Si bien la aprobación de la reforma pensional el viernes pasado en el Congreso borró del imaginario el bloqueo institucional, “golpe blando”, golpe de Estado y demás conceptos que el presidente venía argumentando desde hace meses para darle cabida a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente que luego él mismo derivó en el confuso “poder constituyente”, la reforma a la salud sigue siendo la más importante apuesta de programas sociales del Gobierno que sí se cayó en el tercer debate, incluso antes de pasar a la última plenaria.
Le puede interesar: ¡Atención! Salud Bolívar EPS también pidió retiro voluntario del sistema
Expertos han dicho que tras esa frustración, la administración del presidente Gustavo Petro decidió emprender la reforma vía decreto y decisiones administrativas. A través de las intervenciones de la Superintendencia de Salud ya son más de 26 millones de pacientes sobre los cuales el Gobierno tiene una responsabilidad directa al ejercer a través de interventores la administración de sus servicios y la entrega de los medicamentos. Y hay por lo menos tres EPS que han pedido el cierre voluntario de sus programas en el sistema: Compensar, Sura y EPS Bolívar que aún no tienen una respuesta certera de la institución. Y no la tendrán pronto.
Tras cuatro meses en el cargo, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, explica en entrevista con EL COLOMBIANO por qué no ha tomado ninguna decisión sobre el cierre de esos servicios y dice que los hallazgos de posibles hechos irregulares en la Nueva EPS son graves.
¿Tras estos cuatro meses, cuál es el panorama con todas sus decisiones en el sector salud?
Es un ejercicio juicioso de inspección, vigilancia y control el que hemos hecho con las intervenciones y la implementación de estrategias novedosas que no se habían hecho antes en el sector para garantizar que las intervenciones cumplan con el objetivo de mejorar los estándares de calidad y garantizar que los recursos de la salud lleguen a donde deben llegar y se utilicen de una manera adecuada.
Frente a los retiros hay varios elementos a analizar. Desde la Superintendencia entendemos y sabemos que hay muchas de las entidades que han manifestado abiertamente que el sistema actual genera una serie de inconvenientes, sobre todo en materia financiera para que cumplan los indicadores de habilitación.
Conozca: Enrique Vargas responde a los señalamientos de Petro por crisis con las EPS: “No se ocultaron deudas de ningún tipo”
Tenemos la responsabilidad de estudiar que se cumpla con los requisitos, y una vez se cumpla con los requisitos, dar el diagnóstico, análisis y la aprobación o negación de cada una de las solicitudes de retiro, bien sea bajo la figura de desmonte progresivo como lo pidió Sura, o la liquidación voluntaria como lo pidió Compensar y Seguros Bolívar.
La responsabilidad que más nos asiste es que existan las garantías para que las personas que se encuentran afiliadas a estas EPS no tengan contra tiempos, no se les vulnere su derecho y haya una prestación adecuada del servicio. En eso estamos trabajando, la intención de cada una de las entidades del retiro del sistema queda a conciencia de cada una de las entidades.
El Ministerio de Salud expidió un decreto reciente para que las EPS que tengan alguna medida especial puedan recibir traslados de afiliados. Se dijo que esto abría las puertas para que Nueva EPS se quedara con los afiliados de las aseguradoras que están saliendo. ¿Es cierto?
Esto es una ratificación de una norma que ya existía. La norma anterior hablaba de una restricción a las EPS que tuvieran alguna medida administrativa, pero medida administrativa son todas las medidas que tiene la Superintendencia.
Cuando uno analiza los considerandos del primer decreto se habla de dos medidas que no hacen parte de las intervenciones. Está la posibilidad de que entidades que tuviesen una intervención forzosa administrativa, que es diferente a la liquidación, o al programa de recuperación o una restricción específica cuando se genera una medida cautelar no tuvieran traslados de afiliados al interior del sistema.
Es más una claridad sobre una posible vacío en la norma anterior. Lo que buscamos es que a las personas se les garantice su derecho fundamental a la salud, independientemente del régimen de afiliación y teniendo en cuenta que esta es una norma que se aplicaría si se decide aceptar alguna de las solicitudes.
Lea aquí: “Me preocupa el desconocimiento del MinSalud”: ex-Fiduprevisora sobre crisis de los maestros
¿Cuántos pacientes del sistema están hoy en control del Gobierno tras las intervenciones?
Ninguno. La administración de ninguna EPS hacen parte de la administración del Gobierno. Las intervenciones forzosas administrativas para administrar son un cambio de gerencia pero no es una dirección, no hay subordinación, no hay directriz implícita en su actuar por parte de cada uno de estos administradores que son los agentes especiales interventores. Ellos son autónomos en su actuar y continúan siendo vigilados por la Superintendencia. Tienen que entregar planes de mejora para garantizar los errores administrativos. Ningún paciente, pero todos a la vez. Porque la Superintendencia continúa haciendo la vigilancia de los 53 millones de las personas afiliadas al sistema, así como el Gobierno tiene la responsabilidad de girar los recursos a las EPS intervenidas con sus 26 millones de afiliados.
