Luis Carlos Leal también anunció que están verificando la documentación para dar inicio al estudio de la solicitud y definir si aprueba o niega el desmonte de la EPS Sura. La Superintendencia tiene 65 días para responder.
Tras el anuncio de la EPS Sura que este martes informó su decisión de solicitarle a la Superintendencia de Salud que la retire del sistema de salud, el superintendente, Luis Carlos Leal, explicó que la entidad se encuentra verificando que los documentos presentados están en regla para poder “dar inicio a los tiempos de ley para estudiar el requerimiento” de la Entidad Promotora de Salud que cuenta con 5,5 millones de afiliados en todo el país.
Tras esta revisión, explicó el superintendente, se definirá “si se aprueba o se niega esta solicitud de desmonte por parte de la EPS”. Mientras esto ocurre, el Supersalud reiteró que se debe garantizar la atención de los pacientes afiliados a Sura, los cuales, en su gran mayoría, está en Medellín y Antioquia.
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“A ninguna persona, así como la EPS lo ha aclarado en su comunicado, se le puede vulnerar su derecho a la salud. No tiene que cambiarse de EPS, su afiliación continúa vigente y el Gobierno Nacional le continuará girando los recursos para la atención y para la prestación del servicio de salud en todo el territorio nacional”, indicó Leal en un video publicado en la cuenta de X (antes Twitter) de la Supersalud, al mismo tiempo que reiteró que la entidad “continuará haciendo la vigilancia para que efectivamente la EPS continúe prestando los servicios con oportunidad y con calidad a cada una de las personas”.
Leal también aclaró a los afiliados que ninguna de las autorizaciones vigentes perderá vigencia tras el anuncio de Sura, así como “ninguna de las hospitalizaciones pierde vigencia, las cirugías programadas deben continuar en caso, inclusive, de autorizarse este desmonte progresivo para el cual la Superintendencia, una vez verifique el cumplimiento de los requisitos, tiene 65 días hábiles para tomar esa decisión”.
En ese sentido, explicó que de darse el desmonte solicitado por la EPS, “se debe hacer el estudio de las necesidades de cada una de las personas afiliadas y de la posibilidad de traslado al interior del sistema en cada una de las regiones”, esto con el fin de garantizar que “en todo momento se dé continuidad en los tratamientos y se respete el derecho fundamental a la salud de todas las personas”.
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De acuerdo con Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, la solicitud que la EPS Sura radicó ante la Supersalud debe recibir una respuesta en máximo 65 días.
En dicho plazo, la Superintendencia debe tomar una decisión frente al programa de desmonte progresivo que presentó la EPS, y si este fuera aprobado, iniciaría de inmediato su implementación.
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Sura tiene 5,5 millones de afiliados y, de darse su desmonte, tendrían que ir a una EPS que ordene el Gobierno Nacional, pero en vista de que las más grandes ya están en algún proceso de intervención ante la Supersalud, no es muy claro cuál pueda ser la que los reciba.
Llano fue enfática en aclarar que Sura no tiene plan B; sin embargo, el Gobierno podría intervenir a la EPS Sura por no cumplir con los requisitos de habilitación financiera. La EPS ha acumulado pérdidas en los dos últimos años por más de $221.000 millones.
