Sneyder Pinilla podría convertirse en el testigo del escándalo más grande hasta ahora del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Su cargo era el de subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). Pinilla estuvo al frente de la entidad siendo la mano derecha del exdirector Olmedo López y salió en medio del escándalo de los carrotanques, en el que se compró a una empresa 40 de estos vehículos por más de 46.000 millones de pesos en una extraña licitación.
Los carrotanques se quedaron varados por semanas en La Guajira, a donde tenían que prestarle el servicio de agua potable a la población indígena en condición de vulnerabilidad. Pero pronto empezaron a haber irregularidades notorias. Los carrotanques eran muy pesados para el terreno, por lo que no podían avanzar; no se planificó de dónde iban a sacar el agua, por lo tanto la entidad entró en conflicto con la población de la Uribia. Y, lo más grave de todo, hubo aparentemente unos onerosos sobrecostos no explicados en el contrato inicial. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión de prescindir de Olmedo López, pero este hace unos días dijo que tenía cosas que contar sobre la entidad y habló del papel del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien estuvo dirigiendo la UNGRD en encargo antes de López.
El papel de Gustavo Moreno
La historia tuvo un punto de giro en las últimas horas con los documentos que conoció EL COLOMBIANO, en donde se detalla lo que estaría dispuesto a contar Sneyder Pinilla. La persona que lo representa es paradójicamente Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción que fue condenado por el escándalo del cartel de la toga, pero que ya pagó su condena tras una colaboración con la justicia. Moreno fue detenido en Miami cuando recibía un soborno del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons -quien cooperaba con agencias americanas- para que se archivara una investigación en su contra por el cartel de la hemofilia. Con su captura, se descubrió el laberinto de corrupción que involucró a magistrados de la Corte por componer una red de corrupción que pedía dinero a cambio de archivar o dejar morir procesos contra aforados.
Con ese antecedente, ahora Moreno (en libertad desde 2022) trata de acercar a su cliente a la Fiscalía para conseguir un principio de oportunidad que busca tener la condición de inmunidad total. La matriz de colaboración que Moreno le envió a la fiscal del caso señala públicamente cinco nombres pero se guarda algunos. “De la manera más atenta me permito por medio del presente escrito aportar matriz de colaboración para el trámite del principio de oportunidad solicitado, que tratará temas concernientes a las siguientes personas: Presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez; presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas; exdirector Olmedo López Martínez; exsubdirector Víctor Andrés Meza; subdirector Luis Carlos Barreto Gantiva”, dice el documento conocido por este diario.
Sin embargo, la información no para ahí. Este diario conoció que hay más nombres que no han sido revelados hasta ahora y de los cuáles Pinilla tendría evidencias para hacer delaciones puntuales a la Fiscalía. Se habla del ministro Luis Fernando Velasco y de personas del primer círculo del presidente en Palacio.
La versión de Moreno es que los enemigos son tan peligrosos que su cliente requiere protección para él y su familia e inmunidad total. Lo más urgente es una medida de protección para Pinilla con el fin de que pueda entregar esta información con certeza y seguridad. Incluso el exsubdirector de la UNGRD estaría dispuesto a regresar dinero que pudo haber sido obtenido de manera ilegal. “Depende de la Fiscalía que se avance porque no nos han dicho hasta ahora cuáles son los términos de la negociación. La Fiscalía pretende que él de la información y después se acuerda si funciona o no el principio. Los términos de la negociación deben ser antes”, dijo una fuente relacionada con Pinilla a este diario.
Tras semejante descubrimiento, el presidente del Congreso Iván Name, publicó un comunicado señalando que espera cuanto antes que Sneyder Pinilla declare a la Fiscalía para interponer las denuncias que correspondan en su contra. Andrés Calle dijo que no comentaría sobre ese documento hasta conocer su veracidad. Gestión del Riesgo es una entidad que tiene la particularidad de operar bajo el principio de contratación privada para muchas licitaciones, por lo que los términos de sus contratos no son completamente abiertos.
Otro hecho que también desató una controversia y que reveló este periódico, tuvo que ver con la secuencia de contratos a amigos y familiares del hijo del presidente, Nicolás Petro, que tenían millonarias asignaciones en la administración de López en la modalidad de órdenes de prestación de servicios. Allí estaba josé Ignacio Llinás López, amigo personal de Nicolás, y hermano del actual director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), con un contrato de diecinueve millones de pesos al mes. También aparece el administrador de empresas Javier Mauricio Padilla Vergara que tenía un contrato por doce millones al mes, y hace parte del grupo de más confianza de Petro Burgos en Barranquilla. López contestó en su momento que él conocía a estas personas antes de llegar a la UNGRD.
Lo que viene
El escenario es complejo para el Gobierno por una razón y es que cualquier nueva información sobre un escándalo más de corrupción debilitaría la imagen del mandatario en la opinión pública. Hoy se recuerda el caso de su hijo Nicolás y Day Vásquez, los audios de Laura Sarabia y Armando Benedetti, el polígrafo a Marelbys Meza y los contratos para las empresas de Euclides Torres. Si la información de Pinilla tiene evidencias e involucra a personas más cercanas a Petro, este sería el escándalo más duro de corrupción en su administración.