Ya pasaron varios meses de las solicitudes de retiro voluntario de Compensar, y ahora de Sura y Bolívar. ¿Qué decidieron?
No hemos tomado ninguna decisión porque el estudio no ha empezado. La primera comunicación fue eso, una comunicación. Las EPS tienen claro que no pueden enviar solo una comunicación, se tiene que enviar un soporte legal de un cumplimiento de requisitos para poder cumplir con esta solicitud. No es solo una carta de intención lo que la ley exige. Ellos presentaron la solicitud el 04 de mayo y ese mismo día les pedimos los documentos que nos hicieron llegar, pero había unos faltantes. Tienen hasta el 23 de junio para enviarnos los requisitos y entonces nosotros iniciaremos el estudio.
Entonces las decisiones sobre Compensar, Sura y Bolívar se van a tardar...
Sí.
Le recomendamos leer: Así quedó el mapa de EPS: las intervenidas, las que quieren irse y las que quedan
¿Usted se inclina en alguno de estos casos viendo las cifras por no aceptar los retiros?
No puedo inclinarme a tomar ninguna decisión sin conocer el estudio real de cada una de las EPS. No se trata de una opinión ni de una postura política. Es un estudio estadístico que se hacen al interior de la entidad con modelaciones sobre dónde está la población, EPS a las que se podrían afiliar, perfiles epidemiológicos, cargas económicas, proyectos de siniestralidad, pasivos y acreencias, etc. Son muchas las herramientas para analizar.
No estoy queriendo decir que vayamos a decir que no, pero hasta ahora no hemos empezado el estudio de ninguna de las que ha solicitado el retiro. Hasta no tener ese estudio no se puede dar un concepto, más cuando hay muchas que comparten algunos territorios.
Una cosa es cuando Sura y Compensar tienen afiliados en Bogotá, pero una está disponible. Pero si las dos piden retiro hay que hacer una estudio en secuencia. Lo haremos con toda la rigurosidad del caso, buscando que todas las personas sigan teniendo sus servicios y no se vea afectada la salud de nadie.
¿El Gobierno logró hacer el “shu shu shu” del presidente con las EPS?
Lo que estamos viendo es un presidente que sabe analizar muy bien las crisis del sistema, y que tenía muy claro que esta no es la primera. El sistema viene en crisis desde hace mucho tiempo. Hemos tenido tres leyes de punto final en gobiernos anteriores, en los que a pesar del giro de la UPC, que no se ha disminuido en ningún momento; al contrario, se ha aumentado, pues no era suficiente. El sistema de aseguramiento basado en el riesgo financiero no es viable para muchas entidades y es algo que ya se venía viendo.
El Gobierno ya había pagado deudas a pesar de girar sagradamente los recursos de la salud. Si uno ve que eso se repite, y se repite y se repite, y la solución de gobiernos anteriores eran palitos de agua tibia, era decir: venga, yo le pago estas deudas y comencemos de cero, pues es crónica de una muerte anunciada cuando no se adopta una solución de raíz.
Además: “El Gobierno las ha quebrado (a las EPS)”: Uribe tras solicitud de desmonte de Sura
No es una amenaza, es una lectura muy acertada de lo que podría ocurrir con mucha carga de desinformación alrededor. El aumento de la UPC sí se ha dado, el año pasado se dio un 3 % por encima del cálculo original, con un pago de pasivos de presupuestos máximos de inclusive 2021. La voluntad sí ha existido y lo que ahora evidenciamos es que hay unos errores en la administración y la pregunta deberíamos replantearla.
No es pida y pida para un saco sin fondo. Sino, ¿cómo están siendo efectivos en garantizar que los recursos de la salud están siendo bien aplicados? Muchas de las EPS, como evidenciamos, estaban pagando contratos completos y no estaban verificando su ejecución, no estaban implementando medidas que realmente apuntaran a servicios de bajo costo pero de mejor calidad de vida para las personas; se estaba estimulando el alto costo y la enfermedad y se estaba privilegiando unos negocios en el modelo de integración vertical. En un sistema que se basa en la salud como un derecho fundamental, en los recursos públicos con un carácter universal y solidario, eso no debería ocurrir.
¿Es decir que usted luego de todos estos meses no acepta que el Gobierno debió haber subido más la UPC luego de una pandemia cuando se elevaron los servicios de salud en el mundo?
Sería irresponsable de mi parte decir eso porque no compete a la entidad que yo administro hoy, no es fruto del análisis de la Superintendencia la capacidad y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero sí está dentro de mi competencia hacer los diagnósticos.
Si yo digo y encuentro que hay una EPS que le paga a la entidad que distribuye los medicamentos, pero los medicamentos no están siendo distribuidos, y no hago ningún esfuerzo por verificar que los entregue o no y tengo una alta tasa de quejas, pues yo me estoy equivocando en la administración de los recursos públicos.
