En el departamento de La Guajira los niños y niñas siguen muriendo de hambre. En este árido y saqueado territorio los menores de edad padecen una de las muertes más dolorosas según los expertos.
Cientos de familias siguen siendo condenadas a ver como sus niños caen ante el mortal abandono del Estado que supo convertir la tragedia en el único pan del día. “Cuando vi que mi hija de apenas 15 meses empezó a vomitar y a tener diarrea supe lo que pasaría, se quedó calvita y amarilla, no tenía aliento ni para llorar, igual le pasó a mi hijo cuando tenía 1 año. Los dos murieron por desnutrición”, cuenta con resignación una wayúu que un día fue madre.
Antes de la muerte por desnutrición el cuerpo y cerebro enfrentan intensas y dolorosas transformaciones. Una prolongada fatiga hasta el colapso, lo que para La Guajira es un cóctel letal de abandono, corrupción y desigualdad, hoy más paisaje que problemática.
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Hace apenas unas semanas atrás, en Riohacha murió un bebé de dos meses a causa de desnutrición severa. A esta tragedia se le suman las quejas relacionadas con la inoperancia y falta de cobertura de los programas para la primera infancia.
En todo caso; lo cierto es que la desnutrición es provocada por múltiples factores entre los que se destacan la extrema pobreza y la falta de agua potable. Por eso fallecieron los hijos de la mujer wayúu, nunca tuvieron más de dos comidas al día y bebían agua de un pozo contaminado.
Por más escandaloso que resulte, lo grave es que esta situación sigue ocurriendo en la desértica península colombiana. Según la Defensoría del Pueblo entre enero y junio de este año, 22 menores de edad, ninguno mayor de cinco años, murieron por causas asociadas a la desnutrición. En todo el país ocurrieron 127 muertes de niños por física hambre.
Advierte el organismo, que La Guajira es el departamento con el mayor número de decesos a escala nacional, respondiendo a un patrón fatal y muy padecido en los últimos tiempos.
“Se están exponiendo a diferentes problemáticas que no solo vulneran sus derechos, sino que ponen en riesgo su vida”, alertó el Defensor del Pueblo, Luis Balanta Mina.
Según un informe del Instituto Nacional de Salud el 79,2% de los niños muertos tenían apenas un año, lo cual supone un impacto en el indicador de esperanza de vida al nacer.
Por eso, ante la falta de soluciones reales que garanticen la vida, en las comunidades invocan a los dioses para que a punta de hierbas y brebajes expulsen el espíritu que provoca el vómito y la diarrea antes del anunciado deceso.
“Yo a los niños no les exijo en las clases, cuando los veo dormidos y les pregunto si prestaron atención siempre responden que tienen hambre”, cuenta una maestra desde un improvisado salón de clases en el municipio de Uribia.
Lamenta el Defensor que pese a los insistentes llamados a las autoridades para que atiendan con efectividad lo que sucede, en La Guajira aún no haya soluciones y en cambio aumenten las muertes.
“Es muy triste que esa zona siga siendo la segunda entidad territorial con el mayor número de muertes por enfermedades diarreicas agudas en niñas y niños menores de cinco años, con 19 de las 99 reportadas en todo el territorio nacional”.
La Guajira es además el segundo departamento del país con más muertes por infecciones respiratorias en menores de edad, 17 de las 206 reportadas en el país. Por eso, dice el funcionario que “es urgente que las autoridades locales y nacionales implementen planes y acciones que permitan garantizar una alimentación adecuada para las niñas y los niños de La Guajira y mejorar sus condiciones de vida”.
Combatir el hambre en este territorio fue una de las banderas en campaña del presidente, Gustavo Petro. Pero para diciembre de 2022 ya reconocía su fracaso.
“El hecho que yo venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando. Si fuéramos bien, pues no venía tanto, pero estamos fallando”, dijo el jefe de Estado cuando lanzó el Plan de Abastecimiento de Agua Potable para ese departamento.
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Lo paradójico es que mientras los niños y las familias no tienen para comer y mueren por deshidratación, los funcionarios siguen aprovechándose de la vulnerabilidad de estas comunidades saqueando sus recursos como pasó en el escándalo por la compra de carrotanques.
Una iniciativa que ilusionó a los que mueren de hambre y sed, con la llegada de agua potable. Eso no pasó, en vez de repartir agua, se repartieron el dinero. Un esperpento de corrupción planeado por los exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López y Sneyder Pinilla, en el que participaron políticos y otros funcionarios del Gobierno Petro. Por estos hechos las autoridades avanzan en las investigaciones.
