Entre la incertidumbre y la negligencia se mueve la misión de rehacer la línea de protección del páramo de Santurbán, ubicado entre Santander y Norte de Santander, cuya fecha límite vencerá el 16 de julio.
Este día se cumplirán los ocho meses de prórroga dados por la Corte Constitucional al Gobierno Nacional, que debía entregar el 10 de noviembre de 2018 una nueva delimitación del páramo en la que se garantizara la participación de todas las poblaciones afectadas, entre ellas las de Bucaramanga, ciudad que recibe el agua de los nacimientos acuíferos de esta zona.
El alto tribunal consideró en ese momento que el primer proceso de elaboración de una línea de protección dejó afuera las consideraciones de todos los interesados en el destino del páramo, advirtiendo que esta definición de actores no puede realizarse tomando solo parámetros geográficos.
Sin embargo, tanto accionantes como la comunidad han percibido desinterés en la tarea, sumado a que, entrada la época prelectoral en camino a las elecciones regionales en octubre de 2019, el discurso político ha empezado a permear la tarea técnica sobre este asunto que es ambiental y social.
De cualquier forma, hace un par de semanas el Ministerio del Medio Ambiente retomó los acercamientos con la comunidad, que llevaban congelados desde abril de 2018, cuando se realizó la última mesa de concertación del gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, entre los actores de este conflicto perciben que la prisa para retomar el proceso no se debe siquiera a que el plazo máximo para cumplir la orden de la Corte Constitucional de rehacer el proceso de delimitación se venza en julio, sino por el incidente de desacato que abrió el pasado 20 de marzo el Tribunal Administrativo de Santander contra el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.
Según la determinación judicial, el jefe de la cartera ambiental no ha logrado avances significativos en el cumplimiento de la orden del alto tribunal constitucional desde su llegada al cargo el 7 de agosto.
Así fue consignado en los informes entregados por los accionantes de la tutela a la Corte Constitucional y al Tribunal Administrativo de Santander.
Dos visiones
En diálogo con uno de ellos, Erwin Rodríguez-Salah, le confesó a EL COLOMBIANO que “así como van las cosas, existe un serio indicio de que el resultado final no va a variar mucho de la delimitación original, conocida en 2014”.
Agregó que la principal sospecha reside en que los accionantes no se han sentido involucrados de forma mayor a como se realizó el proceso original y esto es justamente el derecho que reivindicó la Corte Constitucional cuando ordenó al Gobierno Nacional rehacer todo el proceso.
No obstante, el ministro Lozano se defiende argumentando que han continuado las concertaciones con comunidades de los municipios de Vetas y Tona en Santander, y Salazar en Norte de Santander. “No vamos a sacar a nadie de la jurisdicción del páramo, todo lo contrario, lo que haremos es construir con las comunidades todo el proceso de consulta para poder tener por fin delimitado ese ecosistema estratégico”, dijo Lozano.
Subrayó que este no es un proceso de socialización sino de participación amplio “efectivo y democrático, en que se busca llegar a acuerdo con comunidades y lograr una adecuada transición hacia actividades sostenibles”.
En contexto
Para entender lo que pasa en Santurbán, es clave recordar que la primera delimitación contempló una zona protegida de 98 mil hectáreas que constituye el 76 % del total de la zona definida como páramo. En el área restante se permiten hacer proyectos mineros y agricultores limitados, siempre que cumplan con criterios de sostenibilidad.
Mientras que los comités de defensa del agua han advertido que el páramo no se puede fraccionar y que la protección debe empezar desde la altura de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga, en los municipios de páramo han abogado por una solución menos drástica, puesto que desde hace más de cinco años el desempleo ronda el 90 % y los brotes de minería ilegal se han vuelto un foco de atención.
Comunidades enfrentadas
Conforme han corrido los meses, las disputas de antaño entre las comunidades del páramo y los comités de defensa del agua en Bucaramanga han aumentado mientras se terminan los días para conocer la nueva delimitación.
Ivonne González, representante de la Veeduría Dignidad Minera, denunció que, en una reunión reciente en la CAR, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, resultó agredida por quienes, aparentemente, se identificaron como miembros de comités de defensa del agua. “Se está acercando la época electoral y volvimos a la misma situación de cada cuatro años: llegan politiqueros de Bucaramanga a aprovecharse de la situación que estamos viviendo, cuando somos los paramuros los que sufrimos y hemos sido estigmatizados”, relató.
Según relató González, de no haber mayores turbulencias, en mayo se podría realizar la jornada de concertación con las personas que han llevado propuestas al Gobierno Nacional para la vinculación de las comunidades en la protección de Santurbán.
Por eso, sostuvo que la tutela, si bien ha servido para que se tomen en cuenta las posiciones de las comunidades ancestrales, también ha causado que se eleven al máximo las tensiones con los interesados en Bucaramanga.
“La Corte ha sido clara en que los accionantes no han demostrado que se esté violando al derecho al agua y al ambiente sano, sino que no hubo concertación. Eso nos dio la oportunidad de tener voz, pero no significa que estemos todos en la misma línea de pensamiento”, manifestó.
¿Y las mineras?
En paralelo al escenario recién descrito, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, anunció una visita de evaluación al proyecto minero que encabeza la multinacional Minesa en zona de páramo del municipio de California, Santander.
La última semana de marzo, la Anla, acompañada de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, habían realizado una primera visita sobre la zona minera, que se enmarca en la solicitud realizada el 17 de enero por Minesa para obtener la licencia ambiental para la explotación de la zona.
“Ya inicia el proceso de evaluación y está listo el equipo designado que realiza la visita”, fue la promesa de Rodrigo Suárez Castaño, director de la Anla, al término de su visita a California.
Esta visita ha llamado la atención de los representantes de las sociedades mineras de la zona, que han pedido evaluar sin sesgos políticos la solicitud de Minesa, recordando que estos pueblos han vivido desde hace cientos de años de la explotación de la tierra y las mineras han sido una fuente económica para ellos.
Vale recordar que, si bien Minesa constituyó su proyecto por fuera de la línea de protección, ambientalistas han destacado que cualquier afectación a la montaña, así sea desde afuera de la delimitación, sería devastadora para los nacimientos de agua.
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municipios hacen parte del área de influencia del páramo de Santurbán.