Si yo lo que hago es pagarle el arriendo y los servicios a las instituciones en donde se prestan los servicios de salud, pues eso es integración vertical, de favorecimientos y negocios que no tienen que ver nada con lo que es la salud. ¿Qué EPS le paga el arriendo y los servicios a un hospital? Eso solo ocurre en nuestro país y ahí hay claramente una mala administración.
Conozca: Grandes descalabros que han marcado durante el Gobierno Petro: Ecopetrol, EPS, financiación de su campaña o Gestión del Riesgo
Si lo que evidenciamos es que hay contratos que no tienen sustento o beneficio para la EPS y no se ven reflejados en una buena prestación, pues hay un claro detrimento a la hora de la administración. Para empezar a hablar de suficiencia, lo primero que hay que ver es si los recursos se están usando en lo que deben usarse.
Le doy un ejemplo. Comfandi, la caja de compensación, tiene el 90 % de acciones de la EPS SOS. El presidente de Comfandi a su vez es el presidente de la junta directiva de la EPS. Este tenía poder de decisión sobre los nombramientos de la aseguradora. Todos sus directivos de primer nivel contratados por Comfandi con precios que a hoy 2024 están muy por encima del mercado y pagándoselos a toda la red sin verificar que estuvieran cumpliendo.
El 75 % de esos contratos tenían un desempeño muy bajo. Se les pagaba para que hicieran labores en promoción, prevención, vacunación. No las hacían, pero se les pagaba sagradamente. Cuando uno evidencia eso, yo creo que hablar de suficiencia es miope.
Usted ha dicho que en Nueva EPS encontraron cinco billones de pesos de deudas de administraciones anteriores que no se pagaron. ¿Cuál es la realidad de esa acusación?
En Nueva EPS encontramos una junta directiva que este año decidió no aprobar los estados financieros porque la firma que hacía la revisoría fiscal tampoco los iba a probar. Empezaron a escudriñar un poco más allá qué era lo que estaba pasando porque la información no era confiable. Una vez se genera la intervención logra la Superintendencia tener unos datos muy diferentes a los que se venían reportando. Se encontró una práctica que en contabilidad se llama “jineteo de cuentas”.
Y es que cuando se va a cerrar el presupuesto y hay unas cuentas que no dan para cuadrar el balance financiero, entones no las meto este año sino el siguiente y empiezo con un déficit fiscal y presupuestal de lo que va a ser la ejecución del año siguiente.
Eso se permitió y se permitió hasta que se convirtió en una bola de nieve que llega hasta los cinco billones de pesos de déficit inicial que hacen parte de cuentas y facturas que se estaban atrasando en pagos, ocultando o pasando para el año siguiente por lo menos desde el 2019, pero puede ir mucho más atrás.
Por eso la Fiscalía General tiene abierto un proceso dentro de la entidad y está buscando la responsabilidad de quién encubrió cifras que son determinantes para el sistema de salud y también en hallar cómo se garantizaba que todos los actores del sistema tuvieran una participación económica si estaban prestando servicios de salud.
Hay que analizar con un poco más de detalle a quiénes se les estaba pagando, a quiénes no, por qué se ocultaron cifras, los sobrecostos de los contratos, etc. Los costos en atención médica entre 2022 y 2023 en la misma Nueva EPS se aumentaron a 58 %. Celebro que la Fiscalía esté metida en esa investigación porque el país tiene que conocer la verdad.
Siga viendo: EPS Sura dejará otro hueco en el negocio de salud luego de 3 décadas de operaciones
¿Nueva EPS ocultó facturas y registró costos por encima de los reales?
Eso es lo que el agente interventor ha encontrado y lo que está investigando la Fiscalía.
El presidente dijo que la responsabilidad de lo que pasó en Nueva EPS fue de Enrique Vargas Lleras. ¿Eso es cierto?
Yo no soy quién para juzgar la responsabilidad de ninguna persona. He conocido una carta del señor Enrique Vargas y otras personas que hacen parte de la junta directiva pidiendo que me rectifique. No tengo nada que rectificar, hay una responsabilidad y unas funciones de las juntas directivas. No soy el encargado, jamás he señalado a nadie, pero existe una cosa que se llama negligencia por omisión y los hallazgos son sumamente graves. No se explica la falta de revisión de los estados financieros de la junta directiva. Ahí tendrá que haber investigaciones.
¿Y usted sabe entonces quién le dio esa información al presidente de la República?
No, lo desconozco.
¿Cómo va la medida cautelar frente al desastre del cambio de modelo de la Fiduprevisora para los maestros que ellos mismos señalan?
Hay unos plazos y unos términos para el cumplimiento de unas órdenes para garantizar la contratación y eliminar las barreras de acceso dentro del sistema. Los tiempos no fueron cumplidos de una manera adecuada y ahora hay un traslado a la delegada de investigaciones administrativas para determinar si hay o no lugar a una sanción por esos incumplimientos.
Siga leyendo: Nueva EPS en alerta por deudas a hospitales y posible cierre de servicios
