La FLIP reveló un análisis de contratación de los influencers que han sido seleccionados por entidades del Estado para asesorar en comunicaciones al Gobierno. Los contratos son por más de $660 millones y se encuentran principalmente en Presidencia y RTVC. La publicación desató una secuencia de críticas de los influencers contra los medios de comunicación masivos.
Walter Rodríguez, conocido como Wally en sus videos de YouTube (tiene un contrato de contenidos en RTVC por más de $45 millones), le dijo al director de Blu Radio, Néstor Morales, que no existen influencers a los que les paguen por sus opiniones libres en sus redes sociales.
Sin embargo, EL COLOMBIANO investigó la historia de uno de esos contratos que podría tener serios cuestionamientos éticos y de conflicto de interés, especialmente para la Superintendencia de Servicios Públicos. El contrato es con la periodista y profesional en Relaciones Internacionales Laura Camila Vargas, quien es reconocida en redes sociales por hacer videos en Instagram y Tik Tok y quien hizo varias entrevistas al presidente Gustavo Petro.
Es por un total de $46.809.089 por ocho pagos acordados de más de $8 millones al mes. Se firmó bajo la modalidad de contratación directa y su objeto es el siguiente: “Prestar servicios profesionales como Comunicadora Social y/o Periodista para fortalecer la divulgación hacia la ciudadanía, mediante la generación de campañas y contenidos informativos, pedagógicos y especializados digitales, que faciliten la comprensión y apropiación sobre la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.”
Aunque el contrato no es claro en señalar qué tipo de contenidos son los que deben producirse, sí deja un vacío sobre en qué canales deben ser comunicados y no detalla que en cualquier caso dichos productos puedan realizarse en las redes sociales personales de los contratistas.
Se lee en los detalles del contrato: “a. Elaborar contenidos informativos, pedagógicos y especializados digitales, que faciliten la comprensión y apropiación sobre la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. b. Apoyar la generación y desarrollo de campañas mediante diversos canales digitales de comunicación, con el fin de ampliar la divulgación y pedagogía dirigida a la opinión pública. c. Redactar contenidos para redes sociales y otros canales de comunicación digital. d. Proponer acciones encaminadas a fortalecer la estrategia digital de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. e. Realizar las demás tareas que le sean asignadas por el supervisor del contrato y estén relacionadas con el objeto del contrato”.
El superintendente de Servicios Públicos es Dagoberto Quiroga, un abogado cercano al Presidente que ha sido mencionado en las indagaciones por las cuentas de la campaña, porque fue el representante legal de Colombia Humana durante 2021 y el responsable de los $500 millones que Fecode afirmó haber entregado directamente a la campaña Petro, pero que supuestamente iban a las arcas del partido.
El contexto más importante de Quiroga hoy es una reforma a la ley de servicios públicos que busca, según sus propias palabras, que los usuarios puedan tener precios más justos y más equilibrados en los servicios que utilizan. Eso ha sido particularmente un caballo de batalla para el Presidente en el precio de la energía. Vargas publicó un video en las últimas semanas en el que habla con el detalle de quien lleva años entendiendo los temas de las fórmulas de energía cuestionando a las electrificadoras y las empresas del sector por los precios que reciben los usuarios finales en sus recibos. El video fue publicado directamente en su cuenta de Instagram, pero nunca le advirtió a su audiencia del contrato con la Superintendencia.
“Inhumano es tener que elegir entre hacer mercado o pagar la luz”, dice la descripción del video en sus redes sociales. El contenido inicia con otra dura crítica a la empresa Air-e que tiene a su cargo la prestación del servicio en el Atlántico y otros departamentos de la Costa. “A parte de tener que elegir entre hacer mercado o pagar la luz, las familias de la Costa tuvieron que enfrentarse el mes pasado a cortes programados por la empresa Aire. Imagínate tu vivir en tremendo calor y no tener cómo prender un ventilador. Inhumano”, señala la periodista.
Luego, hace una compleja explicación de los periodos de continuidad y los decretos que regulan las pérdidas y el recaudo por la energía. “Lo que hemos visto acá es que en una lógica empresarial para evitar pérdidas se terminan vulnerando los derechos básicos de las personas”, agrega.
El video concluye con varios reconocimientos a la Superintendencia y a Quiroga por hacer un acuerdo con las empresas para el congelamiento de deudas y un plan de pagos. “La Superservicios ha estado revisando el régimen existente para que las tarifas beneficien a los usuarios y no a las empresas”, señala. En ningún momento hay una advertencia en el video de que se trata de contenido pago, o de que se realizó con el acceso a información de una entidad pública, que además vigila el sector y a los actores mencionados en el contenido.
Este ha sido uno de los temas trascendentales para el Presidente, que incluso ha regañado públicamente al ministro de Energía, Andrés Camacho, por no lograr en su momento que los precios bajaran. Petro ha lanzado dardos contra Air-e y las otras empresas del sector en un tono incluso amenazante para un asunto que es complejo por la falta de pagos de muchos usuarios en la Costa y las fórmulas que establecen los precios en una cadena de actores en la que intervienen las generadoras, electrificadas y los distribuidores.
Este contrato y los contenidos publicados en las redes personales de una de las influencers cercanas al Gobierno prueban, contrario a la afirmación de Wally, que sí hay una estrategia de contratar a realizadores de contenidos para crear una narrativa que pueda tener un impacto no solo en las audiencias, sino incluso en las contrapartes del Gobierno para temas clave, en este caso el de la energía.
Que los influencers no aclaren en sus redes sociales cuál contenido es pago y cuál no es una falta ética y de transparencia con el acceso a la información. Pero más grave aún es que una Superintendencia, encargada de vigilar y sancionar a actores determinados en uno de los sectores más importantes del país, utilice la información de su entidad para crear estrategias de ataque a sus vigilados, con quienes debería mantener una actitud imparcial y limitada a los hechos y las indagaciones técnicas.
Tres fuentes dentro de la entidad le aseguraron a EL COLOMBIANO que estas piezas audiovisuales fueron elaboradas en el libreto inicial y aprobadas por el nuevo jefe de comunicaciones de la Superintendencia, Fabio Rodríguez.
Este diario buscó la versión de Vargas y de Rodríguez. Esta fue su respuesta:
“Yo estoy asesorando a la SuperIntendencia en temas de comunicaciones, campañas digitales, redes sociales, pedagogía, creación de videos (...) tengo más de 8 años de experiencia, he trabajado en medios como Última Hora Colombia, El Tiempo, Keep Up”, dijo Laura Camila Vargas. “Tengo dos carreras, periodismo y relaciones internacionales; y una maestría en Marketing Digital, (de ahí vienen los honorarios)”, agregó.
Rodríguez confirmó lo que dijo Vargas: “Laura está en la Superintendencia hace poco tiempo y las funciones de su contrato se relacionan con la asesoría en comunicaciones, manejo de redes y creación de contenido, pero nada tiene que ver lo que ella haga o publique en sus redes personales. Ella tiene total autonomía para crear su contenido, sin ser parte de su contrato”, dice.
