El Consejo de Estado admitió este lunes una tutela contra el presidente Gustavo Petro, presentada por Stefan Bravo Martínez, representante de la veeduría ciudadana “Antioqueños por Colombia - Abogados por la Verdad”, debido a una supuesta vulneración de derechos fundamentales tras las declaraciones del mandatario sobre la compra del software espía Pegasus.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado vinculó también a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa en el proceso.
Según la orden del alto tribunal, el presidente Petro tiene un plazo de dos días para rendir un informe sobre los hechos mencionados en su alocución del pasado 4 de septiembre, en la que denunció la supuesta compra del software durante el gobierno de Iván Duque.
Bravo Martínez aseguró que el presidente vulneró derechos fundamentales “a la vida, a la libertad de expresión, a recibir información veraz e imparcial, y a la honra”, al haber revelado información confidencial sin pruebas concluyentes sobre la adquisición de Pegasus a Israel.
Según el accionante, estas declaraciones han afectado la honra de quienes se encuentran mencionados de manera implícita en la denuncia pública de Petro.
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En su alocución, el presidente Petro afirmó que altos funcionarios del gobierno anterior habrían utilizado recursos “oscuros” para comprar el software espía con el fin de vigilar a ciudadanos que protestaban y, posiblemente, para espiar a su partido de oposición. “Quizás grabaron por meses las reuniones del principal partido de oposición: el mío”, señaló el jefe de Estado.
