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CIDH admite demanda de Sigifredo López por montaje judicial de la Fiscalía

La Comisión otorgó 30 días al canciller Luis Gilberto Murillo para que se pronuncie sobre este caso. La defensa del exdiputado pretende llegar a una solución amistosa.

  • Sigifredo López fue uno de los 12 diputados del Valle secuestrados por las FARC en 2002. FOTO COLPRENSA
    Sigifredo López fue uno de los 12 diputados del Valle secuestrados por las FARC en 2002. FOTO COLPRENSA
30 de mayo de 2024
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Sigifredo López –el exdiputado del Valle que estuvo secuestrado por las FARC y que luego fue retenido por cuenta de un montaje judicial– instauró una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) que ya fue admitida. El exfuncionario pretende llegar a una solución amistosa con el Estado colombiano.

Es que al exdiputado lo señalaron de haber colaborado con la guerrilla en el secuestro de los otros 11 diputados en abril del 2002. Fue capturado y estuvo preso varios meses por cuenta de unas acusaciones que provenían de falsos testigos.

Lea más: La JEP imputó a responsables del secuestro de los diputados del Valle en 2002

Este 29 de abril se conoció que la CIDH admitió la demanda que presentó la Fundación Defensa de Inocentes, presidida por el abogado Juan Camilo Sanclemente. La Comisión otorgó un mes para que el canciller, Luis Gilberto Murillo se pronuncie sobre estos hechos.

“Este es un precedente que se debe marcar en cuanto a esas personas que son doblemente revictimizadas. En este caso fueron las Farc y después el Estado con un montaje judicial. Este es un proceso que no debe quedar en impunidad, teniendo en cuenta que los falsos testigos aceptaron su responsabilidad y los funcionarios implicados en el proceso, extrañamente, quedaron absueltos”, señaló Sanclemente en diálogo con EL COLOMBIANO.

Entérese: ¿ExFarc están dispuestos a ir a juicio por el delito de esclavitud?

El exdiputado ha insistido en que la Fiscalía General lo revictimizó al acusarlo de participar en el hecho por el cual estuvo secuestrado siete años. La víctima asegura que la entidad causó un daño material y moral en su contra y la de su familia.

El abogado Sanclemente explicó que, para evitar un juicio, la defensa eligió tramitar el proceso mediante el mecanismo de “solución amistosa”.

El Estado colombiano, ahora, deberá definir si tiene interés conciliatorio en este caso. Si eso no ocurre, el proceso continuaría su tránsito en la CIDH y después esa Comisión pasaría el informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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