentido, se estableció que la procuradora Margarita Cabello no vulneró los derechos y las garantías de Álvaro Leyva, en tanto se limitó a anunciar que se formularon cargos, sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad. Además, se confirmó que no se hicieron comentarios o emitieron calificativos sobre el caso específico.
No obstante, al canciller se le fue más hondo. Ese ente de control también ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata.
Por eso, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería de Colombia, haciendo caso omiso a que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes.
Así las cosas, la Procuraduría sostuvo que investigará el supuesto incumplimiento del funcionario del que informaron varios medios de comunicación del país, en los cuales se alude su continuidad en el cargo y su decisión de solo apartarse del mismo una vez el presidente nombre su reemplazo.
Finalmente, solicitó pruebas con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos enunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
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