La excontralora General de la República, Sandra Morelli Rico, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por irregularidades en la contratación del arriendo de siete pisos del edificio del centro comercial Gran Estación II, en el occidente de Bogotá, para la nueva sede de la entidad.
En audiencia preparatoria, Morelli no aceptó los delitos de celebración de contratos sin el lleno de requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros.
La Fiscalía General acusó a Morelli por esos delitos y considero que actuó de manera caprichosa, caótica e indolente a la hora de conseguir el arriendo y dijo que la exfuncionaria tenía la decisión caprichosa de cambiar la sede, sin que fuera necesario, y para ello burló conscientemente la Ley.
“(...) impulsó, dirigió y definió una caótica estrategia administrativa que a cualquier costo le permitiera acceder a una nueva sede con total indolencia para los recursos públicos”, dijo el fiscal del caso en su momento.
Esto -agregó el ante acusador- habría significado un detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos derivados del pago del arriendo de la nueva sede del organismo de control fiscal, tendiendo en cuenta entre otros que la Contraloría pagó 5377 millones de pesos durante un mes en el que no fue ocupado el inmueble, por trabajos de mantenimiento.
En específico, se trata de los contratos 233 y 234 firmados con la sociedad Proyectos y Desarrollos S.A., de manera directa, sin elaboración de estudios técnicos ni de precios con lo que Morelli habría violado los principios de plantación y economía.
