La decisión que tome una juez de Garantías de Bogotá podría marcar el camino que les espera a los otros servidores públicos involucrados.
Todo está listo para que una juez de Bogotá decida si envía o no a prisión a Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, señalada por presuntamente haber hecho parte de una empresa criminal que desvió recursos públicos a través de contratos fraudulentos.
Previamente, la exfuncionaria fue imputada por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Ortiz no se allanó a los cargos y se declaró inocente.
El proceso penal se fundamenta en las declaraciones de Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quienes admitieron su responsabilidad en el entramado y actualmente están cooperando con el ente acusador para obtener beneficios jurídicos.
Según sus testimonios, la UNGRD fue usada por el Gobierno para repartir coimas a congresistas, con el propósito de que aprobaran las iniciativas de la Casa de Nariño que cursan en el Legislativo.
“La exconsejera presidencial para las regiones utilizó las influencias de su cargo en provecho del senador Iván Name (...) para que Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato que se estaba ejecutando en el Atlántico”, señaló la fiscal del caso.
El dinero para los sobornos salía de los contratos que ejecutaba la entidad, y que terminaban desviándose a los bolsillos de los legisladores.
En ese momento (2023), Ortiz fungía como consejera presidencial para las Regiones, un cargo cercano al presidente Gustavo Petro.
Según la Fiscalía, ella “habría recibido, transportado y entregado al expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, $3.000 millones de pesos que tendrían origen ilícito”.
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La diligencia de este miércoles inició a las 9:00 de la mañana.
