“Las víctimas hemos estado en una larga espera. Algunos llevan hasta 50 años esperando la restitución de tierras. Nuestra calidad de vida empeora. Tenemos problemas psicosociales, físicos y de salud mental. Todo, a la espera de que un juez nos dé una sentencia. Pero ha sido muy demorado. Como víctimas no vemos que seamos prioridad. Estamos sufriendo mucho”.
Quien habla –en medio de la indignación y la entereza–, es Viviana Ruiz. Su historia aglutina los horrores del conflicto: fue víctima de desplazamiento; su esposo y un hermano fueron desaparecidos forzosamente y, por si fuera poco, fue agredida sexualmente. Sin embargo, conserva el brío para reclamar y exigir justicia. “Uno recupera fuerza en medio del dolor para ayudar a todas estas víctimas”.
Hoy, como representante legal de una asociación de víctimas y campesinos en Antioquia, insiste en que el Estado cumpla la deuda con las víctimas del conflicto y avance en devolverles lo que les fue arrebatado a sangre y fuego: sus tierras. Su preocupación no es menor.
Si bien han pasado 13 años desde que el Congreso aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) –que contempla un capítulo para restituir y formalizar la tierra de víctimas de despojo y abandono por cuenta del conflicto–, apenas se han resuelto poco más de 15.000 casos. Es decir, un ínfimo 4,9 % de la meta fijada por el Estado: restituir a 300.000 familias.
Tan crítica es la situación que ese capítulo de la ley tuvo que ser prorrogado otros 10 años. “Si seguimos a este paso, nos demoraríamos 169 años más en atender a todas las víctimas”, explica Ilham Can, investigador de la Fundación Forjando Futuros, que asesora y representa judicialmente a víctimas en los procesos de reclamación para la restitución.
Hoy la organización reconoce que con la llegada del gobierno de Gustavo Petro y su impulso a la ley se lograron aumentar un 21 % las sentencias de casos de etapa judicial: se pasó de 1.391 casos en 2022 a 1.689. Sin embargo, alertan que “con Petro la restitución de tierras sigue siendo insuficiente”.
Por ello, hoy las esperanzas están puestas en un proyecto de ley que busca agilizar la restitución dotando de facultades a la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que sea ese organismo y, no un tribunal, el que excepcionalmente decida procesos. Eso sí, solo en casos en los que en el reclamo no estén involucrados terceros, ni se identifiquen propietarios u ocupantes distintos al solicitante.
“De los casos que están en fase judicial –cuyos despachos están sobrecargados–, el 70 % no tiene oposición. Es decir, no hay otra persona que esté reclamando el predio fuera de la víctima. No hay ninguna controversia judicial. Estos casos podrían ser restituidos sin intervención de un juez”, agrega el investigador Can.
Inclusive, Forjando Futuros calcula que apenas 1 % de los casos que llegan a fase judicial cumplen con el término de 120 días para que un juez falle el caso. En contraste, 87 % superan los 360 días. Ello indica que hay 19.711 casos estancados.
Aunque la iniciativa legislativa fue aprobada en primer debate en mayo de este año en la Comisión Primera de la Cámara, pasados 6 meses no se ha surtido el segundo debate y hoy sus promotores están a la espera de una audiencia pública que solicitaron los ponentes. Es decir, persisten las largas, tanto en el Congreso como en los estrados.
