Después de un año convulsionado en Barrancabermeja, Santander, el 2 de julio de 2017 sus habitantes fueron a las urnas para decidir si revocaban o no a su alcalde, Darío Echeverri. El ganador fue el “Sí” con 15.347 votos, sin embargo, al no alcanzar el umbral requerido, por poco más de 1.000 votos, el mandatario local pudo mantener su cargo.
Siete meses después de salvarse de ser el primer alcalde revocado por vía popular, la Fiscalía capturó a Echeverri la semana pasada, acusado de boicotear la jornada en la que los ciudadanos debían salir a las urnas a votar.
Según la acusación, el mandatario utilizó su poder para impedir que la gente votara y se alcanzara el umbral. Para ello, realizó eventos de carácter religioso, sancochos y bingos populares para ocupar a los sufragantes el día de la revocatoria, generó campañas de desinformación y prohibición del parrillero hombre en moto en un municipio donde la mayoría de sus habitantes se mueve en estos vehículos.
Además, “realizó una persecución laboral a quienes estaban a favor de la revocatoria hasta el punto de inducir al despido de 100 integrantes de un sindicato de trabajadores”, aseguró el fiscal encargado de la imputación de cargos.
Más allá de las conductas punibles de Echeverri, en este último año se marcó un récord en el número de campañas de revocatorias para alcaldes, la decisión de la Fiscalía se vuelve un campanazo de alerta para los alcaldes que han echado mano de la maquinaria que ostentan con su cargo para desalentar estos procesos.
Acorde con las cifras de la Registraduría, en 2017 se radicaron 143 iniciativas de revocatoria de mandato para alcaldes de 113 municipios (en algunos de ellos, se presentaron varias campañas), de las cuales, seis se hundieron por razones técnicas y 12 se realizaron. Ninguna superó el umbral.
Al preguntarle a la Misión de Observación Electoral, MOE, reportaron que de 12 municipios en donde prosperó la revocatoria, en nueve de ellos registraron posibles irregularidades el día de la votación.
De hecho, las denuncias sobre Barrancabermeja sirvieron de sustento para la acusación de la Fiscalía.
La mayoría de reportes hablan de la participación indebida de contratistas y funcionarios de las respectivas administraciones, metidos en campañas de abstención y disposiciones municipales para torpedear la jornada.
Así las cosas, de prosperar el caso contra Echeverri, dictaría un precedente para este tipo de comportamientos que se realizan en todo el país.
